Podemos se une a ERC y Bildu para presionar al PSOE con la regulación del alquiler

Los socios de investidura de Pedro Sánchez le exigen ahora que regule el precio del alquiler en las distintas comunidades autónomas y blinde la ley catalana, tachada por algunos expertos de inconstitucional. Se trata de los mismos socios (Podemos, ERC, Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís) con los que dos días antes, el PSOE firmó un manifiesto en favor de la democracia y contra Vox. 

El manifiesto surge en la recta final de la negociación del borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) entre PSOE y Podemos, estos últimos principales firmantes, que además pelan por incluir en el proyecto la limitación de precios del alquiler, junto a los socios de investidura que potencialmente podrían aprobarlos en el Congreso.

En este sentido, las fuerzas políticas lanzan a través de este documento un llamamiento al PSOE para lograr su aplicación, pues hasta la fecha opta por no aplicar la regulación de los alquileres por medio de los PGE y esperar a que pase la pandemia. El texto señala que existe una «enorme escasez de vivienda social» y que pasarán años hasta aumentar el parqué de pisos protegidos, por lo que es «imprescindible» contener los precios del alquiler «para reducir el sobreesfuerzo de la población» en el acceso a la vivienda.

Iglesias contra Ábalos 

La formación de Pablo Iglesias mantiene un frante abierto por la regulación de los alquileres con un sector del Gobierno, entre los que destaca el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El secretario de Organización del PSOE dejó a Iglesias las cosas claras en rueda de prensa este lunes tras asegurar que pospondría la aplicación de dicha norma debido a la crisis del coronavirus. 

Tanto la subida del IRPF a las rentas altas, como la limitación al precio de los alquileres, dos medidas contempladas en el programa de gobierno de PSOE y Unidas Podemos y por las que ambas formaciones mantienen ciertos roces, se llevarán a cabo «en el momento en el que país pueda encajarlo», sentenció Ábalos.

Según el ministro, el marco jurídico más apropiado para llevar a cabo esta regulación es la Ley de Vivienda en la que ya está trabajando el Gobierno y su Ministerio, y cuyo anteproyecto ya ha sido llevado a debate público. «Creemos que puede ser el marco jurídico en el que encaje este instrumento. Esta es nuestra visión hoy«, recalcó el dirigente socialista.

Una premisa que ha creado malestar entre los morados, que reclaman introducir la propuesta rápidamente en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado. Esquerra Republicana de Cataluña se sumó este martes a las presiones de Iglesias. Los independentistas ya han trasladado al PSOE su petición de mediación para que el Ejecutivo no recurra una norma que, agencias y propietarios confían en que sea recurrida.

Los republicanos creen tener suficientes elementos para empezar a presionar en la negociación presupuestaria y, en «todo lo que podamos», afirmó su portavoz Gabriel Rufián. Fuentes de Unidas Podemos explicaron que, «aunque el control del precio del alquiler no puede ir en Presupuestos, porque es una ley, sí que puede ir incluido en la redacción del borrador de Presupuestos, y en la oferta a los socios. Eso facilitaría, en su opinión, el sí de prácticamente todos los socios de Gobierno, por no decir de todos», aseguran. 

Críticas a la medida de Iglesias 

Tal y como publicó Economía Digital, desde la patronal que representa a propietarios particulares y a grandes tenedores de pisos, Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler), señalan que la normativa catalana ya ha tenido sus primeros efectos negativos en los precios.

Según los datos que publica el portal Idealista, se ha producido un repunte en el mes de septiembre del 1%, cuando la tendencia en el último año era de descenso continuado.

Los expertos advierten que la primera consecuencia de este tipo de medidas supondrá el descenso de la oferta de vivienda en alquiler, con la consecuente subida de precios. Además de que podría poner freno a la llegada de capital internacional y producirse un incremento de la economía sumergida.

Los socios de Gobierno de Sánchez presionan al Gobierno con los posibles apoyos de su investidura mediante un comunicado y de cara a la negociación de las cuentas públicas, en una semana en que el presidente ha tendido la mano al principal partido de la oposición para llegar a pactos como la reforma de la Justicia. El pulso se podría recrudecer por parte del sector morado.