Lo que nadie cuenta (y se sabe) de la ley catalana de pobreza energética

La Generalitat no hizo los deberes. No desarrolló la ley 24/2015 para dotarse de protocolos claros de actuación en casos de pobreza energética tal como instó el parlamento catalán en marzo pasado. Un documento oficial constata que el gobierno de Carles Puigdemont estaba trabajando en la elaboración de estos protocolos en junio pasado y que tenían «dudas» sobre como aplicarlos.

Además, representantes de entidades como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) urgieron a la Generalitat a aprobar protocolos y reglamentos claros que desarrollen la ley para proteger a personas vulnerables.

La Generalitat y la empresa Gas Natural Fenosa discrepan sobre la necesidad de estos protocolos de actuación a raíz del fallecimiento de una anciana en Reus (Tarragona), a la cual se le había cortado la electricidad por impago.

Contradicciones en la Generalitat

Pese a que el consejero de empresa, Jordi Baiget, asegurara públicamente que la ley de pobreza energética «es suficientemente clara y no requiere de ningún reglamento oficial», la directora de la Agencia Catalana de Consumo, Montserrat Ribera, le contradijo en junio pasado, en una reunión oficial, cuando expuso que estaban trabajando en el desarrollo de los protocolos de actuación.

Como responsable de consumo, Ribera trabaja a las órdenes de Baiget y ambos militan en el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat), heredero de Convergència Democràtica de Catalunya.

Tal y como consta en la acta de la sesión constitutiva de la mesa para la vivienda y la pobreza energética, Ribera dejó constancia de que «se está trabajando en los protocolos que permiten desarrollar el articulo 6 de la ley 24/2015 a los efectos de evitar dudas en la aplicación por parte de las empresas y de los servicios sociales».

Estos protocolos para proteger a personas en situación de emergencia energética no se han concluido o, de haberse realizado, nunca se han presentado.

Negociaciones con las compañías

En la misma sesión, celebrada el 13 de junio pasado, Ribera se refiere en dos ocasiones más a la negociación de «convenios» con empresas suministradoras de energía: asegura que «se está trabajando para llegar a acuerdos» con las compañías de electricidad y gas y, ante una pregunta sobre esta cuestión, reiteró que «intentaban llegar a los correspondientes acuerdos».

Incluso, Marina Campuzano, en representación de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), defendió en la misma sesión «la conveniencia de ir rápido con el despliegue» de los protocolos. Esta entidad nació para presionar y denunciar a las administraciones públicas por su inmovilismo ante las empresas suministradoras de energía y agua.

En el mismo sentido, Llorenç Serrano, representante de CCOO, indicó que «echaba de menos desarrollos reglamentarios de las normas».

La Generalitat trabajaba en los protocolos

De las intervenciones efectuadas en la sesión constitutiva de la mesa de vivienda y de pobreza energética se infiere que la Generalitat estaba trabajando en los mencionados protocolos de actuación porque los consideraban necesarios. Además, constataron la existencia de «dudas» con respecto a su aplicación.

Gas Natural Fenosa mantiene que la Generalitat nunca ha aprobado el desarrollo reglamentario que debe concretar como se aplica la ley 24/2015 de pobreza energética. Pese a ello, el gobierno catalán abrió un expediente sancionador contra Gas Natural Fenosa por el fallecimiento de la anciana de Reus.

La compañía alega que no existe ningún protocolo que desarrolle la ley y que en la lista de 88 familias vulnerables que le trasladó el Ayuntamiento de Reus no figuraba la víctima.