Los mossos delatan a Miquel Buch: él ordenó dejar la pancarta contra el Rey

Los Mossos d’Esquadra siguen en el punto de mira. El 22 de septiembre la policía de la Generalitat presentó en la Fiscalía de la Audiencia Nacional diligencias por un posible delito de odio en la colocación de una pancarta contra Felipe VI en la concentración del 17 de agosto para homenajear a las víctimas de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.

En concreto, la policía autonómica señala la pancarta en inglés con el lema «El rey español no es bienvenido en los Países Catalanes» acompañado de una imagen del Rey boca abajo, ubicada en un edificio de la plaza de Cataluña de Barcelona, donde se celebró el acto de homenaje en presencia del Monarca.

Los mossos identificaron a cuatro personas y al dueño del inmueble y constataron que el propietario de la vivienda estaba de acuerdo con la instalación de la pancarta en el balcón. Según informa este jueves ABC, el jefe operativo de los Mossos ordenó retirar la pancarta, pero el consejero del Interior, Miquel Buch, les ordenó que la dejaran en el mismo lugar.

El consejero del gobierno de Quim Torra argumentó que la pancarta era «un ejercicio de libertad de expresión» y que la decisión de permitir o no la pancarta era competencia del Ayuntamiento. Se opuso así a la petición de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, de retirar la pancarta, tras acudir al lugar acompañada por miembros de la seguridad de la Casa Real.

Los mossos creen que la pancarta pretendía «boicotear» la manifestación del 17-A

Según los mossos, la colocación de la pancarta «trasciende la libertad de expresión y de ideas» y fue una «maniobra para boicotear la manifestación». La versión oficial hasta la fecha sostenía que los agentes del cuerpo policial se desplazaron al inmueble donde estaba colocada la pancarta para comprobar los anclajes y asegurarse de que no causaba problemas de seguridad.

La denuncia de los mossos se conoce la misma semana en la que el sindicato de la policía autonómica USPAC ha pedido que la fiscalía archive la investigación contra 14 ciudadanos que retiraban lazos amarillos de la vía pública, a los que el gobierno de Torra abrió un expediente en aplicación de la llamada ley mordaza.