Los espiados por el caso Pegasus se querellarán contra la empresa propietaria del programa

Los abogados de los líderes independentistas presuntamente espiados mediante el sistema Pegasus presentarán una querella contra NSO Group, la empresa propietaria del programa, y reclamarán a la justicia española que investigue qué agencias gubernamentales pudieron haber comprado el programa de la compañía.

Así lo han expresado Andreu Van den Eynde, Gonzalo Boye, Benet Salellas y Antoni Abat, los letrados que representan a las entidades y partidos afectados por el supuesto espionaje, en el acto ‘Catalangate, nos están espiando’ que ha tenido lugar en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona.

El evento ha contado con la asistencia de dirigentes de partidos independentistas como Josep Maria Jové y Diana Riba, de ERC; Eulàlia Reguant y Carles Riera, de la CUP o Quim Jubert, de JxCat. También han asistido los líderes de entidades soberanistas como Xavier Antich de Òmnium Cultural o Elisenda Paluzie, de la Asamblea Nacional Catalana.

Batería de querellas

La previsión es que la batería de querellas contra la empresa israelí NSO Group se presente en las próximas semanas en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona. Sin embargo, aún no se ha concretado cuantas querellas se presentarán, y tampoco, si serán individuales o colectivas.

En este sentido, los abogados barajan la posibilidad de pedir una ampliación de la investigación que ya está abierta por el espionaje, también mediante el sistema Pegasus, al expresident del Parlament y actual exconseller de Empresa Roger Torrent y al concejal del Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall.

Si bien Van den Eynde ha aseverado que este procedimiento, abierto desde hace un año y medio, supone «un buen precedente», ha dejado claro que la interposición de las querellas debe servir para que «se suba a un escalón superior».

Investigación judicial

Las defensas también han pedido que se emprenda una investigación judicial para determinar qué agencias del Estado adquirieron el programa de espionaje, apuntando especialmente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pues, el abogado Benet Salellas se ha mostrado seguro respecto la participación de estos organismos: «No tenemos dudas de que las agencias gubernamentales españolas han participado».

El letrado ha respaldado esta afirmación en que «la única defensa que tiene NSO es decir que se beneficia de la inmunidad de estados que contratan sus servicios». Por este motivo, ha pedido a la justicia y a la Fiscalía que «no rechacen su obligación» de investigar a «todas las agencias gubernamentales españolas», puesto que la información solo podía estar a disposición de las mismas.

También ha enfatizado la necesidad de «trabajar para llevar a los jueces al rincón del que no puedan escaparse y presionarlos técnicamente para que investiguen», pero también ha incidido en el papel de la ciudadanía para conseguir que «los órganos del Estado den explicaciones».

Consecuencias jurídicas

Por su parte, Boye ha calificado de «delito de manual» el supuesto espionaje y ha advertido que «las primeras consecuencias jurídicas van a llegar desde fuera del Estado».

«En Europa no se va a entender que un Estado democrático espíe al independentismo», ha aseverado el abogado en referencia a las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se preguntó qué tenía que hacer un Estado ante un desafío como el independentista. Y ha remachado: «Ningún magistrado puede justificar lo que es ilegal».

Por otro lado, Abat ha denunciado que existe una «persecución ideológica al independentismo» y que esta no tiene «ningún tipo de justificación jurídica ni política», ya que «el hecho de ser independentista no implica ningún acto antijurídico ni que sea reprobable penalmente».