Los radicales piden dinero para afrontar los gastos de abogados si son detenidos
La CUP apoya a los radicales difundiendo las cuentas bancarias en favor de los detenidos por los disturbios, horas después de pactar con ERC que retiren el uso de material antidisturbios a los Mossos d'Esquadra.
Los movimientos radicales que estos días participan en las protestas y acciones violentas piden ahora dinero para sufragar los gastos de los abogados que necesitarán si son detenidos y llevados a juicio, así como para los 144 detenidos que ya lleva los agentes a raíz de las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.
El mundo al revés. Alerta Solidaria, «organización antirrepresiva de la izquierda independentista», según se hacen llamar, es un movimiento radical, bien organizado a través de las redes sociales que estas noches está participando en los destrozos y disturbios ocasionados en Barcelona y sus alrededores, a raíz de las manifestaciones que piden liberar al rapero Pablo Hasel (en prisión por cuatro condenas y una quinta causa judicial abierta).
La organización colgó en sus redes este lunes un cartel con dos cuentas bancarias, una para ayudar a Hasel y otra para «afrontar los procesos judiciales y los gastos de prisión» bajo el lema: «Ellos están preparados, nosotros también», en clara alusión a los Mossos d ‘Esquadra.
La red social Twitter ha censurado la cuenta a la organización este lunes tras colgar la imagen pidiendo dinero para sufragar este tipo de gastos, que no responden a otra cosa que a hacer frente a la Policía y a seguir alimentando los disturbios en Cataluña, tal y como hacen ver en el cartel que la organización ha diseñado.
La CUP muestra su apoyo a la causa
El partido radical con el que Pere Aragonés mantiene conversaciones para intentar formar el próximo Govern también se ha solidarizado con esta causa difundiendo el número de causa para ayudar a los detenidos, entre los que se encuentran tres encarcelados: Pablo Hasél, el inglés William y Cristian Mestre, de Reus, detenido en Granada la semana pasada durante una manifestación pro-Hasél.
No hace ni seis horas que ERC y la CUP han pactado una «moratoria» en el uso de algunos materiales antidisturbios, como el uso de las balas de foam, unos proyectiles antidisturbios que la policía catalana utiliza en lugar de las balas de goma.
Republicanos y antisistema también han pactado que la Brimo, la unidad antidisturbios de los Mossos, no vaya a los desahucios. «Esto lo hemos propuesto a ERC y Junts, y terminamos la semana con una buena predisposición de ERC para aceptarlo. Es una buena manera de poder seguir negociando», destacó Sabater este lunes en una entrevista a TV3.
El pacto, o las bases del mismo, entre ERC y la CUP ha cosechado rápidamente las críticas del consejero catalán de Interior en funciones, Miquel Sàmper, quien ha dudado de la fiabilidad de este pacto anunciado por la CUP. «Yo creo que este acuerdo, esta firma, tengo la percepción de que no existe», apuntó el consejero añadiendo que si se elimina este material de los antidisturbios se debe garantizar que los Mossos tengan alguna otra forma de dispersar a los violentos, como por ejemplo el gas pimienta.
Otro movimiento de la izquierda radical más conocido, los jóvenes de Arran, se han hecho eco de lo que han denominado «censura» de Twitter y han pedido a sus seguidores acudir a otra red social, Telegram, para descargarse el cartel y ayudar a la causa.
No es la primera vez que este movimiento radical se moviliza así para seguir alimentando las protestas en las calles de Barcelona. Tal y como publicó Economía Digital, la semana pasada, Alerta Solidaria, colgó en estas mismas redes sociales un manual donde explicaba cómo tenían que actuar los manifestantes si eran detenidos por los Mossos d’Esquadra.
Entre los consejos que les lanzaba figuraban: «la visita médica ha de ser sin presencial policial»; «no firmes ningún documento»; «no autorices que te hagan pruebas de ADN, ni que te hagan fotos a tatuajes»; «no des más información de la que consta en el DNI«; «mantén la calma e intenta grabar con el móvil».
El Ayuntamiento de Barcelona cifró la semana pasada en 7 millones de euros el coste de los destrozos, solo contando los vuelos cancelados y los contenedores y coches quemados. Algunas asociaciones ya han comenzado a moverse para reclamar en diferentes ventanillas una indemnización por el daño sufrido.
La entidad Convivencia Cívica Catalana anunció el viernes que impulsará una demanda colectiva de empresarios contra la Generalitat por los desperfectos que han sufrido en sus negocios. Convivencia Cívica Catalana culpa al miembros del Govern de haber alimentado las protestas y, por tanto, ser copartícipes de la destrucción resultante.
También el Gremi de Restauració de Barcelona, propietarios de bares y restaurantes, ha reclamado al Ayuntamiento que se persone como acusación popular en todas las causas que se inicien con motivo de los disturbios. Desde esa posición, el Ayuntamiento podría realizar actuaciones procesales en defensa de los intereses de estos empresarios que han visto desplomarse el consumo en los últimos días.
Los sindicatos de Mossos miran al Consejero en busca de refuerzos por parte de Interior porque ya hay anunciadas más protestas de cara a este martes y a lo largo de esta semana. Señalan que están «hartos» que las negociaciones para formar Gobierno impidan a los políticos atender a los ciudadanos y demandan «acciones claras» para hacer frente estos actos violentos.
