Los retos de la economía española en 2022 tras el año de la recuperación
Recuperar niveles prepandemia, aprobar las reformas prometidas a Bruselas para poder recibir los fondos europeos y, después, conseguir gastar ese dinero a tiempo
Si 2020 fue el año de la pandemia y 2021 el de la recuperación, España debería entrar en 2022 con la mira puesta en el siguiente paso: estirar todo lo posible el crecimiento de la economía.
¿Y cómo se hace eso? Para empezar, solucionando todos esos puntos débiles que favorecieron que España se convirtiera en la economía avanzada que más sufrió el impacto del Covid-19 en 2020 y que están frenando la recuperación.
Recuperar niveles prepandemia, aprobar las reformas prometidas a Bruselas para poder recibir los fondos europeos y, después, conseguir gastar ese dinero a tiempo. Encontrar el equilibrio entre la retirada de estímulos y la introducción de medidas que podrían frenar la recuperación son los principales retos que afronta España en 2022 y que definirán las posibilidades de que el país pueda dejar atrás definitivamente el calvario económico que supuso la pandemia.
Recuperar los niveles de PIB prepandemia: España va la última
En 2020, España fue la economía avanzada que más sufrió el impacto del Covid-19. El PIB se hundió un 10,8%, un desplome no visto desde la Guerra Civil. Y aunque la recuperación comenzó en 2021, está siendo más lenta de lo esperado.
En los últimos meses todos los organismos, desde la Comisión Europea hasta la OCDE, pasando por el FMI o el Banco de España, han recortado sus previsiones de crecimiento para España, de más del 6% a cerca del 4,5%. Todos, menos el Gobierno, que mantiene su estimación del 6,5% para este año.
La lenta recuperación se traduce en que no se espera que la economía española regrese a niveles prepandemia hasta 2023, mientras que EEUU ya los ha recuperado y la mayoría de economías europeas también lo han conseguido o lo alcanzarán a lo largo de 2022.
España será la economía avanzada que más crezca en 2022, por encima de EEUU o Alemania, según los cálculos del FMI. El problema es que, por mucho que lidere el crecimiento en 2022, si el PIB cayó mucho en 2020 y ahora el rebote no es tan fuerte, significará que hará falta más tiempo para que llegar al nivel de partida de 2019.
Para lograrlo, España tendrá que gastar adecuadamente el dinero de los fondos europeos, y hacer frente a amenazas como la aparición de nuevas variantes o la escalada de la inflación.
Que España logre ejecutar el dinero de los fondos europeos
España tiene ante sí un gran reto. En los próximos años recibirá más de 80.000 millones de euros en ayudas directas de los fondos europeos que podrían impulsar la recuperación de la economía. Pero para ello tiene que conseguir gastar ese dinero, y España nunca se ha caracterizado por aprovechar los fondos que recibe de la Comisión Europea.
Ahora mismo la economía avanza empujada por el consumo de los hogares, pero ese empuje está perdiendo fuelle, y en 2022 hará falta una ayuda extra, que debería venir del gasto público. Si no es así, la recuperación podría frenarse.
Tradicionalmente España se encuentra entre los países europeos con peor ejecución de los fondos asignados. Eso significa que el dinero llega, pero no se gasta a tiempo. Las causas tienen que ver con cuellos de botella administrativos, mala coordinación entre administraciones o falta de recursos y de personal cualificado para la asignación de fondos.
En los próximos meses habrá que ver la evolución de la ejecución. El Gobierno ha anunciado que ya se han ejecutado 10.425 millones de euros, más del 40% de lo presupuestado hasta ahora, pero eso no es del todo cierto. Ese importe se ha transferido a otras administraciones (como las comunidades autónomas) pero eso no significa que ya se haya ejecutado y haya llegado a la economía.
De hecho, ya ha ocurrido que de los 7.000 millones de euros repartidos a las comunidades para que dieran ayudas directas, cerca de un 60% se ha quedado sin repartir.
La retirada de estímulos: ni muy pronto, ni demasiado tarde
España ha gastado mucho dinero para mantener la economía después del batacazo de la pandemia. Para evitar el derrumbe de la economía, el Gobierno hizo un desembolso histórico, con el mayor incremento del gasto público en la historia de la democracia.
ERTE, moratorias, préstamos ICO, ayudas directas… Hay una larga lista de medidas que se lanzaron en 2020, y muchas de ellas se han ido prorrogando y continúan en vigor todavía. Hay miles de empresas y empleos que dependen de ellas. A día de hoy, por ejemplo, todavía hay alrededor de 200.000 personas en ERTE.
El problema es que, conforme la economía se recupera, el Gobierno deberá ir retirando estas medidas de estímulo. De lo contrario, el esfuerzo fiscal para mantener ese gasto podría convertirse en un lastre para la recuperación. Pero si lo hace demasiado pronto o demasiado rápido, la economía podría no tener todavía la fortaleza como para despegar sin ayuda, y también podría truncarse.
«En el contexto actual y previsto, las políticas monetaria y fiscal deben evitar una retirada prematura de los estímulos», avisa el Banco de España, que recomienda que en 2022 las medidas de apoyo sean más selectivas, centradas únicamente en empresas y grupos poblacionales en los que aún se dejan sentir las consecuencias de la crisis.
Recuperar las reglas de estabilidad y culminar una reforma fiscal
Para poder responder a la pandemia y evitar el desplome de la economía, el Gobierno disparó el gasto público, y eso implicaba hacer la vista gorda si la deuda o el déficit aumentaban.
En efecto, en 2021 la deuda ha alcanzado máximos históricos y amenaza con convertirse en un lastre que arrastrar durante generaciones.
Para evitarlo, el Banco de España recomienda diseñar una agenda de consolidación que permita reducir déficit y deuda una vez la recuperación sea sólida, y eso podría ocurrir en 2022.
La Comisión Europea ya ha anunciado que 2022 será el año en el que se recuperará el Pacto de Estabilidad, un acuerdo que incluía una serie de reglas fiscales en materia de déficit y deuda que todos los países debían cumplir para evitar futuros riesgos financieros o crisis de deuda.
Con la irrupción de la pandemia, este pacto quedó suspendido para poder elevar el gasto público sin preocuparse por la deuda. Recuperar este pacto significa que España podría tener que apretarse el cinturón bastante. Para ello, el Gobierno ya ha anunciado que a lo largo de 2022 elaborará una ambiciosa reforma fiscal, que podría incluir un impuesto al diésel y a las rentas altas.
Por el momento, el Ejecutivo ha encargado a un grupo de expertos estudiar qué medidas fiscales serían más efectivas. Las conclusiones se conocerán a finales de febrero.
La concentración bancaria… ¿continuará?
El sector bancario español está buscando un revulsivo a su creciente pérdida de rentabilidad a través de una serie de fusiones entre algunas de las principales entidades del país. Este proceso ya llegó a un punto álgido en 2021 con la fusión de Bankia y CaixaBank.
La banca española ya es la que más se ha concentrado de Europa desde 2008, y está generando un impacto laboral, con la destrucción de un tercio de sus empleos desde 2012, y en sus servicios, con al menos 4.000 sucursales amenazadas de cierre a lo largo de este año.
El año 2022 también será un ejercicio complejo para el sector bancario español, marcado por la incertidumbre, por el incremento de la morosidad y por las bajas rentabilidades.
«El año que viene será un punto de inflexión para el sector bancario», explican desde la agencias de rating Axesor, que no descarta nuevas fusiones y adquisiciones, con BBVA y Banco Sabadell en el punto de mira.
BBVA todavía tiene exceso de capital por la venta de su filial de Estados Unidos, mientras que Sabadell, aunque tiene un buen plan estratégico, ha revelado cierta debilidad en los test de estrés de capital.
Sacar adelante la reforma laboral y medidas estructurales
España se ha marcado una serie de hitos con la Comisión Europea que tendrá que ir cumpliendo en 2022. Si no lo hace, podría dejar de recibir el dinero de los fondos europeos. Entre las medidas pactadas está aprobar una nueva legislación para el mercado laboral, una reforma de las pensiones o un plan de rehabilitación que mejore la eficiencia energética del parque de vivienda.
Hasta ahora, el Gobierno está cumpliendo. Ya ha aprobado la primera parte de la reforma de las pensiones y también de la reforma del mercado laboral. Además, ha aprobado un ambicioso plan de rehabilitación de viviendas, al que destinará más de 4.400 millones de euros, y una ley de vivienda. Pero esta era la parte «fácil», si se compara con lo que viene ahora.
El Gobierno ha dejado para 2022 las partes más conflictivas de la reforma de las pensiones, que tendrá que pactar en un segundo capítulo. Al mismo tiempo, se las tendrá que ver en un Congreso muy dividido para lograr el visto bueno a lo pactado en la reforma laboral y en la ley de vivienda, hasta el punto de que podrían verse obstaculizadas.
Por último, aunque el plan de rehabilitación no cuenta con estas dificultades, las exigencias de Bruselas no son pocas, y para cumplirlas hará falta que miles de propietarios se pongan manos a la obra a rehabilitar.
Capear una inflación desbocada
La inflación se ha convertido en una de las grandes amenazas para la economía española, según ha advertido recientemente el propio Banco de España. En noviembre, el precio de los productos se disparó un 6,7%, hasta niveles no vistos en casi 30 años.
Estas subidas vienen dándose desde principios de verano, y van a durar más de lo que se esperaba, por lo menos hasta bien entrado 2022. El problema es que como los precios no dejan de subir, el poder adquisitivo de los hogares españoles es cada vez menor, y esto puede provocar una caída en el consumo, tan necesaria en plena recuperación de la economía.
Lo primero, ver si efectivamente la inflación se modera de aquí a la próxima primavera, tal y como espera el Banco Central Europeo. Si no fuera así, se encenderían las señales de alarma, porque la inflación podría enquistarse y contagiarse a otros sectores e incluso a salarios.
Durante los próximos meses será clave la gestión de la inflación que se haga en política económica. Por ejemplo, el Banco de España recomienda evitar indexaciones generalizadas en las partidas de gasto, revisar las deficiencias del mercado energético que provocan que el precio de la luz se dispare y limitar una traslación de la inflación a los salarios.
Noticia original: Business Insider
Autora: Inma Benedito