Los seis meses en que la reforma laboral rompió la sintonía entre PSOE y Podemos

El propio Ejecutivo de coalición se dinamita a sí mismo. Unidas Podemos abre la veda públicamente contra el PSOE calificando de «crisis de Gobierno» a la riña entre las dos formaciones por ver quién se pone la medalla electoral de la reforma laboral.

La tensión entre los socios de coalición viene de lejos y según apuntan fuentes conocedoras a Economía Digital, los socialistas ya no saben cómo parchear lo que queda de legislatura para aguantar y vender la acción de Gobierno como triunfo electoral.

La convivencia se ha roto en Moncloa y a la ‘pelea’ Podemos-PSOE por la pérdida del escaño del diputado morado, Alberto Rodríguez, se añade ahora la tensión de la reforma laboral. Sobre este asunto hay que remontarse seis meses antes:

Uno de los principales detonantes del desgaste de la coalición fue la salida de Pablo Iglesias. Pedro Sánchez pactó con el exvicepresidente que su ‘futura promesa’, Yolanda Díaz, no sería su ‘mano derecha’.

El presidente colocó por encima a su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, para que coordinase la acción de Gobierno y, por ende, la de la ministra de Trabajo y puntal de Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz. Los morados lo asumieron y de aquellos polvos vienen estos lodos.

Díaz asumió, por su cartera, sacar adelante las grandes reformas que reclama Bruselas para recibir los fondos europeos, entre ellas la reforma laboral. La directriz de la Comisión Europea es clara: las medidas requieren aunar el mayor consenso posible. Esto implica la negociación y aprobación de los agentes sociales.

Los choques de Díaz con la patronal

Tanto sindicatos como patronal se mostraron dispuestos a ello, pero enseguida vinieron los primeros roces. Yolanda Díaz recibió su primer gran ‘no’ de la patronal con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Un miembro de CEOE llegó a escribir en un mensaje: «Yolanda Díaz manda mucho» al considerar que el acuerdo para subir el SMI con efectos retroactivos era un golpe en la mesa de Díaz frente a Calviño.

La vicepresidenta primera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, fue desde finales del año pasado y hasta finales del pasado mes de julio el principal dique de contención a la pretendida subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que reclamaba el ala de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza.

Calviño abrió a finales de julio la posibilidad de revisar en septiembre la subida y finalmente se acordó con los sindicatos un alza de 15 euros. Pero la decisión de elevar el SMI se topó con la firme oposición de CEOE, que rechazó el incremento para este año y pide postergar la subida salarial a 2022.

De hecho, Calviño alejó el jueves las expectativas sobre la magnitud de la subida del SMI en 2022 al recordar que tras las última subida ya está en 1.225 euros en 12 pagas, en indicador utilizado a escala internacional.

Pese a esa discrepancia puntual por el SMI, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, no ha negado nunca la «buena sintonía» que mantiene con Calviño, más alineada con sus posturas, frente a la vicepresidenta Díaz. Según ha podido saber Economía Digital, el presidente de la CEOE ha sugerido en más de una ocasión que las negociaciones del Gobierno con los agentes sociales serían más fáciles si estuviera al frente la vicepresidenta económica en lugar de Díaz.

Las reuniones también se sucedieron contrarreloj para intentar sacar adelante la necesaria prórroga de los ERTE. Trabajo y CEOE se volvían a tirar los trastos a la cabeza acusándose mutuamente de ser el obstáculo en la negociación.

La relaciones de Trabajo con la patronal se han ido deteriorando conforme Díaz y Garamendi se han ido sentando y, también, levantado de la mesa de diálogo social por el importante paquete de reformas a pactar con la vista puesta siempre en Bruselas, ya que el Gobierno se comprometió en el marco del Plan de Recuperación a que la reforma laboral viese la luz antes del 31 de diciembre.

El reclamo del Gobierno: la reforma laboral

Pero los roces fuertes llegaron con la reforma laboral. Se trata del buque insignia que PSOE y Podemos se atribuyen respectivamente para derogar la anterior norma del año 2012 del Partido Popular, pese a que Bruselas alabó la reforma del expresidente Mariano Rajoy e insistió en no derogarla íntegramente, en línea con la postura de la CEOE, el FMI, Bruselas y también de al menos un miembro del Gobierno que lo ha expresado públicamente en reiteradas ocasiones: Nadia Calviño.

La tensión se ha desarrollado en tres escenarios: Los socialistas aseguraron que no derogarían íntegramente la reforma laboral, solo los aspectos más lesivos. Por su parte, Unidas Podemos pidió desde el primer minuto derogarla íntegramente, como así se comprometió el Ejecutivo meses más tarde con Bildu a cambio de que la formación abertzale aprobara los Presupuestos de 2021.

A estos actos se añade la tensión entre las dos vicepresidentas y la intervención de la, por entonces, portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, quien pactó la derogación íntegra con Bildu y horas después tuvo que recular para señalar que sería solo una parte.

CEOE se planta por la temporalidad

La regulación restrictiva a la subcontratación, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y sobre todo las pretensiones de Trabajo sobre la temporalidad han alejado hasta la fecha a CEOE del pacto.

Tal es así que la patronal se plantó en la última reunión de la mesa de diálogo para la modernización de la reforma laboral del miércoles al rechazar de pleno la última propuesta en materia de temporalidad realizada por el departamento de Yolanda Díaz que, entre otras, propone limitar al 15% la temporalidad en las plantillas.

Según confirman a Economía Digital en fuentes del diálogo social, se produjo lo que califican como una nueva “bronca” y aunque CEOE seguirá negociando, Calviño ha mantenido contactos bilaterales con la patronal para tratar de reconducir la situación y sumarles al acuerdo.

La organización no ha movido su posición de negativa a derogar la reforma laboral pese al anuncio del presidente del Gobierno de su eliminación, y por ahora solo se abre a negociar propuestas que supongan una mejora de la legislación en asuntos como la competitividad empresarial o el apoyo a la industria para ganar un mayor peso, sin realizar una contrapropuesta al entender que no es su cometido.

Calviño interfiere para asegurar los fondos europeos

En cualquier caso, el verdadero detonante de la crisis en la coalición ha sido la maniobra de la vicepresidenta Calviño para tratar de reconducir la situación intentando hacerse cargo de las negociaciones con la patronal y los sindicatos.

Fuentes gubernamentales explican a Economía Digital que a última hora del jueves Calviño envió un correo electrónico a Díaz en el que habría trasladado su intención de intermediar en la mesa de diálogo social, lo que propició el estallido en Unidas Podemos y la convocatoria de la mesa urgente de la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición el viernes por la mañana.

El telón de fondo de estos movimientos es el temor del equipo de Calviño de que la llamada ‘contrarreforma laboral’ de Díaz pueda poner en riesgo la llegada de los fondos europeos a España, ya que la recepción de estos recursos está ligada al cumplimiento de hitos y objetivos.

Todos los cambios laborales se recogen en el componente 23 del Plan de Recuperación de España, en el que se recogen compromisos para la modernización del mercado laboral patrio, como la ultraactividad e los convenios, la reducción de los contratos, la relación de los convenios sectoriales y de empresa o la temporalidad.

En el Ministerio de Asuntos Económicos creen que el borrador de Trabajo, en el que no ha participado el departamento de la Seguridad Social, podría contener elementos contrarios a lo que pide la Comisión Europea, que se centra en la temporalidad, las políticas activas

Precisamente hace dos semanas una delegación de la Comisión Europea, los llamados ‘hombres de negro’, viajaron a España para evaluar el cumplimiento de los compromisos. Bruselas, que ha valorado en reiteradas ocasiones la reforma laboral del PP de 2012, reclamó cuando dio el visto bueno al Plan de Recuperación español que la pretendida reforma reforma “debe ir acompañada de un informe de evaluación ex ante. de las deficiencias de la legislación vigente que regula los convenios colectivos”.

Pidió que el diseño de la reforma apoye la competitividad y la creación de empleo, en particular asegurando que las empresas puedan adaptarse rápidamente a la evolución económica y que los salarios respondan a la evolución de la productividad a medio plazo”. 

«Todas las reformas del plan deben completarse respetando plenamente el diálogo social para garantizar la máxima participación y serán parte de un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado laboral”, añadió el Gobierno comunitario. El Ministerio de Trabajo ultima ese informe para poder acometer su reforma.

Desde Moncloa confirman que el primer desembolso de 10.000 millones de euros que recibirá España tras el primer anticipo de 9.000 millones desembolsado en agosto podría no llegar en el último trimestre como estaba previsto y retrasarse a enero de 2022.

Esto se debe a que se acumula retraso en su solicitud ante la falta de culminación del acuerdo de la reforma laboral. Las instituciones comunitarias disponen de un plazo de tres meses para evaluar si España ha cumplido las reformas comprometidas, sobre todo las polémicas reformas del mercado laboral y de las pensiones.

Los últimos movimientos y palabras que han quebrado la relación

Sin duda, la ‘guinda’ a este panorama la ha puesto el propio Pedro Sánchez en el 40 Congreso Federal del PSOE celebrado el pasado fin de semana en Valencia. Con la medida que lleva meses atascada, el presidente del Gobierno se comprometió formalmente a su derogación sin aportar ningún matiz. Una reclamación que lleva tiempo haciendo Podemos.

En todo este tiempo se han añadido el festival de declaraciones contradictorias entre unos miembros del Gobierno y otros; el apoyo de los sindicatos a Díaz sobre la medida frente a la posición de Calviño y la patronal y como árbitro de este encuentro siempre queda Europa.

El último detonante que ha terminado por enconar las posturas y recrudecer las discrepancias se ha producido alrededor del 42º Congreso confederal de CCOO, en donde será reelegido de nuevo como secretario general Unai Sordo. Y es que a través de un vídeo en el Congreso del sindicato Sánchez ensalzó el diálogo social por sus 12 acuerdo pero sostuvo que esto es “solo el comienzo” ya que el trabajo “más importante” queda por hacer.

Ello pasa, según remarcó, por que “las leyes impuestas que precarizaron contratos y devaluaron salarios no pueden formar parte del futuro del país”, reiterando su compromiso de derogar la reforma laboral.

La vicepresidenta Calviño en cambio volvió a omitir las palabras “derogación” o “desmontaje” para referirse a los cambios de la anterior norma laboral, y afirmó que hasta ahora tan solo ha habido “contactos preliminares” con los agentes sociales y que no se ha iniciado la fase de negociación y concreción del que definió como un paquete “equilibrado” de reformas

En todo caso, sostuvo que la nueva reforma laboral tendrá que consensuarse “antes de final de año” para generalizar el contrato indefinido, simplificar los tipos de contratos, acabar con la “lacra excesiva” de la temporalidad, revisar la regulación de las subcontratas y desarrollar un nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo.

La afirmación de que solo había habido «contactos preliminares» ha sentado mal en el Ministerio de Trabajo y el entorno de Yolanda Díaz y Unidas Podemos al defender que las negociaciones arrancaron hace seis meses, en abril. Salvo un breve parón estival, durante todo este tiempo la mesa de diálogo para la modernización del mercado de trabajo se ha reunido todos los miércoles, dirigida por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y en la que han participado representantes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO.

También sentó mal que Calviño dejó entrever que se alejaban las expectativas sobre la magnitud de la subida del SMI en 2022 al recordar que tras las última subida ya está en 1.225 euros en 12 pagas, en indicador utilizado a escala internacional. Precisamente Yolanda Díaz participa este sábado en el acto de clausura del Congreso de CCOO, en donde podría pronunciarse sobre la crisis de Gobierno.

Además de con el SMI, la prórroga de los ERTE y sobre todo la reforma laboral, las discrepancias entre ambas vicepresidentas, la cara visible de la rivalidad entre PSOE y Unidas Podemos, también se han evidenciado en materia impositiva durante las negociaciones para el acuerdo de Presupuestos de 2022, ya que Calviño y el ala socialista se oponían a incluir el tipo mínimo del 15% en Sociedades que exigía Unidas Podemos. Finalmente el tipo mínimo se ha incluido en el proyecto de PGE pero sobre la base imponible, por lo que en la práctica solo repercutirá a 1.070 empresas, con una recaudación exigua de 400 millones de euros.

Mesa para una crisis de Gobierno

El vaso ha rebosado esta semana y la mancha para el Gobierno es haberse acusado de «injerencias» de una parte a la otra, como si ya estuvieran batiéndose el cobre en campaña electoral, una vez que la formación de Ione Belarra ha solicitado de urgencia la convocatoria de la mesa de crisis de la coalición.

Mientras Unidas Podemos califica este asunto de «extrema gravedad», en la parte socialista ‘quitan hierro’ asegurando que significa una llamada más de atención por parte de los morados, al no tener medallas que vender.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos rechazan pronunciarse, pero el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha salido ya también en defensa de Calviño contestado a sus socios de Gobierno que “todos los ministerios deben jugar un papel” en la nueva regulación laboral, si bien cree que las formaciones solventarán cualquier eventual “disfunción”al respecto.

Fuentes gubernamentales apuntan que Calviño es la encargada de la coordinación de la política económica del Gobierno, y creen que esta fricción en la coalición no irá a mayores

Entre tanto, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, salió el viernes en defensa de Calviño asegurando que el Ejecutivo “es uno, no son dos” y subrayando que el mercado laboral incide de una forma “decisiva” en la economía, y por tanto defendió que el Ministerio de Economía, el del Industria o el de Educación puedan “opinar y hablar”.

En la misma línea, Pedro Sánchez avaló desde Bruselas, donde participaba en el Consejo Europeo, la participación de Calviño en la negociación de la reforma laboral, dejando claro que «no hay intromisión, sino colaboración» y dejó claro que al menos cinco ministerios diferentes tienen que tener implicación en la negociación (Trabajo, Asuntos Económicos, Seguridad Social, Educación y Hacienda), tal y como ha sucedido en los Presupuestos o con la Ley de Vivienda, que ha contado con el concurso de varios departamentos.

A pesar del conflicto con Unidas Podemos, el presidente se comprometió a acabar antes de que finalice el año con la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, tal y como tenían previsto las dos formaciones. “Tenemos que ser conscientes de que es la reforma del Gobierno de España”, enfatizó.

Las tácticas de Podemos

Podemos vuelve a la táctica de Pablo Iglesias, de airear las discrepancias, para intentar salirse con la suya. Esta vez respecto a la reforma laboral. Primeramente airean el conflicto, después informan sobre su desarrollo para atribuirse el mérito.

Esta táctica que no está gustando nada a los socialistas, que ya se empiezan a hartar en esto de magnificar el conflicto y fuentes del partido apuntan a cierto hartazgo entre los socialistas por las continuas filtraciones y críticas públicas de los ‘morados’.

En un momento, además, donde Yolanda Díaz es más popular en las encuestas que el propio Pedro Sánchez. Los socialistas se ven presionados por las reformas de Bruselas y también por el intento de giro al centro que Sánchez dio el domingo, en clave electoral, para ensanchar las bases del partido e intentar que la coalición siga sumando en los próximos comicios.

Los dos socios se sentarán en la mesa de seguimiento del pacto de coalición este lunes o martes, según apuntan fuentes socialistas. Ambos lucharán por ponerse la medalla de la reforma y Sánchez de cara a Bruselas y a los fondos europeos. La palabra mágica en el PSOE estos días es «aguantar».