Los partidos pro consulta buscan cómo desactivar el 9N de forma conjunta

Juntos. Esta vez los partidos catalanes favorables a la consulta soberanista desean que todo se acuerde entre todos. Y también un acuerdo para desactivar la consulta del 9 de noviembre, al que se llegará cuando ya se vea imposible cumplir los plazos previstos para que todo el proceso pueda tener unas mínimas garantías democráticas.

Lo que ocurre es que no todo se puede prever, y los principales responsables, como el portavoz del Govern y conseller de Presidència, Francesc Homs, pueden acabar precisando en que momento se les dirá a los catalanes que no habrá consulta.

Homs aseguró este lunes que el límite se fijará alrededor del 15 de octubre. Si el Tribunal Constitucional no levanta la suspensión de la consulta, el Govern constatará que ya no podrá ser el 9 de noviembre. Pero como el corrupto jefe de policía en Casablanca –»qué escándalo, aquí se juega»– la dirección de Esquerra Republicana reaccionó con sorpresa. “Esquerra está descolocada, porque el viernes se ofrecieron todas las garantías para celebrar la consulta”, afirmó la portavoz de Esquerra, Anna Simó, en alusión a la cumbre de los partidos pro consulta en el Palau de la Generalitat.

Seguir unos días más

Lo cierto es que de esa reunión, precisamente, surgió un acuerdo: que nadie actúe por su cuenta, y se baje del autobús antes de hora. La voluntad, en gran parte por el empuje de Esquerra, es seguir unos días más, y mantener el pulso con el Gobierno español, asumiendo que el trabajo es hercúleo: cómo organizar una consulta, y desarrollar todos los mecanismos, cuando el Gobierno está dispuesto a impugnar cada paso, al margen de que la ley de consultas y el decreto de convocatoria estén ya suspendidos por el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo español actuó este mismo lunes, al recurrir el decreto de constitución de la comisión de control del 9N, una especie de Junta Electoral, que el President Mas firmó el jueves, a pesar de que la ley de consultas, de la que emana, ya estaba suspendida por el Constitucional.

El hecho determinante, además de esa posición firme del Gobierno, es que uno de los siete miembros de esa comisión, Quim Brugué, catedrático de Ciencia Política en la UAB, a propuesta de ICV, ha dimitido. Considera que no se dan “las garantías democráticas necesarias”, y que, en estos momentos, se haría “más mal que bien” si se decidiera seguir con los preparativos.

El papel de ICV

La decisión de Brugué es decisiva, porque apela a ICV, aunque este lunes quisiera tirar balones fuera, con la idea de que, aunque razonable, se trataba de una decisión personal. No lo es, porque la dirección de ICV, con Joan Herrera y Dolos Camats a la cabeza, considera que, efectivamente, el proceso soberanista hacia el 9N ha comenzado a torcerse ya de forma inexorable. Pero el acuerdo entre los partidos pro consulta se mantiene. Por ahora.

Lo que Brugué ha denunciado es que el derecho a decidir se camufla con una de las opciones: la independencia. Y que si los alcaldes se quieren convierten en la garantía del proceso –la Asociación de Municipios por la Independencia se ha brindado a organizar la consulta– deberían haber sido más prudentes. La prueba más flagrante es que casi 900 alcaldes, representando al 90% del territorio catalán, –incluida Barcelona– se reunieron con el President Artur Mas este sábado en el Palau de la Generalitat para entregarle las mociones aprobadas en favor de la consulta, y lo que ocurrió es que acabaron clamando “independencia, independencia”, en el propio patio del Palau.

Las contradicciones del Govern

El propio Brugué, en su cuenta de Twitter, ese mismo sábado, mostró su malestar, y algunos alcaldes aseguraron, posteriormente, que se habían sentido utilizados.

Los partidos insisten. CiU, ERC, y la CUP, inciden en que se puede votar el 9 de noviembre. Y aseguran que todo sigue adelante. Pero también piden celeridad al Tribunal Constitucional para que estudie las alegaciones jurídicas presentadas, y levante antes del 9N la suspensión cautelar.

Lo curioso es que, mientras le exigen que decida rápido, el Parlament ha aprobado recusar al presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos y al magistrado Pedro González Trevijano, que es uno de los ponentes de los fallos que deben resolver los recursos. Y esas recusaciones deben resolverse antes, por parte del TC, con lo que no se prevé, según fuentes jurídicas, que el Constitucional pueda ni levantar la suspensión, ni dictar una sentencia sobre el contenido antes de tres meses.

¿Y la lista unitaria?

El problema de los partidos pro consulta, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, es que deberán decidir en muy pocas semanas la otra cuestión decisiva que se dirime en Cataluña. Tras desactivar el 9N, ¿quién se unirá a una lista unitaria como pretende Artur Mas para poder avanzar las elecciones? Y si esa lista unitaria se realizar como un bloque independentista, y obtiene mayoría absoluta, ¿qué voto emitirán en el nuevo Parlament fuerzas políticas como ICV-EUiA, que han dado libertad de voto para el 9N a sus militantes?

El acuerdo, por ahora, es que la ‘voladura’ del 9N sea controlada, sin que nadie salga perjudicado.