Los fiscales piden a Europa «medidas oportunas» para que Delgado no ascienda después de su cese

La Asociación de Fiscales (AF) ha pedido a la Comisión Europea que adopte las medidas «oportunas» para evitar el menoscabo de la independencia del Ministerio Fiscal. El requerimiento hace referencia a la enmienda propuesta por el PSOE a la ley concursal para ascender a los fiscales generales a la máxima categoría de carrera al cesar y que conlleva que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sea ascendida a fiscal de la Sala del Tribunal Supremo tras su cese en el cargo.

Se trata de una propuesta que no ha sido bien recibida por los socios de la coalición de Gobierno, que han criticado las formas y han adelantado que la rechazarán, y tampoco por la oposición, puesto que consideran que es una manera de premiar a la fiscal general del Estado.

La Asociación de Fiscales ha realizado este requerimento a través de una carta dirigida al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová.

Con esta acción, los fiscales se proponen que la alta institución europea tome conocimiento de la reforma y «llamar su atención sobre el riesgo que supone para el Estado de Derecho, adoptando en su caso, las medidas que entienda oportunas para evitar el menoscabo de la independencia del Ministerio Fiscal y de su imparcialidad como pieza clave en todo sistema democrático».

Además, denuncian que parece que la «finalidad última» es «premiar a la actual fiscal general del Estado al cese de su mandato», y que esto supondría una «mayor politización de la institución».

En contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y el GRECO

En la misiva han expresado la «honda preocupación» que les causa la enmienda, ya que los mecanismos que propone «en nada se compadecen» a las recomendaciones que la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) han dirigido a España para «potenciar la independencia del Ministerio Fiscal».

Pues, según recuerdan, el propósito de las recomendaciones era someter las relaciones entre la Fiscalía y el Gobierno a los principios de publicidad y transparencia y desligar el nombramiento del fiscal general del Estado de «decisiones puramente partidistas».

A pesar de que reconocen que reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EMOF) es una realidad «incontestable y que la vía es un modelo de proceso penal donde el fiscal asuma la investigación de los delitos como ocurre en los países de nuestro entorno», consideran que debería estar acompañada por la necesaria reflexión e informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal.

Una enmienda «instrumentalizada»

En la carta, la Asociación de Fiscales recuerda que Dolores Delgado participó en la campaña y concurrió a las elecciones generales del 2019, y que, después de los comicios, cuando «era ministra de justicia en funciones fue propuesta por el Gobierno para ocupar el cargo de fiscal general del Estado».

Por ello, tildan la reforma de «descrédito» y la acusan de estar «instrumentalizada» bajo el propósito de «revitalizar los canales de sujeción del fiscal general del Estado al Gobierno que lo propone».

También alertan que, por la forma en la que está formulada la enmienda, sería posible que el fiscal general del Estado pase a ser fiscal de sala «sin discriminar la causa determinante» del cese. Por tanto, podrían ascender fiscales que hayan sido cesados por incurrir en un incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, por ejemplo.

Comunicación entre el Gobierno y Fiscalía «por escrito» y «pública»

Además, según la Asociación de Fiscales, la enmienda debería tener en cuenta dos aspectos en cuanto a las comunicaciones que tienen lugar entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal para cumplir con las recomendaciones europeas. Consideran que deberían hacerse «por escrito con registro del documento concreto» y también que deberían ser públicas «para hacer efectiva la transparencia» y así «incrementar la percepción ciudadana de independencia» de la institución.

Sin embargo, denuncian que la obligación de documentación por escrito es «insuficiente», porque no ocurre cuando quién informa es la fiscal general del Estado al Gobierno. Además, lamentan que la enmienda «se olvida de la publicidad», que consideran la «única medida útil a los efectos de control ciudadano y parlamentario de las posibles injerencias del Gobierno en el Ministerio Fiscal».

Por ello, subrayan que lo que se pretende es promover con la reforma es «un nuevo espacio de sombra donde podrán desenvolverse las relaciones institucionales, siendo esto absolutamente contrario a los principios que rigen en las Instituciones Europeas».