Los magistrados del TSJC votan el futuro del ‘caso ATLL’
El alto tribunal catalán consensuará la primera sentencia sobre 'el fondo' de la privatización más polémica de Cataluña, tras varias resoluciones jurídicas contrarias a la decisión del Govern
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) se enfrenta este miércoles a una votación clave: la que decidirá el futuro de la privatización más polémica de Cataluña, la de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Los magistrados se pronunciarán por primera ocasión lo que la Generalitat de Cataluña y la concesionaria del servicio, un consorcio liderado por Acciona, denominan la cuestión de fondo. Es decir, si el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, la antigua Oarcc, tenía razón al decretar que la oferta ganadora incumplía las condiciones del concurso.
Este miércoles se llegará a un acuerdo, pero la sentencia no se publicará hasta pasadas unas semanas. Los jueces debaten y resuelven la cuestión, pero uno de ellos (el que actúa como magistrado ponente) deberá redactar posteriormente las conclusiones. Estas, podrían incluso incluir algún voto particular, como ya ha ocurrido anteriormente cuando han tenido que abordar el caso ATLL.
Pugna judicial desde 2012
La pugna judicial en las aguas catalanas tiene pocos precedentes por la crudeza y la complejidad del caso. La pugna entre la Generalitat y el grupo Agbar sobre la concesión del agua en alta (la prestación del servicio desde el lugar donde se capta el recurso hasta los depósitos de cabecera de los municipios) se remonta al momento en que se preparaba la concesión, en la recta final de 2012.
La sentencia de la Oarcc vio la luz el 2 de enero de 2013, seis días después de que un Gobierno en funciones firmara la adjudicación a Acciona.
Agbar vence en las cautelares
Los expertos consultados se muestran prudentes a la hora de valorar la decisión que deben tomar los magistrados del TSJC. «Nunca se sabe lo que va a decir un tribunal», señala una de las fuentes consultadas.
Por el momento, Agbar se ha llevado el gato al agua hasta incluso ante el Tribunal Supremo en la primera parte del proceso judicial, cuando se negó a la Generalitat y a Acciona a mantener la concesión en los términos actuales como medida cautelar hasta la publicación de la sentencia sobre el fondo.
Incumplimiento de la Generalitat
El Supremo dio tres meses al Gobierno de Artur Mas para echar a Acciona de las aguas catalanas, ya que a lo largo de toda la pugna judicial el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a las demandas de los tribunales.
El calendario marcado puede dejar en el aire finalmente la resolución del Oarcc, ya que antes de que expiren los tres meses el TSJC publicará la sentencia sobre la pulcritud del órgano que vigila la contratación pública en Cataluña.
Valoración tangencial
El Supremo ya se ha pronunciado tangencialmente sobre esta cuestión al valorar que la sentencia de la Oarcc no firmó una «resolución manifiestamente errónea», tal y como argumentó la Generalitat y Acciona al pedir las medidas cautelares.
Los querellantes esperan que esta vez el tribunal les dé la razón. «No veo otra posibilidad», indican fuentes de la concesionaria, «esperemos que confirmen las muchas dudas del posicionamiento de la Oarcc».
Los representantes legales de Agbar señalan justo lo contrario. Fuentes del bufete Muñoz Machado señalan que, además de los varapalos judiciales anteriores, la Generalitat ha incumplido resoluciones vinculantes durante más de dos años. «Agbar podría reclamar responsabilidades», añaden.
Con todo, la sentencia del TSJC no pondrá punto y final al conflicto. El caso ATLL se resolverá en el Tribunal Supremo.
