Los presos del «procés» harán toda la campaña fuera de la cárcel

Oriol Junqueras y el resto de los presos del procés tienen todos los números de poder protagonizar el grueso de la campaña de las elecciones catalanas fuera de la cárcel, puesto que revocar el tercer grado penitenciario recién obtenido de manos de manos de la Generalitat no va a ser precisamente cuestión de días.

Así lo explican las fuentes jurídicas consultadas, que también aseguran que la nueva concesión del régimen de semilibertad a los presos del 1-O por parte de las juntas de tratamiento penitenciario y de la consejería de Justicia de la Generalitat «no ha sido ninguna sorpresa».

Y eso a pesar de que el Tribunal Supremo ya revocó a principios de diciembre con toda contundencia el anterior tercer grado que la Generalitat concedió en el mes de julio a los dirigentes independentistas.

No han pasado, por tanto, ni dos meses desde que el Supremo anuló el tercer grado manifestando su irritación contra la concesión de un régimen de semilibertad completamente contrario a las penas de cárcel impuestas por delito de sedición.

«Los órganos de la administración penitenciaria no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal de justicia, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente», expresó el Supremo.

Pero la secretaría de Medidas Penales de la Generalitat ha vuelto por los mismos derroteros ignorando al Supremo, a pesar de que el Alto Tribunal ya estableció que «los hechos declarados probados en nuestra sentencia ya no pueden ser objeto de reinterpretación ni por el penado ni por terceros».

Preguntadas por la posibilidad de que la secretaría de Medidas Penales de la Generalitat sea objeto de algún tipo de denuncia o de amonestación por insistir en conceder el tercer grado a los presos del procés, las fuentes jurídicas consultadas responden que es «muy complicado».

«Quizás cabría la prevaricación, pero sería difícil demostrar este delito porque las instituciones penitenciarias se agarrarán a que tocaba reunión de la juntas de tratamiento de las cárceles como cada seis meses», explican a Economía Digital.

¿Qué puede pasar por ahora? De entrada se abre un período de varios días para que los papeles del tercer grado se muevan de una instancia a otra: de las cárceles a los juzgados de vigilancia penitenciaria, y de los juzgados a la fiscalía para que el ministerio público estime si cabe recurso.

En manos de los juzgados de vigilancia penitenciaria

La fiscalía, con toda seguridad, recurrirá porque siempre lo ha hecho, tanto cuando las cárceles comenzaron a conceder permisos de trabajo como cuando adoptaron la vía del tercer grado.

Otra cosa muy distinta es cómo actuarán, de entrada, los juzgados de vigilancia penitenciaria porque ya se dio el caso de que todos, excepto uno de Lleida, avalaron los permisos de salida.

«Ahora se da una circunstancia, que es que ese juzgado de Lleida tiene un nuevo juez debido a una baja y es difícil presuponer cómo va a actuar», dicen fuentes jurídicas.

Aquel juzgado de Lleida fue el que, tras examinar un recurso de la fiscalía contra un permiso concedido a Carme Forcadell, optó por elevar el recurso al Supremo el pasado mes de mayo. Y, por tanto, el que propició la revocación del tercer grado en diciembre. «Veremos cómo van las cosas ahora, pero rápidas no van a ser porque en aquel caso hablamos de siete meses», subrayan a ED.

En estas condiciones da sus primeros pasos una campaña de las elecciones catalanas que, podía pensarse, estaría dominada por la pandemia pero que, en el primer compás, ha cambiado de guion. Vuelven los presos, «el conflicto político» y «la represión». Vuelve el procés si es que alguna vez se fue.