El sistema sanitario se coordina para blindar a las residencias
El riesgo es desigual por comunidades autónomas y los eslabones más débiles son los centros más grandes y con una mayor saturación de residentes
La segunda oleada de coronavirus que empieza a vislumbrarse en España está siendo afortunadamente mucho más benévola con las residencias de ancianos que durante mayo y abril. Sin embargo, como parte de los colectivos más débiles, Sanidad ya ha avanzado medidas para limitar los contagios, coordinadas entre todas las comunidades autónomas, después de que las patronales advirtieran de que era necesario tomar medidas para protegerlas con rapidez antes de que los casos volvieran a aumentar. Los expertos advierten que hay algunas especialmente vulnerables, concretamente aquellas más grandes y donde la ocupación es más alta, que fueron las que sufrieron en mayor medida la evolución de la pandemia entre marzo y abril.
Hasta la fecha, 19.651 personas han perdido la vida en residencias españolas. La cifra supone un 69% del total de muertes, 28.443 -a fecha 30 de julio-, acumulándose las mayores cifras en los centros de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
En estas regiones, la incidencia de la mortalidad provocada por el coronavirus es mucho mayor que en otras comunidades. En Castilla y León, por ejemplo, la fracción de fallecidos en residencias respecto al total de la región es del 93%, mientras que en Canarias, la que menos víctimas mortales ha registrado hasta la fecha, es del 12%.
Por el momento, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado restricciones y nuevas medidas para controlar al personal sanitario. En primer lugar, será obligatorio realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en residencias, pero también a los empleados que vuelvan de vacaciones.
Las pruebas a los nuevos residentes tendrá un periodo máximo de 72 horas desde su ingreso; el mismo tiempo que se aplica para realizar los test a los trabajadores reincoporados. Se estipula, además, un límite de una visita por residente al día y que tenga una duración máxima de una hora.
En este caso, las propias residencias tendrán que establecer franjas horarias para evitar aglomeraciones y solo podrán hacerse excepciones en caso de que un paciente, residente en alguno de estos centros, se encuentren en el proceso final de su vida. Una serie de medidas diseñadas para no volver a registrar las mismas cifras que durante los meses más duros de la pandemia.
Factores que explican la alta mortalidad
Uno de los problemas que ha generado esas diferencias entre comunidades es el nivel de ocupación de plazas, sustancialmente distinto en función de cada región. Siguiendo los datos del último informe sobre la situación de las residencias publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el sector no está saturado, ya que de la media nacional de disponibilidad de plazas sobre el número total de posibles residentes es del 73%; un porcentaje alto.
No obstante, en comunidades como Castilla y León, Madrid, Murcia o Castilla-La Mancha, el nivel de ocupación es superior al 100%, lo que viene a decir que los centros realmente no están capacitados para dar asistencia a tantos residentes.
Precisamente, el nivel de ocupación es, según Fedea, uno de los factores que generó la alta mortalidad en estos centros. Comparando las cifras al inicio del estado de alarma (14 de marzo) y hasta el 30 de julio (últimos registros que usa la entidad), se observa que las comunidades con más fallecimientos -Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León- y las que tienen las residencias más saturadas son también las que presentan un mayor número de decesos en estos centros de mayores.
Es por ello que el informe concluye que «a mayor nivel de ocupación o tamaño medio de los centros» (en España la media es de 70 plazas por centro), también se produce un mayor número de fallecimientos en residencias».
Por otra parte también se señala que la fracción de muertes en residencias respecto al total parece estar relacionada con el volumen de residentes de los centros respecto a la población de más de 65 años. También con el nivel de cobertura, esto es, plazas en comparación con el total de ciudadanos mayores de 65 años. Sin embargo, Fedea explica que «no se muestra ninguna correlación evidente con el porcentaje de población mayor de 75 u 85 años».
Soluciones: más financiación y planes de medicalización
Si algo ha evidenciado la pandemia sobre su incidencia en las residencias de ancianos ha sido la falta de recursos en algunos centros, sobre todo de las comunidades apuntadas, con un mayor porcentaje de privatización. Según Fedea, los últimos meses han revelado «la falta crónica de recursos, personal especializado, ausencia de medicalización y fallas de coordinación socio-sanitarias».
Por ello, la entidad propone que todos los centros deberían contar con un «plan de aislamiento y medicalización» en coordinación con el sistema sanitario y especialmente diseñado para un contexto de pandemia. «También resulta imprescindible la creación de planes de coordinación sociosanitaria efectivos que incluyan al sector de la atención residencial», añade.
Todo ello pendiente de que se inyecte más financiación para estos centros. Según el informe, con esto se podría aspirar a un plan de formación efectiva de los trabajadores involucrados, «que deberían por otra parte ser remunerados acorde a su nivel de formación y responsabilidad». Fedea abre además la posibilidad de diseñar una «ley de claridad para el sector» para poder englobar y resolver las deficiencias a las que se enfrentan estos centros en caso de que finalmente se asiente una segunda oleada de contagios.
