Los partidos catalanes acorralan a Borràs hacia su destitución
La oposición en bloque, ERC y parte de Junts exige a la presidenta del Parlament que se aparte del cargo, antes de la activación del reglamento de la cámara
Imagen de Laura Borràs, en un acto institucional del Parlament / Junts per Catalunya
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha publicado el auto de apertura de juicio oral para el presunto caso de corrupción que implica a Laura Borràs, en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Después de numerosos intentos del equipo legal de Borràs, encabezado por el abogado Gonzalo Boye, para dilatar el proceso, la presidenta del Parlament ya sabe que subirá las escaleras de acceso a los juzgados.
El último movimiento judicial ya pone una primera fecha de caducidad de Borràs en la cámara catalana: este mismo jueves al mediodía. La todavía presidenta del Parlament ha convocado a la mesa para analizar su situación legal. ERC, PSC y la CUP forzarán la activación del reglamento, siempre que Laura Borràs no presente antes la dimisión de su cargo en la segunda institución de Cataluña.
Borràs afronta una petición, por parte de Fiscalía, de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación de cargo público, en virtud de unos delitos de prevaricación y falsedad documental. El ministerio fiscal acusa a la líder juntera de fraccionar 18 contratos menores, con un valor global superior a los 300.000 euros, para beneficiar a un informático amigo suyo.
El artículo 25.4 del Parlament
La normativa del Parlament de Cataluña, en su artículo 25.4, establece la suspensión de los derechos parlamentarios de un diputado, siempre que tenga un acto firme de juicio oral por delitos vinculados con la corrupción. Con la pérdida de la condición de diputada, Borràs podrá mantener su acta, pero sin prerrogativas como el ejercicio del voto o el cobro del sueldo.
Otra opción que se contempla, desde el entorno más fiel a la presidenta del Parlament, es la petición de un informe a la comisión del Estatuto del Diputado para valorar la aplicación del mandato judicial. Según fuentes jurídicas, esta maniobra sería una nueva táctica dilatoria, sin ningún tipo de recorrido a largo plazo.
Antes de recurrir a la aplicación del reglamento del Parlament, todos los partidos de la oposición (Especialmente ERC y PSC) llevan pidiendo a Borràs que dé un paso al lado, en un intento de “preservar la ejemplaridad de la institución”. Lejos de atender a estas demandas y a parte de Junts, Laura Borràs niega el gesto. De hecho, a través de las redes sociales, sus fieles ya han convocado protestas en las puertas del Parlament para expresar la solidaridad hacia su figura.
La posición de Junts per Catalunya
Pese a las muestras de apoyo en público y en las redes sociales, en el seno de Junts per Catalunya no existe una posición unánime en el caso de Laura Borràs. A raíz del sentido de voto de ERC y la CUP en la aplicación del reglamento del Parlament para suspender a la presidenta, una parte de la dirección de Junts ha pedido la dimisión a Borràs.
Las voces consultadas por Economía Digital no niegan el calificativo de persecución política para el caso de la Institució de les Lletres Catalanes, pero a la vez quieren evitar el “bochorno institucional de la suspensión”. Cierto que Borràs ha consolidado su liderazgo en el partido, después de los congresos en el sur de Francia y Hospitalet de Llobregat, ahora bien, sus movimientos generan fisuras.
La misma causa judicial o la férrea defensa a Francesc de Dalmases por la polémica de la presunta intimidación a una periodista de TV3 ha generado discrepancias en la militancia. “Su actitud nos perjudica claramente, de cara a los próximos ciclos electorales y, por tanto, nuestra supervivencia como partido”, afirman en Junts. En las bases del partido hay el convencimiento de que Laura Borràs adopta una actitud tan desafiante, porque ya tiene el blindaje mediático de la presidencia de los junteros.
