Madrid cumplirá con las medidas de ahorro energético, pero rechaza «las imposiciones»
La consejera Paloma Martín defiende que el plan debería de orientarse a bajar el precio
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/Fernando Alvarado
La Comunidad de Madrid cumplirá con el real decreto que dictamina las polémicas medidas de ahorro energético «nos guste o no». Así lo ha explicado la consejera madrileña de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín en una entrevista en RNE antes de la reunión.
Aun así, el gobierno de Ayuso sigue cuestionando las medidas decretadas por el presidente Pedro Sánchez. Martín ha pedido que se retire el decreto y ha exigido a Sánchez que hable con los sectores afectados para consensuar un plan con recomendaciones en lugar de con «imposiciones».
Este lunes tendrá lugar una reunión telemática de las ministras para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Teresa Ribera) e Industria, Comercio y Turismo (Reyes Maroto) con los responsables autonómicos en las áreas de Energía, Industria y Comercio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para analizar los detalles del plan de ahorro y «despejar dudas» sobre el alcance y aplicación de las medidas que entran el miércoles en vigor.
“Creemos que el plan debe estar orientado a bajar el precio y que las medidas han de ser recomendaciones para el sector privado, incentivadoras, y no pueden ser medidas impuestas, que es lo que se establece con este real decreto”, ha dicho la consejera en la emisora nacional.
La madrileña ha considerado que estas políticas cuentan con un «mínimo análisis sobre el impacto que van a tener sobre el comercio y el turismo», porque el ahorro que se va a producir «es mínimo», pero «el daño que van a provocar en el turismo, en la industria, en el comercio, va a ser extraordinario”.
Las comunidades deberán garantizar el cumplimiento del decreto
Respecto a si la Comunidad de Madrid tiene medios para sancionar a quienes incumplan las medidas, Martín ha explicado que todas las comunidades ya tienen que garantizar a día de hoy el cumplimiento del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, «y por lo tanto ya hay planes ordinarios de inspección”, y ha insistido en que su petición es que no se establezcan “medidas coercitivas”.
