Los malabares que deberá hacer Pedro Sánchez con Quim Torra
Sánchez ofrece diálogo a Torra, pero orilla las prioridades del independentismo: ni hablará de autodeterminación ni de políticos en prisión
“Esta moción es la expresión de que en España no se puede gobernar contra Cataluña”. Con esta invectiva planteada en términos tan tradicionalmente convergentes definía el portavoz del Pdecat en el Congreso, Carles Campuzano, el deslizamiento que ha permitido la virtual aprobación de la censura a Mariano Rajoy.
Se trata de una moción planteada por el PSOE como un castigo político por la corrupción en el seno del PP certificada por la sentencia del caso Gürtel, pero que tirará adelante gracias al apoyo, además de Podemos y los nacionalistas vascos del PNV y Bildu, de los partidos independentistas catalanes. Así pues, ¿está pagando Rajoy el precio de la corrupción en su partido, o más bien el de su intervención en Cataluña?
Pdecat y ERC han visto en la moción una forma de tomarse la revancha de Rajoy por la derrota sufrida en su pulso con el Gobierno y, por extensión, con las instituciones del estado
Sea como fuere, Pdecat y ERC han visto en la moción una forma de tomarse la revancha de Rajoy y su gobierno por la derrota sufrida en su pulso con el ejecutivo y, por extensión, con las instituciones del estado. Pero también una ocasión para vislumbrar un margen de maniobra y una iniciativa política que perdieron con la aplicación del artículo 155 y que, siete meses después, todavía no han recuperado.
Los socialistas han insistido la última semana en que no ofrecerían nada a los independentistas a cambio de su voto. Pero Pedro Sánchez ha acabado lanzándoles los suficientes guiños para recabar el apoyo no solo de los de Oriol Junqueras, que ya se habían mostrado abiertamente favorables a la censura, sino también el Pdecat, mucho más ambivalente, sobre todo por las reticencias del expresident Carles Puigdemont.
Sánchez compra el relato
Sánchez definió este jueves la crisis catalana como “un problema político” que “requiere una solución política” y que arrancó de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que en 2010 recortó el Estatut.
Con ello, compraba el relato que en Cataluña se ha convertido en hegemónico entre el independentismo e incluso más allá, y marcaba distancias con el PP y Cs, dándole a Esquerra y a los herederos de Convergència argumentos para defender ante su público que, pese a todo, pese al apoyo socialista al despliegue del 155, Sánchez no es, por lo que respecta al procés, lo mismo que Rajoy.
Sánchez abogó por “el diálogo” como principal recurso de su futuro gobierno en franca minoría, y reconoció como interlocutor al nuevo presidente catalán, Quim Torra. Claro que los límites de esa oferta son, en última instancia, los mismos que ya marcó Rajoy: el respeto a la Constitución y el Estatut. Lo que excluye el derecho de autodeterminación, que ya se sabe que es la madre del cordero.
Lista de peticiones
Sánchez, que abogó por “explorar mecanismos para garantizar la convivencia”, sí que se ofreció a revisar algunas de las reivindicaciones no atendidas de entre aquellas 46 que, al principio de su mandato, Puigdemont trasladó a Rajoy (una reelaboración de otra, esta de 24 puntos, que antes ya le había planteado Artur Mas).
Se entiende que queda excluida la primera, aquella que hablaba “dar respuesta política a un mandato democrático”, fórmula eufemística que hay que traducir por “autorizar un referéndum sobre la independencia”. Quedan las demás, una macedonia que va de reforzar la financiación de políticas sociales y el sistema de salud a revisar el modelo de financiación autonómica, priorizar el corredor mediterráneo o corregir el déficit inversor acumulado en Cataluña. Pero es la de la autodeterminación la que más interesa al independentismo.
Un eventual ejecutivo socialista renunciaría al agresivo frente judicial que Rajoy abrió en 2014, traducido desde entonces en la presentación de 55 recursos al TC
Sánchez también le tomó la palabra a Torra en lo que se refiere a la recuperación de las 16 leyes catalanas de ámbito social que permanecen suspendidas porque Rajoy las recurrió al TC, y que el president anunció el día de su investidura que quería recuperar, sin precisar por qué vía.
La lista incluye la ley de pobreza energética, la de igualdad entre hombres y mujeres o la del cambio climático, que preveía crear un impuesto a los cruceros y las empresas más contaminantes. “Hay leyes de las que podríamos hablar”, concedió Sánchez.
En todo caso, en la apelación de Sánchez a buscar “una solución política” se puede leer que un eventual ejecutivo socialista renunciaría al agresivo frente judicial que Rajoy abrió en 2014, y que se ha traducido desde entonces en la presentación de 55 recursos al TC contra la Generalitat y el Parlament, de los que apenas 26 hacen referencia a medidas directamente vinculadas al proceso independentista.
Presos y juicios, al margen del debate
Cosa muy distinta son las investigaciones y los litigios ya abiertos contra el procés, y los políticos y líderes sociales en prisión, que Sánchez ha dejado claro que son cosa de los jueces. El líder socialista rechazó la afirmación de Campuzano de que en España no hay separación de poderes y también la denominación de “presos políticos” utilizada tanto por el portavoz del Pdecat como por el republicano Joan Tardà, al que Sánchez también le recordó que la Constitución reconoce “la legítima aspiración de autogobierno” que pueda haber en Cataluña, “pero no el derecho de autodeterminación”.
Es decir, que el diálogo puede versar sobre muchos asuntos, pero sin entendimiento sobre ninguno de los que el independentismo considera prioritarios. El referéndum, porque no lo prevé la legalidad vigente. Los encarcelados, porque eso es cosa de los jueces. Claro que, si se iniciaran conversaciones, y gobernando Sánchez con una minoría tan ínfima, es perfectamente probable que antes de que la eventual negociación llegue a abordar los puntos críticos, toque volver a las urnas.
