Los tribunales escoceses se desentienden de la extradición de Clara Ponsatí
El Tribunal de Edimburgo considera que no tiene competencias después de que la exconsellera haya trasladado su residencia a Bélgica
La exconsellera fugada Clara Ponsatí, en un acto del opaco Consell per la República en Perpiñán (Francia) / Julio Díaz (JxCat)
Clara Ponsatí no volverá a España para ser juzgada por su participación en el referéndum ilegal de independencia del 2017. La Justicia de Escocia ha descartado poner en marcha la extradición al considerar que no tiene competencias para llevar a cabo el procedimiento.
El Tribunal de Edimburgo ha determinado que la situación procesal de la exconsellera catalana de Enseñanza no se puede dirimir en su país, después de que haya trasladado su residencia de forma definitiva a Bélgica para ejercer su cargo como diputada en el Parlamento Europeo.
«No se puede extraditar a alguien que no está aquí», ha afirmado el juez Nigel Ross en una audiencia celebrada este jueves con todas las partes implicadas.
Ponsatí se refugió en Reino Unido para evitar ser juzgada en el juicio del ‘procés’, ya que en Escocia había trabajado y vivido con anterioridad cuando ejercía como directora de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad Saint Andrews.
Sin embargo, en febrero de 2020 fue proclamada como eurodiputada. La política de Junts se había presentado a las elecciones un año antes pero no había logrado obtener un escaño. Sin embargo, la salida de los representantes británicos tras el Brexit favoreció que se incorporara finalmente a la cámara para ocupar los asientos vacíos.
Ponsatí se comprometió a mantener su residencia en Escocia
Cuando recogió su acta, Ponsatí insistió en que mantendría su vivienda escocesa, aunque finalmente el juez ha considerado que ya no vive formalmente en el país. «Yo de momento sigo siendo residente en Reino Unido y en los próximos meses asistiré en Edimburgo ante el Tribunal que está procesando mi caso y estaré a las órdenes de lo que diga ese juez», alegó entonces.
El proceso judicial se había iniciado en respuesta a la petición del Tribunal Supremo de aplicar una orden de detención sobre la exconsellera, que finalmente ha quedado en nada. El magistrado ya ha comunicado la decisión a las partes implicadas.
Su cambio de residencia hace ahora prácticamente imposible que las autoridades españolas puedan lograr su extradición porque la Justicia belga ya ha rechazado en varias ocasiones la devolución de otros implicados en el ‘procés’, como el expresidente catalán Carles Puigdemont.
