Los avales del ICF llegan al Tribunal de Cuentas
El ICF entrega vía telemática los avales de 30 ex altos cargos del Govern para abonar la fianza de 5,4 millones impuesta por el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ha recibido este jueves a las 12:33 horas, fuera de plazo, los 30 avales de los ex altos cargos del Govern que han abonado su correspondiente fianza mediante el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
Los mensajes se cruzaron. Mientras la juez instructora dio este jueves dos días más de plazo para que el ICF pudiera contraavalar a los ex altos cargos, el organismo enviaba de forma telemática la documentación original en papel y por mensajería urgente, según confirman desde el Tribunal de Cuentas a Economía Digital.
La juez instructora, Esperanza García, ha dado este jueves dos días más de plazo a los encausados para que depositen los 5,4 millones de fianza, de lo contrario el órgano fiscalizador de las cuentas procederá al embargo de sus bienes a partir de este domingo, cuando se acaba el plazo.
Según publicó ED, cuatro de estos ex altos cargos encausados depositaron en plazo, este miércoles, sus fianzas correspondientes, dos de ellos abonando los importes y otros dos mediante inmuebles para el aval. Los otros 30 ya han cumplimentado también este jueves sus fianzas a través del ICF.
El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros de fianza por la promoción del procés en el extranjero y los ex altos cargos ya han formalizado ante notario los avales otorgados por el ICF a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por la Generalitat.
El Tribunal de Cuentas debe decidir ahora si acepta los avales del ICF para garantizar las fianzas de la treintena de encausados que se han acogido al fondo, quienes siguen evaluando el valor de sus bienes por si en los próximos días fuera necesario recurrir a un plan B y garantizarlas con su patrimonio, sumado a lo que recaude la llamada Caja de Solidaridad.
En una entrevista en SER Catalunya, Artur Mas ya advirtió este miércoles de las «altísimas probabilidades» de que el Tribunal de Cuentas rechace esa opción con la «excusa de que, como es un banco público que pertenece a la Generalitat, esta no puede directamente cubrir con un aval» a las personas encausadas.