Los Pujol dan marcha atrás: esconden en su querella el nombre de la persona a la que denuncian

Los abogados de la familia Pujol, capitaneados por el penalista Cristóbal Martell, se han querellado contra un desconocido. La denuncia por vulneración de secreto bancario que los representantes de la familia presentaron ayer por la tarde en Andorra deja al margen a los bancos Andbank y Banca Privada d’Andorra pero tampoco especifica la identidad de la persona física a la que demandan, según ha podido saber Economía Digital en fuentes jurídicas del Principado.

Como ni el nombre de los chivatos que filtraron datos a la UDEF consta en los escritos registrados ayer ni se actúa contra entidad alguna, existe un alto grado de probabilidad de que el juez no admita a trámite las denuncias. La batalla legal ha desembocado en esta extraña maniobra ante la falta de pruebas que impliquen las entidades salpicadas por el escándalo. Los abogados del clan ni siquiera habrían reunido los elementos mínimos para exigir responsabilidades subsidiarias a BPA o Andbank; además han sido incapaces de señalar con certeza a los empleados sospechosos.

Divisiones en el bufete de Martell

Esta hoja de ruta ha generado grietas dentro del bufete de Martell. Sus socios andorranos han sido disciplinados pero no comparten la maniobra. Según las mismas fuentes, los letrados lograron convencer al afamado penalista barcelonés para que dejara al margen los bancos. El riesgo de que éstos respondieran con demandas millonarias por daños y perjuicios era elevado si Martell y los Pujol optaban por sustanciar las amenazas e implicar judicialmente a las dos entidades. A pesar de ello, el abogado principal del ex presidente catalán impuso, sin considerar el criterio de sus compañeros, la querella vacía de contenido para ganar tiempo en España.

Los últimos datos conocidos de la estrategia legal de los Pujol se suman a las acusaciones de persecución política, que habría orquestado, según la tesis, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. El recurso para frenar la comisión rogatoria está trufado de argumentos políticos con los que se busca blindar la información bancaria de Jordi Pujol Ferrusola y su ex pareja, Mercè Gironès. El magistrado español ha solicitado esos datos para preparar su próxima declaración. Ambos deberán explicar cómo se incrementó su saldo bancario de 106.000 euros a más de 12 millones en apenas ocho años, según señala la policía.