Mas abre la puerta a que la consulta soberanista no tenga validez jurídica

Cambio de rumbo, ante la situación de crisis. La Generalitat se ha quedado sin opciones, en un callejón sin salida, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido, de forma cautelar, el cobro del euro por receta. No se trata únicamente de la medida en concreto, sino de la percepción de que el Gobierno trata de “ahogar” financieramente a la administración autonómica. El president Artur Mas ha denunciado este miércoles una supuesta estrategia del Ejecutivo de Mariano Rajoy en ese sentido. “Ellos (el Gobierno) no dan ninguna alternativa. Van a saco y a partir de aquí ya te espabilarás, no puede ser que Catalunya no pueda aplicar ni el euro por receta”, ha asegurado en Catalunya Ràdio.

La situación financiera es desesperada, y se relaciona, forzosamente, con la situación política y el proyecto soberanista de Artur Mas. ¿Pero qué es consecuencia de qué? La reacción política de una parte significativa de la sociedad catalana, que defiende la independencia de Catalunya, ha llegado después de comprobar que la Generalitat no tiene una salida económica fácil.

Mas ha planteado que el conflicto político debe tener una solución, y que puede ser a través de la consulta soberanista. Pero ha dejado la puerta abierta, si es necesario, a que esa consulta no tenga una válidez jurídica. “Encontraremos una vía para dar un marco de legalidad a la consulta. Pero no es lo mismo hacer un referéndum dentro del Estado y con vinculación jurídica que hacer una consulta, organizada por las instituciones catalanas, sin vinculación jurídica”. Es un cambio en la posición de Mas, que está enfrascado ahora en encontrar una solución financiera, y que podría significar la voluntad de acercar posiciones.

Situación de asfixia

Artur Mas ha afirmado que se trata de un esquema perverso, en el que están inmersas todas las autonomías, pero especialmente Catalunya, por presentar la mayor deuda pública. “Nos obligan a reducir los déficits, recortar el gasto, si no lo hacemos así no nos transfieren los recursos y no los podemos obtener en ninguna parte y nos ponen en una situación de asfixia, de ahogo», ha lamentado Mas, que verbaliza el sentimiento del departamento de Economia, que dirige Andreu Mas-Colell.

Mas ha justificado el euro por receta como una medida, que, a pesar de ser impopular, trataba de perseguir “el bien común, que es el estado del bienestar”. El president ha incidido en los datos, recordando que la medida ha posibilitado un descenso de la demanda de medicamentos de un 20% y un ahorro anual de entre 200 y 300 millones de euros “sin perjudicar de forma grave la salud de las personas”.

Pero, ¿cuál es la solución? La administración central del Estado comienza a salir del túnel, en gran medida porque la crisis de la deuda, ligada a la crisis del euro, se está resolviendo, y el Tesoro está logrando financiarse de forma algo más barata. Pero las autonomías siguen obligadas a recortar el déficit. ¿Se ha hecho poco en ese sentido? ¿Queda margen?

Solución atractiva

Mas ha reclamado al Gobierno que trate de resolver el problema, y que deje de ir en contra de las medidas que toman los gobiernos autonómicos. “El Estado ha de presentar alguna solución que sea atractiva para Catalunya, porque las soluciones ya las hemos intentado plantear nosotros. Ellos se han limitado a decir que no, a boicotearlas, recortarlas o pasarlas por el cepillo, y deberían hacer una oferta a Catalunya, porque nosotros, nuestro camino lo hemos de mantener», ha reclamado el president. exhortado al Gobierno del PP.

Declaración soberanista

La cuestión es que esa petición va en paralelo a que el Gobierno negocie con la Generalitat la posible convocatoria de una consulta sobre la autodeterminación. Y todo se ha acabado contaminando. Mas ha dejado claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no favorecerá las cosas, pero se ha mostrado dispuesto a intentarlo. Respecto a la declaración de soberanía que el Parlament votará la próxima semana, Mas ha emplazado al PSC a votarla porque sólo se centrará, básicamente, en el derecho a decidir, una cuestión por la que apostaron los socialistas en la campaña electoral.