Marlaska fuerza al Govern a hablar sobre los lazos amarillos
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste al consejero Miquel Buch en abordar en la junta de seguridad la disputa por los lazos amarillos
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en una carta al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, en la necesidad de hablar de orden público en la Junta de Seguridad de Cataluña porque es competencia exclusiva del Estado.
Tras el rechazo de la Generalitat a abordar esta cuestión por considerar que es competencia de los Mossos d’Esquadra, Marlaska ha decidido mantener en el orden del día de la junta el punto «Análisis general de la seguridad pública en Cataluña: Convivencia en el espacio público», que incluirá las disputas por la retirada de símbolos independentistas.
«Agradecemos el interés que expresa esta propuesta, pero consideramos necesario remarcar que la seguridad ciudadana y el orden público en Cataluña son competencias exclusivas de la Generalitat» y «se ejercen mediante los Mossos d’Esquadra y la función de autoridad gubernativa de acuerdo con la normativa vigente», había argumentado el consejero de Interior.
En la respuesta, el ministro explica al consejero que el Estado tiene competencia exclusiva en «seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación por las comunidades autónomas en la forma que establezca en los respectivos estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica».
A fin de poner fin a la polémica sobre esta cuestión, Marlaska zanja la carta afirmando que queda pendiente «exclusivamente» de que se fije la fecha dentro de las que se propusieron y agradeciendo al conseller las «facilidades» para que se pueda llegar a un acuerdo.
La fiscalía investiga la persecución de los mossos por retirar lazos
El mensaje de Marlaska coincide con la actuación de la fiscalía para investigar a los Mossos d’Esquadra por la identificación de 14 personas que retiraron lazos amarillos en la vía pública. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes la actuación del ministerio público, que en su opinión «está obligado a pedir esa información».