Los jueces piden a Laya contar la realidad del 1-O en el Consejo de Europa

Las principales asociaciones de jueces piden al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) protección de la honorabilidad de la Justicia Española y que no se apruebe el próximo lunes en el Consejo de Europa una resolución que trata de equiparar el 1-O en Cataluña con las manifestaciones producidas en Turquía.

Es decir, el Consejo de Europa ha elaborado un informe para que Sánchez pueda avalar su medida de gracia y los socialistas españoles en este organismo no han presentado enmiendas. La resolución, que asume el relato independentista, supone un duro golpe para los tribunales españoles.

Las asociaciones más representativas solicitan en concreto la ayuda de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y de todos los grupos parlamentarios así como del máximo órgano de gobierno de los jueces para frenar dicha resolución, ya que en dicha resolución solo se ha tenido en cuenta la versión del independentismo y no figuran, ni siquiera, la respuesta ni las resoluciones del Tribunal Supremo sobre el procés.

«Se asumen posiciones que no son ciertas y se pretende poner en cuestión la calidad de la democracia en España y la labor de los Tribunales y su defensa de los derechos fundamentales insinuando persecución ideológica», señalan desde Asociación Profesional de la Magistratura.

Pide que se «indulte o libere» a los presos

En el informe elaborado por el Comité de Derechos Humanos, según ha podido saber Economía Digital, incluso se contradice al Tribunal Supremo Español alegando que los políticos independentistas fueron condenados, entre otras razones, por declaraciones en ejercicio de su mandato político.

Además, el documento aboga por la excarcelación de los políticos independentistas, instando a que se les «indulte o libere». También porque se deje de exigir la entrega a España del ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros catalanes fugados con él en Bélgica y Reino Unido.

«Los órganos judiciales españoles constituyen la más eficaz garantía de las libertades y aseguran la convivencia pacífica de los ciudadanos en el marco de la legalidad», insisten desde la asociaciones de jueces.

Por ello, instan al Gobierno y a Laya, «que como responsable de política internacional, despliegue los instrumentos diplomáticos para impedir la aprobación del proyecto en los términos en que aparece redactado, por resultar injustos y afrentosos para Poder Judicial».

También instan al resto de partidos presentes en la Asamblea del Consejo de Europa a que en el debate de la aprobación del mencionado texto, expongan con claridad que la declaración se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España.

Asimismo también se lo piden al CGPJ «en cuanto garante de la independencia judicial que se pone en entredicho, para que se pronuncie oficialmente denunciando las falsedades e inexactitudes que contiene para evitar una declaración que lesiona el prestigio del Poder Judicial y la confianza ciudadana».

Desde las asociaciones explican que «según el índice Rule of Law de World Justice Project, organización civil que trabaja para analizar y promover el Estado de Derecho en todo el mundo, España ocupa la posición 21.o de un listado de 126 países, con una mayor consolidación y cumplimiento del Estado de Derecho».

Además, recuerdan que «el GRECO ha sido muy claro a este respecto: no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones». Lea aquí el comunicado completo de los jueces: