Junqueras y Puigdemont se agarran a la falta de unanimidad del Tribunal de Cuentas para recurrir los embargos

El independentismo se muestra al fin unido frente al posible embargo de los bienes de los 40 ex altos cargos citados ante el Tribunal de Cuentas el próximo 29 de junio. Según ha podido saber Economía Digital, los representantes legales, entre los que se encuentra el del líder de ERC, Oriol Junqueras, ya tienen munición para defenderse ante las posibles responsabilidades económicas que recaigan sobre ellos por el presunto desvío de fondos públicos para favorecer la independencia de Cataluña. Se trata de la mayor preocupación en estos momentos de ERC y de Junts.

Ex altos cargos del Govern siguen teniendo a sus espaldas tres procesos judiciales pendientes, uno este mes en el Tribunal de Cuentas que investiga la posible malversación de gastos públicos en favor de la secesión de Cataluña a través de la Acción Exterior del Govern entre 2011 y 2017. Para el dinero no hay amigos y es que estos ex dirigentes, entre los que se encuentran Junqueras, Raül Romeva o el ex presidente Carles Puigdemont, podrían enfrentarse a multas millonarias y hasta al embargo de sus bienes.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, está buscando la forma de negociar esta posible sanción con Junts y, según desveló este medio, incluso un sector republicano pide llevarla a la mesa de diálogo con el Gobierno central. Pero mientras, los letrados de la acusación ya buscan posibles ‘fugas’ o ‘agujeros’ en el sistema para salir de esta sin pagar un euro ni el embargo que les pudiera reclamar el máximo órgano fiscalizador.

El voto particular de una consejera

De este modo y en el informe del propio tribunal -de más de 700 páginas-, se halla el voto particular de una consejera que forma parte del pleno de este órgano, María Dolores Genaro, criticando lo que a su juicio es una «persecución económica» y denuncia las «prisas» que había por aprobar este informe, sin dar margen para efectuar observaciones. 

Genaro también cuestiona las propias conclusiones del informe, asegurando que la Generalitat no se extralimita en sus funciones y que el órgano fiscalizador no ha hecho bien su trabajo. La consejera de cuentas lamenta que el órgano ha incumplido los principios de «imparcialidad, claridad, concisión, equilibrio y ponderación». Recuerda que el análisis debe ser «objetivo e imparcial» y «evitar juicios de valor e interpretaciones que no están suficientemente fundamentadas».

Así, Genaro asegura textualmente que «con los datos que se indican en el informe, no parece que exista en estos casos una extralimitación de la acción exterior ejercida por la Generalitat de Cataluña en relación con el ámbito competencial que le corresponde «. 

«Las constantes reiteraciones en los resultados que se exponen conducen que se produzca la impresión en el lector que la importancia relativa de los hechos expuestos es mucho mayor de la que realmente es «, asegura Genaro en su voto discrepante.

«Una duplicación del castigo»

Los letrados de estos ex altos cargos del Govern independentista defenderán a sus clientes agarrándose a este testimonio de uno de los doce miembros que componen el tribunal para señalar que se trata de un «abuso judicial». Las fuentes consultadas señalan que la petición del órgano contable «es una duplicación del castigo«.

Así explican que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ya les pidió que depositaran seis millones de euros en la causa penal que se investiga contra ellos, algunos de los cuales coinciden ahora en este proceso.

Expertos consultados advierten que «nada tiene que ver un proceso con el otro» porque en los del Juzgado 13 de Barcelona se habla de responsabilidad penal, mientras que en el Tribunal de Cuentas, la responsabilidad es contable.

Asimismo señalan que el órgano económico basa sus exigencias en un voluminoso informe en el que en el Juzgado 13 se detallan actividades que supuestamente no sirvieron para la acción exterior, sino para sufragar gastos del ‘procés’ y, por ello, no eran justificables.

Sin embargo, varios independentistas que se encuentran en ambos procedimientos ya han registrados recursos a título individual donde se amparan en que las actividades por las que el Tribunal de Cuentas exige los 4,8 millones «son las mismas» por las que depositaron otros cuatro millones en el juzgado 13, que fueron cubiertos por la caja de solidaridad.

De momento, de nada han servido estos recursos y los nervios aumentan entre los investigados, entre ellos presos del procés, porque ven que el próximo 29 de junio a las 9:30 horas se tendrán que sentar en el banquillo de nuevo para que les lean el contenido del informe al que ha llegado el Tribunal de Cuentas.

Si son condenados, el tribunal abrirá un tiempo de plazo para abonar dichas facturas millonarias o, de lo contrario y pasado ese tiempo, se podrá embargar las respectivas cuentas.

Se espera una fianza millonaria, al ver tan sólo la impuesta al que fuera encargado del Diplocat, Albert Royo, a quien le demandan 4,5 millones. «Existe verdadera preocupación y desesperación ante lo que consideramos una causa injusta. Nos van a embargar los bienes ante lo que calificamos como una persecución o represión económica«, destacó a ED uno de los afectados.

Desde Junts desvelan que la famosa ‘caja de solidaridad’ que ya sufragó anteriormente las fianzas de los presos del procés está prácticamente vacía. El partido no puede afrontar el pago y señalan que ERC “aún podría vender sus sedes” para hacerle frente. Aún así, “esa no es la solución”, apuntan. Es aquí donde Junts y ERC todavía no se han puesto de acuerdo.

Mientras la ANC apuesta por construir una nueva caja de resistencia y alborotar las calles para conseguir más adeptos con la causa independentista, el ‘ala dura’ de Junts reclama que se haga cargo del pago el nuevo Govern. Algo que constituiría un flagrante delito de malversación de caudales público y sería vuelta a lo mismo.

Otro sector apuesta por volver a la caja de solidaridad con el apoyo de los partidos, mientras que ERC meditan con preocupación qué hacer. Un sector de los republicanos apuesta directamente por llevar el asunto a la mesa de diálogo. 

Quizá el Gobierno puede interceder por ellos ante la Justicia, como ya está haciendo con la posible concesión de los indultos. Un primer guiño a este plan lo podría haber hecho el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien este lunes ha confirmado dejar atrás la vía unilateral, en claro gesto que le pedía Moncloa a los indultos de Pedro Sánchez.

El indulto parcial se diferencia del total porque sólo afecta a algunas penas impuestas no a todas. En este caso se podría ceñir solamente a sacar de prisión a los condenados. Si el indulto afecta a las multas, exime al indultado de pagar las cantidades aún no satisfechas, pero no implica la devolución de las ya pagadas, salvo que se diga expresamente.

Voces republicanas defienden que los socialistas ‘tienen mano’ en la composición del Tribunal de Cuentas y aseguran que «es un asunto que forma parte del conflicto». Los republicanos apuestan por ir con todo a la mesa de diálogo.