Los sindicatos agitan la huelga general con 80.000 parados más en España

Mal día para el empleo en España, otro más. Este lunes se ha publicado la evolución del mercado laboral que ha vuelto a deteriorarse. Hasta 80.000 profesionales más hacen cola en septiembre frente a las oficinas de ocupación. En total, 4,7 millones de personas.

Con estas crifras sobre la mesa, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha pronosticado un «otoño caliente» en la evolución que tendrá el desempleo. Además, ha considerado «factible» que el Gobierno tenga que ampliar el crédito para el pago de prestaciones en octubre.

Hidalgo ha recordado que la economía está en recesión y que la previsión macroeconómica es que el PIB cierre el ejercicio en negativo.

Huelga general

En paralelo, las organizaciones sindicales que conforman la cumbre social, entre ellos CCOO, UGT, CSI-F y USO, volverán a manifestarse, pero por los nuevos recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.

Será el próximo domingo en las principales capitales españolas contra los recortes del Gobierno, especialmente contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, y ya estudian convocar una huelga general antes de Navidad.

De momento, cada organización valorará esta posibilidad, con la idea de que el paro general, de convocarse, tenga un «profundo carácter social» y se celebre durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos en el Congreso.

Durante la rueda de prensa, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha insistido en que debe impedirse que los Presupuestos del Estado para el próximo año «salgan adelante», de forma que durante el debate en el Parlamento se exija al Gobierno del PP la elaboración de unas nuevas cuentas públicas.

‘Plazo de reflexión’

«Abrimos un plazo para analizar la convocatoria de una huelga general durante el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado 2013», ha indicado Méndez, quién ha apuntado que quieren lograr una «fuerte» coordinación y convergencia del movimiento sindical.

En esta línea, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que ahora se abre «un plazo de reflexión», de entre 15 ó 20 días de duración, para que cada organización valore internamente la convocatoria de huelga general, cuya fecha definitiva se adoptará en la próxima reunión de la Cumbre Social.

Coordinados con Europa

A su vez, ambos lideres han explicado que las centrales españolas quieren coincidir «al menos» con los sindicatos de los países del Sur de Europa para coordinar las acciones de huelga en la Unión Europea.

Así, Toxo ha puesto el acento sobre la convocatoria de paro que han anunciado los principales sindicatos en Portugal como punto de inflexión a la hora de decidir la fecha a escoger de cara a una posible huelga general en España.

En concreto, han aclarado que esperarán a que se reúna en el plazo previsto la Confederación Europea de Sindicato,s con el objeto de que se busque un «marco de confluencia de todas las movilizaciones» programadas en el Sur del Viejo Continente.

Nuevo escenario

«Está en las manos del Gobierno que –la huelga general– sea una realidad o no», ha advertido Toxo, quien a su vez ha agregado que si el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy convoca un referéndum para que los ciudadanos puedan expresar si están de acuerdo con los recortes, «se abrirá un nuevo escenario».

De su lado, Cándido Méndez ha apostillado que si el Gobierno no accede «antes de finales de año» a convocar una consulta popular para contrarrestar el «incumplimiento flagrante de su programa», así como para que se opine sobre un eventual rescate de la economía española, «se deberá convocar una huelga general».

Rajoy ha fracasado

En la rueda de prensa también han estado presentes los secretarios generales de USO, Julio Salazar, y de CSI-F, Miguel Borra. En declaraciones a los medios de comunicación, Salazar ha avanzado que las políticas adoptadas por el Ejecutivo son «un fracaso» que abocarán a España a una situación de «más paro y más recesión».

Por su parte, Borra ha especificado que desde que empezó el año 2012 se han destruido 200.000 puestos de trabajos en la función pública, lo que a su juicio «mermará la calidad de los servicios fundamentales que prestan los trabajadores públicos».