Los jueces reclaman un Código Penal más duro con la corrupción

Los jueces decanos españoles creen que habría que modificar el Código Penal para endurecer las penas y ampliar los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, así como introducir nuevas figuras penales como la del enriquecimiento injusto y la financiación irregular de los partidos políticos.

Los 45 magistrados proponen una sesentena de medidas con el propósito de hacer frente a los casos de corrupción que «se han multiplicado», y de atajar lo que consideran una «sospecha generalizada sobre la gestión de lo público».

La situación política

El documento de conclusiones de la 14 reunión de jueces decanos que ha tenido lugar en Valencia entra de lleno en la situación política. «La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada a pesar de que el sistema democrático es, no obstante sus imperfecciones, el mejor que hemos sido capaces de desarrollar en favor de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la convivencia».

Los jueces creen que existe un «indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones» y proponen medidas con alcance «estructural, organizativo y de gestión» para mejorar la lucha contra la corrupción.

Duplicar el número de jueces

Las propuestas son bastante concretas y no eluden viejas y perpetuas reclamaciones, como el incremento del número de magistrados «hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes», cuando ahora hay 11; y triplicar la partida destinada a la justicia para que pase a representar un 3% de los Presupuestos Generales del Estado.

También reclaman que mejore la «autonomía» económica del poder judicial; ordenar el reparto de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno y las comunidades autónomas. Una «modernización informática», que elimine por ejemplo las incompatibilidades que existen entre los sistemas de cada autonomía. Y la «concentración» de los juzgados «en grandes sedes».

Los delitos fiscales

También proponen que se rebaje la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal, que ahora está en 120.000 euros; que aumenten las penas «para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción», como en la «omisión del deber de denunciar».

De la misma forma, sigieren que se incorpore el delito de obstrucción para los supuestos en los que una institución no remita la documentación requerida o lo haga de forma incompleta. Limitar la posibilidad de sustituir las penas por corrupción. Y despenalizar, en cambio, «pequeñas infracciones» que suponen «un desproporcionado esfuerzo» para el sistema, en alusión a lo que el presidente del CGPJ definió hace unas semanas como un código antiguo y pensado «para robagallinas».