Los ayuntamientos catalanes ven como pierden competencias con los presupuestos del ACA
La Comissió de Preus de la Generalitat también recela del proyecto, que tiene que pasar el trámite parlamentario
El anteproyecto de presupuestos de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha levantado ampollas en los ayuntamientos. Las organizaciones locales ven como las medidas tributarias que la empresa pública dirigida por Leonard Carcolé propone incorporar en la ley de medidas fiscales y financieras de 2013 pisan algunas de sus competencias.
Especialmente, explican los propios afectados, los anexos con los que el ACA busca garantizar unos ingresos que no comprometan el futuro económico de la compañía. El documento añade que son “los titulares de las concesiones administrativas u otros títulos que den derecho a un uso privado de aguas y todos aquellos hagan uso privado” los responsables de “instalar y mantener” instalaciones que den información precisa sobre el agua que se ha usado y hacer frente “a las tasas y precios que para este concepto exija la ACA como contraprestación del servicio de instalación, mantenimiento y verificación periódica de los aparatos de medida”.
Modificaciones en el Parlament
En otro anexo, señala que “el establecimiento de tarifas o tributos municipales en materia de saneamiento tienen que respetar, en todo caso, lo previsto en esta Ley en relación al principio de recuperación de costes y lo previsto en el resto de normativa reguladora de las relaciones, en el ámbito tributario, entre las diferentes administraciones”. Dos ejemplos de normas que, según cómo se desarrollen, invadirían algunas de las competencias municipales, afirman los mismos interlocutores. Los municipios temen que, al final, no puedan cubrir sus gastos de explotación del servicio. Hecho que ahogaría aún más las maltrechas cuentas locales.
“Seguiremos muy de cerca el trámite Parlamentario del proyecto”, asegura uno de los afectados, que prefiere permanecer en el anonimato. El anteproyecto del ACA recibió el pasado lunes el visto bueno del consejo de administración de la empresa pública. Pero necesita ser aprobado en el Parlament, por lo que los grupos políticos con presencia en el hemiciclo pueden forzar modificaciones.
Marco de precios comparable
La propuesta de presupuestos tampoco se ha visto con buenos ojos en la Comissió de Preus de la Generalitat. Alguno de sus miembros ha afirmado a Economía Digital que estas modificaciones también chocan con sus obligaciones. Podrían «generar algún cambio de sentido» en las responsabilidades de la comisión, en palabras del representante del sindicato CCOO en la comisión, José María Jurado. Según el sindicalista, se trata de un «choque de intereses» entre las administraciones catalanas.
Por su parte, afirma que la propuesta que hace el ACA para establecer el canon del servicio tendría sentido si, al final, se consigue un marco que compare los precios del agua en las localidades catalanes y clarifique cuánto cuesta el servicio en cada una de ellas. Aunque critican que el incremento del canon de la empresa pública del 5,2% para 2013 (que la propia institución estima que podrá aplicar a partir del próximo junio), no tenga en cuenta el consumo de agua de cada domicilio como sí ocurría el año pasado y tampoco incluya ni bonificaciones ni una cuota social. Esperan que estos objetivos se consigan, de nuevo, a lo largo del trámite parlamentario.
