Los independentistas arremeten contra PwC

El independentismo catalán ha puesto en su punto de mira a PwC. El Cercle Català de Negocis, un lobby cercano a ERC, ha arremetido contra el último informe de la consultora en la comunidad. Le acusa de impulsar un “análisis parcial” y de defender “intereses particulares” al centrarse en la opinión de 21 grandes empresarios de Cataluña y encuestar a la alta dirección de otras 200 compañías al publicar un documento sobre las expectativas económicas y políticas de los ejecutivos del territorio. El estudio Temas candentes de la economía catalana.

La principal base del estudio de PwC es un “grupo de trabajo formado por presidentes, consejeros delegados y máximos ejecutivos de las principales empresas catalanas”, tal y como señala en la metodología del documento. Han dado su opinión ejecutivos como el presidente de Agbar, Ángel Simón; el de Hotusa, Amancio López; el de Comsa-Emte, Jorge Miarnau; el de Abertis, Salvador Alemany; el de Freixenet, Josep Lluís Bonet; el consejero delegado de Fluidra, Eloy Planes; el de Almirall, Eduardo Sanchiz; el de Banc Sanadell, Jaume Guardiola; el de Copisa, Xavier Tauler; o el de Irestal, Joaquim Boixareu. También han participado profesores destacados de los principales centros de negocio de la capital catalana (Iese, Esade y la Barcelona Graduate School of Economics).

Independencia

El Cercle Català de Negocis asegura que la elección de los encuestados no es un reflejo del verdadero tejido económico catalán, ya que la mayoría de sociedades que lo integran son pymes. Pero lo que más ha molestado al lobby, liderado por Ramon Carner, es la afirmación de que sólo el 4,4% del empresariado es favorable a la independencia y otro 26,7% de convocar la consulta del 9N. Para la muestra elegida por PwC, la opción que se impone entre los ejecutivos es la tercera vía, bien sea mediante la reforma de la Constitución, el pacto fiscal o impulsar el diálogo entre el gobierno autonómico y el central.

Los empresarios nacionalistas acusan a la consultora de plantear “titulares ambiguos, manipulables y cargados de la opinión política y los intereses particulares de 20 empresarios”. También le recrimina que no haya planteado la cuestión más sangrante, según su punto de vista, del freno de la recuperación económica: el expolio fiscal.

Los empresarios independentistas afirman que con un estado propio, las pymes catalanas dispondrían de más financiación por la existencia de una banca pública fuerte, se podría bajar la presión fiscal a las rentas medias y el PIB llegaría a los 300.000 millones en 10 años. La riqueza catalana fue de 253.731 millones el pasado ejercicio. En el conjunto del Estado, llegó a los 1.022.988 millones.