Los socios de Sánchez intentan relanzar la reforma de la ‘ley mordaza’ tras la polémica por ‘Pegasus’
El grupo de trabajo para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, en el que participan PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts y Bildu, se reunió el pasado jueves
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/ Chema Moya
Después de que el grupo de trabajo conformado por PSOE, Unidas Podemos y los socios principales del Gobierno que tiene como objetivo lograr un consenso para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, se reuniera el jueves, fuentes de la negociación han asegurado que la intención es conseguir un consenso unánime sobre otra tanda de artículos de la ley orgánica aprobada por la mayoría absoluta del PP, antes de convocar a la ponencia del Congreso, que no se reúne desde febrero.
En concreto, en el grupo de trabajo participan PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Junts y Bildu. ERC participó de la reunión del grupo de trabajo que se celebró el jueves, días después de que el Gobierno destituyera a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, y reconociera un «fallo de seguridad» por el espionaje con el programa Pegasus que también fue usado para intervenir comunicaciones de líderes independentistas, entre ellos el hoy presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
En la última cita de este jueves se logró avanzar en media docena de artículos, que se suma a los 29, sobre 54 de la ley orgánica, ya pactados para su reforma y que sí han pasado a las dos reuniones de la ponencia a puerta cerrada. Sin embargo, según las fuentes de la negociación citadas por Europa Press el objetivo sería reunir un consenso unánime previo a la convocatoria de la ponencia del Congreso.
Los sindicatos policiales protestan
La Ley Orgánica 4/2015, que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se comprometió a derogar, ha levantado protestas de los principales sindicatos policiales, que celebraron una manifestación en Madrid. En la negociación siguen quedando pendiente cuestiones como regular las pelotas de goma dentro del uso y catalogación del material antidisturbio o la veracidad de los policías en las actas sobre propuestas de sanción.
Otras cuestiones como eliminar por completo las devoluciones en caliente de migrantes se pactó que quedara regulado en la Ley de Extranjería, sacándolo de la «ley mordaza». También hay acuerdo mayoritario en modificar el artículo 20, que regula los registros corporales para «reducir al mínimo» los desnudos y evitar que se puedan llevar a cabo en la vía pública.
Aumentar «las garantías» en las actuaciones policiales
La intención de los partidos que gobiernan en coalición es «aumentar las garantías» en las actuaciones policiales, como ocurre con la enmienda al artículo 22 sobre las grabaciones con videocámara en la vía pública. En adelante se pretende que estas grabaciones, por ejemplo en una manifestación que derive en altercados, se reflejen en atestados, quedando todo el material a disposición judicial si así se requiere.
Los sindicatos policiales expresaron sus dudas, aunque algunos han matizado en las últimas semanas su rechazo frontal a la vista del cauce de las negociaciones, sobre la fórmula elegida para las identificaciones con retenciones de un máximo de dos horas, salvo excepciones justificadas, y la obligación de trasladar al afectado al lugar de origen en el caso de haber cambiado de localidad.
El 19 de enero la ponencia cerró un acuerdo para regular los controles en la vía pública para vincularlos a supuestos de alteración grave y efectiva de la seguridad ciudadana o en casos de prevención de delitos graves, limitando el tiempo de duración al mínimo imprescindible.
