Los jueces apremian al Gobierno y exigen que la renovación del CGPJ sea antes de junio
Jueces del Tribunal Constitucional esperan que las negociaciones no lleguen a junio para seguir renovando hasta un tercio del Alto Tribunal que en ese fecha caduca su mandato
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, presidiendo una reunión. Foto: EFE
Los magistrados siguen apremiando al Gobierno y al Partido Popular a anunciar el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y esta vez lanzan un ultimátum: «el pacto tiene que ser antes de junio». Jueces del Tribunal Constitucional esperan que las negociaciones no traspasen ese mes, como fecha límite, para que los magistrados puedan también seguir renovando hasta un tercio del Alto Tribunal que en junio caduca su mandato.
De llegar esa fecha sin pacto a la vista, los magistrados no tendrían margen de acción para proponer la cuota de candidatos que les corresponde, debido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que PSOE y Unidas Podemos impulsaron y que impediría a este órgano hacer nombramientos estando en funciones.
La paciencia de los magistrados se agota y algunos, incluso, ya proponen que PSOE y PP sumen sus fuerzas y planteen otra reforma legal para modificar el sistema de elección de los magistrados, tal y como el PP quiere, o que, al menos, planteen una aclaración que les permita seguir realizando nombramientos el año que viene. Aunque también existen críticas dentro de los propios magistrados respecto a estas propuestas.
Los jueces levantan la voz
Los nervios por la falta de acuerdo entre los principales partidos saltan a la vista en el seno del Poder Judicial. La magistrada María Jesús Barco, nombrada la primera presidenta de la historia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) exigió la semana pasada al Congreso y al Senado que cumplieran con su «obligación» de renovar el CGPJ.
La asociación plasmó cómo debería llevarse a cabo la elección de esos doce vocales, en pugna entre PP, PSOE y Podemos, mediante una reforma que juzga «irrenunciable».
De entrada, los candidatos deberían ser propuestos por las asociaciones judiciales que representen al menos al 5% de la carrera o por agrupaciones de electores (no asociados) con el aval de ese mismo porcentaje de integrantes de la magistratura. Según la APM, se realizaría mediante «listas abiertas» y una «circunscripción nacional«.
La asociación plantea un sistema mayoritario, «que representa más fielmente el resultado electoral» o el proporcional de la Ley d´Hont, «que es el seguido por nuestro derecho electoral y respetaría, con adecuados factores de corrección, el pluralismo de la carrera judicial», señalan.
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda en número de asociados, también se quejó mediante su portavoz, Jorge Fernández Vaquero, de que «llevamos dos años empantanados con la renovación del CGPJ y el cambio de sistema de elección de vocales judiciales». Un cambio que la asociación considera «inevitable» y que «llegará antes o después, porque es una exigencia para la salvaguarda institucional del Estado de Derecho en un espacio europeo de libertades».
Fernández Vaquero también se quejó en un acto donde estuvo presente la ministra de Justicia, Pilar Llop: «Ninguna de las carencias de nuestra Justicia podrá solucionarse mientras los poderes políticos no confíen en los jueces», sentenció.
La asociación esgrime que se desconfía de los jueces «cuando se toleran ataques o descalificaciones que sólo persiguen deslegitimar al conjunto del sistema judicial», o «cuando se cuestiona directa o indirectamente su compromiso con los valores constitucionales» o «se intenta influir sin disimulo en la composición de los tribunales sobre bases ideológicas«.
Contra las ‘puertas giratorias’
Desde la APM también critican el sistema de ‘puertas giratorias’ por el cual, recientemente, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha vuelto a incorporar a la carrera judicial tras ser ministro del PSOE.
En su XXV Congreso, celebrado en Córdoba la semana pasada bajo el lema «Montesquieu vive», la asociación propone la reinstauración, para todos aquellos jueces y magistrados que se pasen a la política, de un «periodo de enfriamiento» de tres años de excedencia si quieren volver al ejercicio de la jurisdicción.
Una medida, según avanzan, para evitar las llamadas «puertas giratorias», que los jueces y magistrados puedan volver de inmediato al destino que tenían, lo que consideran que afecta directamente a la imagen de independencia de la carrera judicial.
«Con el fin de homologar nuestro régimen de incompatibilidades con otros similares de nuestro entorno, proponemos la reinstauración del sistema introducido con la LO 5/1997, de 4 de diciembre (excedencia forzosa de tres años), o bien, el establecimiento de un ‘período de enfriamiento’ suficiente para preservar la imagen de independencia del Poder Judicial frente a los otros dos poderes del Estado, para evitar las llamadas ‘puertas giratorias’, señala el punto 16 de la segunda ponencia aprobada.
Dicho sistema, explican, imperó entre 1997 y 2003 para suavizarse más adelante, en 2003 y 2009, hasta 2011, cuando el Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero lo eliminó, dejándolo como está en la actualidad, algo muy criticado por la APM.
Toda una declaración de intenciones para que el Gobierno piense en modificar los aspectos que podrían mejorarse según los magistrados pertenecientes a una de las asociaciones mayoritarias de la carrera judicial.
