Los dirigentes del 'procés' atacan en tromba al Tribunal Supremo

Presentaba este martes la oposición sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos, y, mientras tanto, en el Tribunal Supremo arrancaba el juicio del procés con las defensas planteando su particular enmienda a la totalidad de la causa judicial.

La sesión estaba consagrada a la exposición de peticiones previas al arranque del juicio por parte de los abogados de los doce acusados, que por lo general se ciñeron a esa máxima ya interiorizada por el independentismo de que no se trata de defenderse de las acusaciones, sino de acusar al Estado. O, en este caso, por concretar, a las instancias judiciales.

Los letrados se entregaron a una intensa batería de reproches al tribunal, el juez instructor, la Fiscalía y el resto de acusaciones, la Guardia Civil o el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona (que fue el que abrió el fuego judicial con una investigación contra los preparativos del 1-O) .

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, les dejó explayarse sin rechistar. El único toque que dio a uno ellos lo recibió la defensora de Carme Forcadell, Olga Arderiu, por haber excedido el tiempo asignado.

Derechos vulnerados

La lista de vulneraciones de derechos desde que se inició la causa enumeradas por los sucesivos abogados defensores incluye, a su juicio, a derecho a la libertad de expresión, al de libre asociación, al de tutela judicial efectiva, al de defensa, a la presunción de inocencia, a la inviolabilidad parlamentaria, a un juez imparcial o al de los acusados a expresarse en catalán, entre otros.

«Hasta la libertad de culto se ha restringido, porque a Oriol Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión», dijo el abogado del exvicepresidente catalán, Andreu Van den Eynde. «Ayer revisé la Constitución y me costaba encontrar qué derecho no se ha vulnerado», ironizó. Van den Eynde fue el más vehemente a la hora de presentar el juicio como una causa política.

La suma de los relatos de los defensores dibuja el conjunto el procedimiento como un «vodevil», según calificación del abogado de Junqueras. Atiborrado, además, de «vicios procesales», en palabras del letrado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, que remató: «Este proceso se opone a la esencia del estado de derecho y no debe empezar, al menos de la forma en que está formulado».

La «causa general» del juzgado número 13

La controvertida instrucción del juzgado número 13 fue uno de las dianas recurrentes sobre la que más percutieron los letrados. El primero, Van den Eynde, que lo calificó de «causa general» destinada a «investigar un proyecto político» y que no fue justificada adecuadamente, como tampoco, añadió, la admisión a trámite de la querella de Vox, que es quien abrió el fuego judicial, y que ahora sigue en el Supremo como acusación particular.

Esos vicios originales de la «causa madre» de la que ha llegado al TS «invalida todo lo que toca», de modo que todo el material que arroja es inservible», siguiendo la argumentación del abogado. De ahí también que Arderiu pidiera que se eliminara de la causa toda la información proveniente del 13, como también la que proviene de la Audiencia Nacional, que juzga a la cúpula de los Mosssos d’Esquadra.

La estrategia de los abogados de los tres exconsellers acusados solo de malversación (Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila) se mueve, en cambio, por derroteros antitéticos: reclaman en cambio que se incorpore a la causa la totalidad del sumario del 13, porque ellos no son parte en el proceso que se sigue en el juzgado barcelonés, así que no tienen acceso a toda la información relacionada con el mismo, aunque el 100% de las pruebas relacionadas con la supuesta malversación emanan de esa causa.

Medidas que comportarían retrasos

La dispersión judicial también salió a colación de forma recurrente. Arderiu, por ejemplo, consideró que el hecho de que Forcadell sea juzgada por el Supremo y el resto de exmiembros de la Mesa del Parlament lo sean por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) supone una discriminación de su defendida, y Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, pidió que se unifique la causa del TS y la que se sigue en la Audiencia Nacional (AN) contra la cúpula de los Mossos d’Esquadra, que en última instancia, dependían de Forn.

Esa una medida que comportaría retrasar el arranque del juicio, y no es la única que lo haría, de entre las solicitadas este martes. De hecho, Jordi Pina, el abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez, llegó a pedir la suspensión del juicio por no haber recibido todavía la totalidad de las pruebas documentales, una irregularidad que propició quejas de otros letrados, y volvió a plantear la recusación del presidente y otros cuatro miembros del tribunal. El primero, por aquel whatssap en el que el senador del PP Ignació Cosidó se jactaba de que, con Marchena al frente del poder judicial, controlaría la sala segunda.

Reproches y descoordinaciones

La instrucción del juez Pablo Llarena també fue objeto de numerosas invectivas, así como el redactado de los escritos de acusación, que, para Salellas, vulnera varios derechos fundamentales. Y varios de los letrados insistieron en pedir que declare por videoconferencia Carles Puigdemont, que fue descartado como testigo por el tribunal, y que ahora puede reconsiderar su decisión. Aunque antes, una vez acabada la ronda de defensores, en la segunda sesión será el turno de las peticiones de la fiscalía, la abogacía del Estado y la acusación particular de Vox.

Si se tiene en cuenta que el juicio es un programa televisado en directo, no cabe duda de que la primera jornada resultó casi redonda de cara a la estrategia propagandística del independentismo. Y si hay un casi se debe a esas discrepancias estratégicas exhibidas en torno a la relación con la causa del juzgado 13 y por el desmarcaje del abogado de Forn. Porque Melero también defendió que había vulneración de derechos, sí, pero se encargó de remarcar igualmente que, a diferencia de la mayoría de sus colegas, en ningún caso consideraba estar participando, como en un juicio político.