Los independentistas multados por el Tribunal de Cuentas garantizarán la fianza con sus bienes
El Govern no ha encontrado la fórmula para financiar las multas tras no lograr que ningún banco avalara el fondo para pagar la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas
Pere Aragonés recibió con honores a los indultados del 1-O tras plantar al Rey. EFE
La mayoría de los 34 ex altos cargos del Govern de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas ha sancionado con 5,4 millones de euros de fianza por los gastos de promoción del «procés» tendrán, finalmente, que depositar sus bienes y propiedades para garantizar la fianza. El plazo para hacer frente a la misma concluye este miércoles.
Según ha adelantado la Agencia Efe, los encausados habrían decidido finalmente ofrecer sus bienes privados como fianza para llegar a la cuantía requerida y que se sumarán al dinero recaudado a través de la llamada «caja de solidaridad».
Los ex altos cargos del Govern han optado por esta opción después de que el Govern no haya conseguido que ninguna entidad bancaria avale esas cantidades.
Además, la Generalitat también descartó hacer uso del Institut Català de Finances (ICF) por entender que ello podría comprometer a los profesionales de la entidad.
Entretanto, varias de las defensas de los encausados se estarían planteando la posibilidad de presentar alegaciones con el fin de poder ganar algo más de tiempo para que la Generalitat encuentre una entidad bancaria entre en la operación a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el Govern para avalar las fianzas.
De hecho, 31 de los 34 encausados se han acogido a este fondo, que funcionaría de forma parecida a un seguro privado mediante el que una entidad financiera avalaría las fianzas con un contraaval de la Generalitat que se canalizaría a través del ICF.
Por un lado, entonces, la caja de solidaridad podría aportar, de momento, un millón de euros aproximadamente, por lo que el resto lo tendrían que depositar los encausados mientras la Generalitat encuentra una entidad bancaria dispuesta a entrar en la operación, aunque todas las consultadas por el conseller de Economía, Jaume Giró, han mostrado su rechazo.
El tribunal fijó una cantidad máxima de la que es responsable cada acusado. En esta línea, las más acusadas son la del exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, con 3,6 millones de euros y a la ex interventora general de la Generalitat Mireia Vidal, con 3,1 millones.
Luego, vendrían Francesc Homs y Artur Mas, con 2,9 y 2,8 millones, respetivamente, Raül Romeva, (2,1M) y Puigdemont y Junqueras, con una cifra de responsabilidad máxima de 2 millones cada uno.
