Los juzgados me contrataron como traductor de árabe aunque no sé ni una palabra

Cualquier persona puede ser traductor o intérprete de los juzgados de Madrid, incluso sin hablar una sola palabra del idioma que se dice dominar. La empresa Seprotec, beneficiada por la consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid con el contrato para garantizar traductores e intérpretes en todos los juicios, confía plenamente en la palabra de los aspirantes y contrata y asigna juicios a supuestos traductores e intérpretes que no dominan los idiomas.  

No importa la titulación, la experiencia ni el conocimiento real de la lengua. La empresa sólo busca personal para rellenar las decenas de juicios que se celebran cada día en los juzgados de Madrid.  

Los traductores e intérpretes profesionales han abandonado poco a poco su carrera por las precarias condiciones laborales. Con la externalización del servicio de intérpretes judiciales, el sueldo de estos profesionales apenas alcanza los 10 euros brutos por hora. Tras el éxodo de los traductores cualificados, las puertas se han abierto a cualquiera. Incluso a personas que no tienen ni idea del idioma que dicen conocer.  

Envío un correo electrónico a la empresa Seprotec en el que comunico mi intención de trabajar como traductor e intérprete. En el currículum, invento que el árabe es mi lengua materna y que soy licenciado en Traducción e Interpretación. También acredito una experiencia profesional falsa de más de diez años en Marruecos, además de una dirección y datos incorrectos.

La entrevista   

A los pocos días, recibo un correo electrónico para una entrevista. Una de las trabajadoras de Seprotec me envía por correo electrónico las condiciones laborales que se resumen en un ingreso en la base de datos de la empresa y trabajos por horas en la medida en que vayan surgiendo necesidades. Acepto el documento y preparo la información solicitada: una fotografía, DNI, cuenta bancaria y el título universitario.  

Acudo a las oficinas de Seprotec, una empresa comandada por Juan Julián León Ibáñez, que registra unos 15 millones de euros en facturación y que cuenta con 383 empleados. Una de las responsables me cita para la entrevista de trabajo. Es la encargada de filtrar a los candidatos, pero no parece tomar demasiadas precauciones ni aplicar controles. Comienza a explicar con detalle el funcionamiento de la mecánica con la empresa.  

Seprotec tiene muy poco tiempo de antelación para avisar a los intérpretes. Generalmente, los cita el día antes. No se les informa del tipo de juicio hasta el momento en el que comienza, con lo cual el traductor no puede preparar previamente el juicio. No hay preguntas sobre el tipo de trabajo realizado o sobre la capacidad lingüística en árabe, inglés o francés. Se dan por buenas todas las capacidades que asegura tener el candidato y nada se pone en duda.  

Si la entrevistadora me hubiese hecho cualquier pregunta en la lengua que digo conocer, se hubiese dado cuenta de que estaba frente a un impostor que no sabe ni una sola palabra de árabe. Ni hola, ni buenos días ni gracias. Pero ninguna pregunta clave surgió en la entrevista. La cita pareció un mero trámite para la contratación inmediata.  

Llega la convocatoria

Al día siguiente, recibo una llamada. Ya me han asignado mi primer juicio como intérprete de árabe. No está nada mal para no tener ni idea del idioma. Un mail posterior de la empresa confirma mi primer trabajo: el 12 de mayo de 2016 en el juzgado de instrucción número 5 de Plaza Castilla para el juicio por delitos leves 101/2016 de idioma árabe.  

La convocatoria demuestra que la empresa privada encargada de asignar traductores e intérpretes cualificados a los juzgados nombra a cualquiera en una tarea en la que está en juego nada menos que la libertad de las personas. Después de recibir la convocatoria, aviso que no podré asistir e inmediatamente designan a otro intérprete. Decido en ese punto poner fin a la investigación que intenta demostrar que cualquiera puede ir a un juzgado como traductor o intérprete.  

«Hay traductores que nunca han sido entrevistados por Seprotec. Envían en currículum y los contratan directamente. El nivel de algunos de los que acuden al juicio es lamentable y perjudican a los profesionales y los buenos titulados universitarios que están sin trabajo», explica Hassan Saharaui, coordinador del servicio de traductores e intérpretes de los juzgados de lo penal de Madrid e intérprete judicial y jurado.  

Malos entendidos, cada día  

Los secretarios judiciales, los transcriptores y hasta los jueces reconocen que, la mayoría de los intérpretes designados por Seprotec no cumplen los requisitos mínimos para ejercer esa profesión.  

Hace pocos días se celebró en Madrid un juicio en el juzgado 31 de lo penal al que acudió un intérprete de bengalí asignado por Seprotec. La fiscal pidió al intérprete que preguntara al acusado a qué se dedicaba. Entonces, el silencio se hizo en la sala. El intérprete, que dominaba perfectamente el bengalí, parecía tener problemas para digerir las instrucciones de la fiscal. «De-dica, de-dica», repetía en voz baja el intérprete como si intentara tener luz con el significado de la palabra.  

El tribunal decidió que el propio acusado terminase declarando sin asistencia. Todos acordaron que hablaba mejor castellano que su intérprete. El caso no es, ni mucho menos, una anécdota aislada en los juicios con intérpretes.  

La consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid asegura que Seprotec ofrece un buen servicio y selecciona a los mejores profesionales y, para justificar esta tesis, asegura que es que muy pocos jueces se quejan del trabajo de los intérpretes.  

La explicación es desmentida por los propios trabajadores de los tribunales. «La mayoría de los intérpretes no tiene el nivel que deberían tener para trabajar en un juzgado. Que sea mal traductor es lo normal ahora», explica una transcriptora de un juzgado de Madrid. «El otro día, en el tribunal, una intérprete de italiano que no era italiana confundió, en la traducción, ciudad con país. Era un matiz importante en la declaración y tuve que corregirla», explica la trabajadora judicial.  

La jueza que levantó la voz  

La jueza Pilar De Luna ha sido una de las primeras magistradas en denunciar la falta de calidad de los intérpretes. De Luna intentó que otros compañeros se unieran para protestar por el bajo nivel de los traductores, al entender que es un trabajo de vital importancia en los juzgados, pero recibió poco apoyo. Entonces, decidió que tenía que luchar al menos para que en su tribunal hubiese buenos profesionales.  

«Estamos hablando de un tema muy serio. Que un acusado no tenga el derecho de contar con un buen intérprete es una vulneración a los derechos más básicos. Un intérprete debe conocer no sólo el idioma sino también la cultura para ofrecer las garantías procesales», explica Pilar de Luna.  

La juez fue la primera que se negaba a aceptar traductores sin el nivel exigido por un tribunal que decide nada menos que la libertad de las personas. Llegó incluso a suspender juicios, con los enormes gastos e inconvenientes en el calendario que ello implica, pero con un único propósito: garantizar los derechos establecidos la directiva europea 64/2010.