Los jueces critican que la medida de gracia les desacredita en Bruselas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no quiere saber nada sobre los indultos. Su presidente Carlos Lesmes decidió no incluir este asunto en el orden del día en la comisión permanente que el órgano de gobierno de los jueces celebra cada jueves para despachar los asuntos que les competen.

Más si cabe con las palabras de Sánchez asegurando que «la venganza y la revancha no son valores constitucionales», que algunos jueces han interpretado como una crítica velada hacia ellos. Fuentes del Gobierno han tenido que salir a desmentir tales intenciones y, entre tanto, el ruido entre los magistrados no ha cesado.

Muchos consideran que el primer discurso sobre los indultos que realizó el presidente desde Bruselas «no fue casual» y están convencidos de que pasará una buena factura internacional a su credibilidad.

Las fuentes judiciales consultadas por Economía Digital advierten del «peligro» que suponen las palabras de Sánchez respecto a cumplir las penas íntegras de los líderes del procés y advierten de que pueden «desautorizar la proporcionalidad de la respuesta judicial» y debilitar así las peticiones de entrega por cooperación internacional. Es decir, que podría complicar aún más la entrega a España para que sea juzgado del ex president Carles Puigdemont.

En estos momento, la vuelta del político ‘fugado’ está en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de la Justicia belga, en último término.

Las palabras de Sánchez hablando de «revancha» y «venganza» ponen en tela de juicio la actuación de la Justicia española, según los magistrados consultados por ED que critican la falta de apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez en instancias europeas.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cuestionan el discurso del presidente y aseguran que son «simples excusas porque (los presos del procés) no han sido condenados por venganza, ni por revancha».

“Los jueces no nos servimos de la venganza ni de la revancha para imponer las penas”, insisten y piden al presidente que rectifique sus palabras.

Por su parte, José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señaló que las palabras del jefe del Ejecutivo son muy poco medidas.

«Creo que son unas palabras muy pocos medidas, porque afirmar que cumplir una sentencia del Tribunal Supremo puede ser un acto de revancha podría ser en este caso o en otro. A mí me parece que el Estado de Derecho no se puede medir en la ecuación de la venganza o la revancha«, destaca el magistrado.  

El presidente del Tribunal Supremo también quiso sumarse a las palabras de sus compañeros y el pasado miércoles ya aseguró que «el indulto y el contexto en que se está planteado entendido como medida de concordia puede ser entendido e incluso aceptado», para más tarde recalcar que «un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar».

Los rifi-rafes de Sánchez con la Justicia

Los indultos son la gota que ha colmado el vaso para el Poder Judicial en un año en el que tampoco hay visos de que se renueven los distintos órganos constitucionales. La lucha de los jueces con Sánchez viene ya de lejos.

El Gobierno no ha conseguido pactar con el principal partido de la oposición algo tan simple como la renovación del CGPJ. Las premisas del socio de Gobierno de Sánchez, Unidas Podemos, han añadido una piedra en el camino con la imposición del juez José Ricardo de Prada como uno de los miembros propuestos a ‘dedazo’ por los morados. El PP no pasa por ahí ni porque no se cambie la ley y que los jueces elijan a la mayoría de los vocales.

Casado asume que la actualización del CGPJ se hará con la ley vigente, para respetar «el proceso ya en marcha», apuntan fuentes de su equipo, pero quiere asegurarse de que la siguiente reforzará la independencia de los jueces y 12 de los 20 vocales serán elegidos por ellos mismos. El sistema en vigor supone que cada una de las Cámaras (Congreso y Senado) elige a 10 vocales. La selección sale adelante por 210 escaños, lo que obliga al PP y al PSOE a ponerse de acuerdo.

Sin embargo, fuentes judiciales cargan contra unos y otros porque en ningún gobierno han hecho lo que plantean en estos momentos. Las tres principales asociaciones de jueces en España ya denunciaron hace un mes y ante la Comisión Europea la «politización» que a su juicio sufre el CGPJ, en funciones desde hace más de dos años, en un encuentro telemático organizado por Bruselas para preparar su informe sobre el Estado de derecho de 2021.

Ahora, algunos magistrados observan el discurso de Sánchez sobre los indultos desde Bruselas como una suerte de «vendetta» por haberse quejado profesionalmente ante la Comisión Europea.

El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), centrado en las proyecciones económicas para España, reservó esta semana un espacio al diagnóstico de la situación por la que está pasando el CGPJ señalando los peligros que ello conlleva.

Los jueces consultados por ED inciden en que el informe resalta la composición del Consejo y el modo en que son elegidos sus miembros, que «ha sido objeto de continuo debate, por su influencia en el grado de independencia respecto a los poderes que lo eligen», reza el texto. También desde el Consejo de Europa se emitió una recomendación sobre cómo debían elegirse los consejos del poder judicial: «No menos de la mitad de los miembros deben ser jueces seleccionados por su homólogos».

La Comisión de Venecia, por su parte, recomienda que los miembros de un consejo del poder judicial elegidos por un parlamento «deberían serlo por una mayoría cualificada»; mientras que el Greco, organismo que forma parte del Consejo de Europa, pide que «las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial».

Ante estos visos y sin pacto político a la vista, Lesmes ha comenzado a diseñar el futuro del CGPJ por su cuenta y hasta septiembre. La comisión permanente del pasado jueves así lo decidió, según ha podido saber ED, y a partir de ahora las reuniones serán mensuales.

Los magistrados fijaron un calendario de actividades para cada uno de los meses hasta septiembre, fecha en que se celebra cada año el año judicial y ya podría haber pacto, según calcularon en este cónclave judicial. De no haber un nuevo acercamiento entre PP y PSOE ya sería el tercer año judicial que cumpliría Lesmes al frente del CGPJ.