Los abogados catalanes por el castellano: «El modelo lingüístico está establecido desde la Constitución»

La sentencia del TSJC que obliga a un 25% de las clases en castellano ha llegado al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), cuya Sección de Derecho Constitucional se ha pronunciado contra las llamadas a la desobediencia de la Generalitat. Un grupo de 200 letrados independentistas ha atacado a la institución, que ha recibido la respuesta de 2.000 profesionales.

Un manifiesto firmado por 1.800 abogados ha dado apoyo a la Sección y ha expresado su preocupación por el desacato de Pere Aragonès a la sentencia que pone fin a la inmersión lingüística. Economía Digital ha conversado con la portavoz del texto, Chantal Moll, que lamenta los intentos del independentismo por intentar instrumentalizar el órgano colegial.

«Hay unas personas muy acostumbradas a que las instituciones digan lo que ellos quieren, cualquier opinión que se exprese que no coincida con el poder político es atacada», lamenta Moll sobre los letrados independentistas, algunos «inactivos» como Jaume Alonso Cuevillas, ahora diputado de Junts per Catalunya.

Críticas al menosprecio a la justicia y las trabas a que se aplique la ley

La portavoz recuerda que «lo que hacen los abogados –de la Sección de Derecho Constitucional– es hacer un análisis de la sentencia del TSJC: «No es un tribunal extranjero, es la máxima autoridad judicial en Cataluña». Moll critica los impedimentos de la Generalitat para aplicar la inmersión: «La administración está para servirnos, no para ponernos obstáculos».

«El TJSC no es un tribunal extranjero, es la máxima autoridad judicial en Cataluña»

La letrada, también profesora de derecho en la Universitat de Barcelona, explica que la sentencia no establece una nueva legislación, sino que hace un análisis exhaustivo de la actual normativa vigente: «Es la legislación vigente, el modelo está establecido desde la Constitución; es el Estatut, es la propia ley de política lingüística».

Preguntada por el manifiesto de los 200 abogados secesionistas, que tilda el posicionamiento de la Sección del ICAB como «ultranacionalista» por su posicionamiento, ha lamentado que se quiera «estigmatizar y contradecir» a los que defienden la legalidad: «Se están poniendo trabas para ejercer derechos y no están cumpliendo con un requerimiento».

«La ley es garantía de convivencia y los tribunales deben actuar aplicándola. No hay más, si quieren crear debate, pues perfecto, aunque es extraño que en un mundo de abogados, donde todos sabemos cuáles son los principios fundamentales del derecho. Uno de ellos es el de legalidad, el de sometimiento al derecho, que es una garantía para el más débil», explica Moll.

Críticas al desacato de la Generalitat

Sobre el origen del manifiesto, Chantal Moll ha explicado que su nacimiento «ha sido totalmente improvisado» tras los ataques vertidos contra el ICAB por un «comunicado normal, que entraba dentro de sus competencias». «Esto creará problemas al ciudadano y hay que abordar este tema», defiende la portavoz sobre el origen del comunicado de la Sección.

«Esta gente de la política vive en su mundo, tiene un código propio y a veces se distancian de la realidad», lamenta Moll. La letrada experta en derecho civil lamenta la falta de «seny» durante el procés, algo que ha generado, en su opinión, un sufrimiento generalizado en Cataluña, tanto en independentistas como en contrarios a la secesión.

«Nuestro deber es decir lo que dice la ley, que después no puedan decir que fue una ensoñación», apostilla Moll mientras recuerda que son empleados públicos que deben «servir a la ciudadanía». «Vendrán un montón de demandas y tenemos que decir la verdad», insiste la letrada.

«Nuestro deber es decir lo que dice la ley, que después no puedan decir que fue una ensoñación»

Sobre las interpelaciones al manifiesto de los 200 abogados constitucionalistas –ahora 500, una cuarta parte de los firmantes del texto de apoyo al 25% de castellano– a Maria Eugènia Gay, ha defendido que no se haya pronunciado: «Sería ridículo que la decana protestara enérgicamente por pedir que se cumpla la ley».

El futuro de este movimiento todavía es incierto, que ha nacido como una defensa del Estado de Derecho ante los ataques de algunos miembros, aunque Moll deja la puerta abierta a que esto pueda traducirse en una plataforma, aunque de momento se ponen «a disposición de las familias y asociaciones que están pidiendo la ejecución del modelo de conjunción lingüística».

«Tenemos que dejar hablar a los que saben, tienen que escuchar a juristas y educadores en lugar de hacer proclamas. Somos una sociedad bilingüe, disfrutemos de esta riqueza cultural que tenemos», lamenta Moll sobre la exclusión persistente del castellano en las aulas: «Lo que tenemos que hacer es hablar con los educadores y que poco a poco se adapten los proyectos lingüísticos».

«Somos una sociedad bilingüe, disfrutemos de esta riqueza cultural que tenemos»

El manifiesto impulsado por 1.800 letrados en defensa del cumplimento a la sentencia del TSJC recordaba la necesidad de que la Administración Pública se someta al imperio de la ley de que las instituciones públicas dejen de enviar «mensajes confusos» sobre la aplicación de los mandatos judiciales.

«La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho», han defendido los juristas contrarios a la inmersión invocando el artículo 103 de la Constitución.