Madrid tiembla ante un nuevo bloqueo de 130.000 viviendas por el Supremo

Cuatro años después está a punto de repetirse la historia. Entonces, el 28 de septiembre de 2012, el Tribunal Supremo anulaba 22 desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, al entender injustificada la reclasificación como urbanizables de terrenos protegidos. Ahora, el Alto Tribunal está a punto de pronunciarse sobre el mismo tema.

Aquella decisión supuso el bloqueo residencial de la capital, al impedir poner en marcha actuaciones sobre las que construir unas 130.000 viviendas. El mismo en el que se sumirá si el Supremo persiste en la tesis que lleva años manteniendo.

Revisión exprés del plan en diez meses

En 2012, tras la sentencia del Supremo, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid –bajo la presidencia de Ana Botella e Ignacio González, respectivamente– se pusieron manos a la obra para tratar de dar una rápida solución a la paralización, pero la maniobra de abordar una subsanación rápida chocó con las instancias judiciales.

Al final, el consistorio madrileño se vio obligado a aprobar una revisión exprés del plan general, en julio de 2013, ratificada posteriormente por el gobierno regional el 1 de agosto.

En esa revisión, se justificaba el cambio de clasificación de suelo no urbanizable protegido en determinados terrenos, al entender que «carecen de valores merecedores de tal protección y cuentan con su viabilidad para la transformación».

Recursos

Todo parecía solucionado, pero la interposición de varios recursos hizo presagiar que esta batalla judicial no había acabado.

Así, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en febrero de 2015, desestimó los recursos que pedían la suspensión y anulación del acuerdo municipal,  por el que se aprobó la revisión parcial del Plan General de 1985 y la modificación parcial de 1997, será nuevamente el Supremo el que se pronuncie, de manera inminente, para ratificar la decisión del TSJM o, como ha hecho en anteriores ocasiones, volver a contravenir al tribunal madrileño.

El Supremo enmienda al TSJM

«Estoy convencido de que el Supremo estimará la casación contra el acuerdo del Ayuntamiento», asegura José Ignacio Hernández Obelart, el letrado que, en nombre de un particular y de la Asociación para la Defensa del Urbanismo Responsable, lleva una década pleiteando en este asunto contra las, a su juicio, actuaciones ilegales del Ayuntamiento en materia urbanística.

El abogado confía en que el Supremo, como ya hizo en 2012, enmiende la plana al TSJM, cuyos magistrados, tras estudiar la memoria y el informe de sostenibilidad ambiental que presentó el Ayuntamiento, concluyeron que la revisión se ajustaba, en fondo y forma, al procedimiento establecido en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

La casación, piedra angular 

Aunque son varios los procedimientos sobre los que el Alto Tribunal debe pronunciarse en torno al plan general de Madrid, el recurso de casación que pide la nulidad del acuerdo contra la revisión exprés es la piedra angular sobre la que se vertebra toda esta batalla judicial.

«Si el Supremo desestima la casación, se acabó todo», asume Hernández Obelart. Pero si, como el propio letrado espera, el recurso es estimado, ya avanza la nueva interposición inmediata de nuevas demandas de ejecución de sentencia.

Demoliciones

Demandas sobre las que también debe pronunciarse ahora el Supremo. En concreto sobre 108 actuaciones administrativas del Ayuntamiento –casi todas tomadas sobre el nuevo barrio de Valdebebas–, entre ellas, la demolición de bloques de vivienda ya construidos.

Un extremo sobre el que Obelart no las tiene todas consigo. Confía en que el Supremo dictamine la nulidad de la revisión pero que desestime las demoliciones.

Entiende el letrado que el Alto Tribunal devolverá esta pieza al TSJM, ya que el tribunal madrileño todavía no ha convocado a los propietarios de las viviendas que podrían ser demolidas.