Los servicios jurídicos del Govern trabajan para frenar el embargo de los líderes del procés

Los servicios jurídicos del Govern trabajan para frenar el posible embargo a los líderes del procés después de que el Tribunal de Cuentas comunicase este martes que deben de abonar una fianza de 5,4 millones de euros por presunta malversación de caudales públicos en favor de promocionar el 1-O.

Los servicios jurídicos de la Generalitat están intentando «minimizar el impacto de esta reclamación», según confirman fuentes de la Generalitat a Economía Digital.

«Están estudiando las acciones jurídicas que podrían llevar» porque consideran que no se produjo malversación, señalan las mismas fuentes.

Una acción que ya ha sublevado a algunos partidos del Parlament como el PP, que ya advierte que registrarán una petición para informarse y pedir explicaciones acerca de este hecho «por si hay excesos», señalan.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, deslizó este martes que la Abogacía del Estado no presentará demanda una vez que el Tribunal de Cuentas termine la instrucción sobre la posible malversación del Govern para aupar la causa soberanista.

Esto significa que la Generalitat y Fiscalía se encargarán de representar el interés público, como bien pidieron al Gobierno los nacionalistas.

Fuentes de la Generalitat comentan que la Administración autonómica comparecerá para señalar que no ha sufrido ningún perjuicio económico y todos los gastos investigados forman parte de las tareas de la Acción Exterior que prevé el Estatut de Cataluña.

Lo «preocupante», según advierten desde el PP es que la Abogacía del Estado se abstenga, a sabiendas de que es la única que ejercía el papel de demandante, porque «la Generalitat no lo hará», insisten.

Los expertos jurídicos consultados apuntan que al no presentarse esta parte demandante, como es la Abogacía, podría ocasionar el archivo de la causa, que es por otra parte lo que buscan desde el independentismo.

«Se podría considerar que las acusaciones de Fiscalía y Sociedad Civil Catalana no tengan base legal y, de ahí, archivar la causa», sostienen varios letrados.

Campaña de desprestigio

La campaña en favor de perdonar la multa y de desprestigio contra el Tribunal de Cuentas ya ha comenzado, entre los propios encausados y también en el independentismo.

Así, el líder de ERC, Oriol Junqueras, señala que «el objetivo es doble. La muerte política que quiere decir código penal, inhabilitación para cargos públicos, meternos en la cárcel. O esta muerte civil que quiere decir que te lo embarguen todo si no puedes responder ante las fianzas millonarias que nos pide nuevamente el Tribunal de Cuentas».

Para Carles Puigdemont, la actuación de este órgano sobre los gastos del 1-O en el exterior es «franquismo de fondo y forma». Puigdemont califica al tribunal de «inquisición española» y lamenta que su abogado solo tenga tres horas para leer «504 páginas» y diez minutos para hacer alegaciones, «independientemente del número de personas a las que defienda».

Su sucesor, Quim Torra, tachó el proceso de «absoluta indecencia, un amuestra de la barbarie con la que el Estado utiliza todos sus tentáculos para destrozar familias».

Por su parte, los socios de Gobierno, Unidas Podemos, anunciaron este miércoles que pedirán una investigación sobre las actividades del Tribunal de Cuentas.

El presidente del grupo parlamentario confederal, Jaume Asens, reiteró su apuesta por la superación de la fase de represión y por la consulta a los catalanes, la desjudicalización y la democracia: «Esto se resuelve en las urnas en Cataluña, que es donde se torció en 2010».

Todo un despliegue para que los 34 ex altos cargos del Govern encausados eviten abonar la fianza millonaria que le impone el tribunal fiscalizador por la presunta malversación de caudales públicos en favor de la independencia de Cataluña.