Madrid respalda la nueva financiación propuesta por la Comunidad Valenciana y Andalucía
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también apuesta por priorizar el criterio de la población para repartir el dinero, frente a la propuesta de las comunidades despobladas
El futuro modelo de financiación autonómica ha despertado un debate que ha alcanzado ya a todas las comunidades. El último territorio en posicionarse ha sido Madrid, que se ha alineado junto a la Comunidad Valenciana y Andalucía en su proyecto para situar el volumen de población como el principal factor para repartir el dinero.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha respaldado esta iniciativa que encabeza el barón socialista, Ximo Puig. «Los servicios públicos los reciben las personas y, por tanto, el nivel de financiación debe venir definido en un porcentaje muy poderoso por la población», ha remarcado en rueda de prensa.
Ossorio ha dado el visto bueno a esta propuesta de reforma, aunque ha señalado la importancia de introducir en la ecuación también otras variables como el envejecimiento de cada autonomía o la dispersión de su población para alcanzar un consenso definitivo que distribuya los fondos de manera «justa y equitativa».
El portavoz popular ha subrayado que el actual modelo de financiación aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es perjudicial para la Comunidad de Madrid porque se hizo a medida para Cataluña. «Madrid es la más solidaria de toda España», ha insistido.
Su apoyo refuerza el peso del bloque que apuesta por esta alternativa de financiación. La Comunidad Valenciana y Andalucía ya han firmado un pacto para unir sus fuerzas y exigir además un fondo transitorio de 1.700 millones que compense su falta de recursos. También cuentan con el visto bueno de Baleares.
Las comunidades golpeadas por la despoblación buscan otra vía
La postura de la Comunidad de Madrid condicionará la carrera por la reforma del modelo de financiación que se resolverá previsiblemente a final de año con la mediación del Gobierno de Pedro Sánchez aunque, de momento, no se ha posicionado y ha dejado la disputa en manos de las autonomías.
En el otro lado de la pugna se encuentran las regiones golpeadas por la despoblación que han exigido un sistema de reparto económico que tenga en cuenta los costes de los servicios por habitante para compensar los efectos de la dispersión en las zonas rurales. Este grupo está liderado por el presidente de la Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Tras los primeros contactos de Puig con otras regiones, Page hizo un llamamiento también a las regiones que firmaron los pactos de Zaragoza para plantear una alternativa. Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia y La Rioja ya unieron fuerza anteriormente para formar un frente común que combatiera la falta de recursos en la España vaciada.
El presidente aragonés ha calentado las negociaciones con unas duras declaraciones que cuestionan el fondo de 1.700 millones que han solicitado Valencia y Andalucía. «Es un agravio que las demás comunidades no vamos a tolerar«, ha mantenido Javier Lambán, que ha invitado a todas las autonomías a debatir conjuntamente el modelo.