«Los ataques al mundo rural no solo proceden de Podemos, también de ministros socialistas»

Carlos Fernández Carriedo (Monzón de Campos, 58 años) es el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda. El dirigente popular ha pasado a ser el ‘vice-todo’ del presidente Alfonso Fernández Mañueco tras el cese de los consejeros de gobierno de Ciudadanos y el anuncio de elecciones en la comunidad para el próximo 13 de febrero.

Con la precampaña en marcha y la celebración este fin de semana del Congreso regional, a los populares de Castilla y León solo les faltaba un error de la oposición para partir con ventaja en la carrera electoral, más allá de las encuestas donde ya les sitúan a dos procuradores (39) de conseguir la mayoría absoluta en las Cortes.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, realizó la semana pasada unas polémicas declaraciones asegurando que las macrogranjas «contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan carne de mala calidad de animales maltratados». Unas palabras que hicieron saltar a varias comunidades entre ellas, la más perjudicada, Castilla y León. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, responde en Economía Digital.

Pregunta.- ¿Se ha dirigido el ministro Garzón estos últimos meses a la Junta para advertirles sobre estas prácticas nocivas en la ganadería y ponerles solución?  

Respuesta.- Para nada. Lo peor de estas declaraciones es que se hacen en un medio británico y se ponen en tela de juicio la calidad de los productos que se hacen en España. Lógicamente los consumidores británicos no distinguen entre unos productos y otros. Ven que es un producto hecho en España y piensan que es un producto de mala calidad o que tiene riesgos alimentarios.

No es la primera vez que este ministro u otros miembros del Gobierno perjudican los intereses de nuestra comunidad y, en especial, hacia el mundo rural. Ya cerraron las minas y las centrales térmicas, que supuso pérdida de empleo, de actividad en el territorio y de fondos europeos.

Tomaron decisiones en torno a campañas en contra de la remolacha y el azúcar cuando producimos el 80% del conjunto nacional. Tomaron decisiones contra la ganadería extensiva rompiendo el equilibrio entre el ganadero y el lobo. Iniciaron los trámites para cerrar la estación de esquí de Navacerrada y han puesto en riesgo al sector del automóvil iniciando la subida del impuesto de matriculación, el debate sobre el precio del diésel o sobre los peajes en las carreteras donde Castilla y León tiene un liderazgo muy evidente.

En Castilla y León hay 36.000 explotaciones ganaderas y dan empleo directo a 70.000 personas

P.- ¿Cuántos empleos se han podido ver afectados por las declaraciones del ministro en Castilla y León?

R.- En Castilla y León hay 36.000 explotaciones ganaderas y da empleo directo a 70.000 personas. Yo añadiría dos elementos más: que el principal ‘imput’ de esas explotaciones ganaderas acaben siendo productos agrícolas y, por tanto, solo se perjudica a la ganadería sino también al conjunto agrícola.

En segundo lugar, más allá del impacto económico y social sobre el empleo es que el mundo rural está necesitado de oportunidades y de fijar población dentro del conjunto nacional.

P.- ¿Se cree la desautorización a Garzón por la parte socialista y su defensa al mundo rural?

R.- Los ataques no solo vienen de esa parte que llama de Podemos. Las decisiones contra Navacerrada, la ganadería extensiva o la decisión sobre el lobo son del Ministerio de Transición Ecológica. Observo que también dentro de la parte socialista del gobierno hay varias posiciones. La parte del Ministerio de Agricultura que conoce la importancia de la agricultura y la ganadería y la parte de Transición Ecológica con una postura más próxima a Garzón.

Luego está la parte del presidente del Gobierno que dice que el debate es lamentable, como si el debate lo hubiéramos puesto los demás, y tampoco toma decisiones que corresponden a un presidente del Gobierno como es el de nombrar y cesar ministros.

P.- ¿Cómo percibe desde Castilla y León la política del Gobierno respecto a los fondos europeos?

R.- Castilla y León es una de las comunidades autónomas que tiene el liderazgo en lo que pueden ser los principales ejes de actuación por parte de la Unión Europea y los pertes que se convoquen. Es verdad que ha habido mucho retraso y poca participación de las comunidades porque vienen muy encorsetados y no estamos de acuerdo los territorios con el modelo de reparto.

Pero cuando se habla de que el primer perte es para el vehículo eléctrico, Castilla y León es el líder de España en capacidad de fabricación de vehículos y líder en todo lo que representa la industria auxiliar del automóvil por capacidad de fabricación de componentes. Sobre el perte de la industria agroalimentaria, Castilla y León es líder también en producción agroalimentaria tanto en calidad como en cantidad. Y si uno de los pertes tiene que ver también con el español como lengua, qué decir de nuestra comunidad que ha dado la lengua al conjunto de la humanidad.

P.- ¿Qué ha sucedido con las ayudas del Gobierno en esta pandemia a las comunidades autónomas?

R.- Ya dijimos que estaban mal diseñadas porque no se consultó a las pymes ni a las comunidades autónomas. Se publicó un decreto ley nacional y se otorgó esa gestión a las comunidades sabiendo que iba a ser especialmente complicado. Se excluyó a empresas sabiendo que habían tenido pérdidas pero que no estaban endeudadas.

A pesar de ello, hemos sido la comunidad autónoma que más tiempo ha tenido abierto el plazo para estas ayudas, la que más sectores hemos dado cobertura con información amplia y el porcentaje de cobertura ha sido de los más altos de España.

El PP acudirá a los tribunales si el Gobierno nos obliga a subir impuestos

P.- ¿Qué plantea la Junta respecto a la armonización fiscal que anuncia el Gobierno?

R.- Parafraseando una película, ¿por qué lo llaman armonización cuando de lo que hablan es de subir impuestos? Nosotros estamos en contra de la subida de impuestos. En Castilla y León hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones y desde entonces las donaciones se han multiplicado por 13. Esto determina que haya jóvenes que han podido iniciar su proyecto vital, un emprendimiento empresarial o comprar una vivienda.

Somos la primera comunidad en tratamiento fiscal favorable para las familias, la segunda con el tipo de IRPF más bajo por detrás de la Comunidad de Madrid y entre las que tenemos un tratamiento fiscal favorable para el mundo rural. Estamos totalmente en contra en que la política fiscal consista en subir impuestos. Existe una idea por parte de la izquierda de que para tener buenos servicios públicos hay que tener impuestos muy altos o hay que incurrir en déficit público o en deuda pública. Nosotros hemos demostrado que es mentira.

P.- Entonces, ¿recurrirán a los tribunales, junto a la Comunidad de Madrid o Andalucía, si la reforma fiscal va por esos derroteros?

R.- Claro, porque de lo que se trata no es de hablar de modificación fiscal sino de quitarnos a las comunidades autónomas una decisión que eliminaba impuestos. Lo que pretenden con este debate es poner el socialismo obligatorio y nosotros huimos de esa idea. Somos partidarios de la libertad, del emprendimiento y de la capacidad de crecer.

P.- El Gobierno ha eliminado de los Presupuestos Generales del Estado el Fondo Covid para las comunidades autónomas. ¿Cómo va a afectar a Castilla y León?

R.- Lo quitaron con la idea de que no era necesario porque la pandemia había terminado pero no es verdad porque sigue siendo un gasto muy importante. Me gustaría destacar que en esta pandemia se ha demostrado la utilidad de las comunidades autónomas al gestionar el día a día de los ciudadanos en una crisis sanitaria. Hemos sido capaces de resolver lo que no ha sido capaz el Gobierno.

También en materia educativa tenemos un sobrecoste con más aulas y más profesores (1.350) con menos alumnos. Esto también hay que financiarlo y tiene un sobrecoste de gestión en materia de los servicios sociales o también en materia de transporte porque ha sido afectado en términos de déficit que la pandemia ha aumentado. No es verdad que la pandemia ha terminado ni se han terminado los gastos que estamos financiando.