Una llamada de Aragonès desbloqueó el aval del ICF al Tribunal de Cuentas

La llamada del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) fue determinante para que el organismo avale, finalmente, la fianza de 5,4 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas a los 34 ex altos cargos del Govern. Así cambió de idea Jaume Giró, cuyas palabras este martes no sentaron nada bien en ERC.

La Generalitat pone así contra las cuerdas al ICF, cuyos estatutos prohíben prestarse a particulares, en este caso para sufragar la fianza a los líderes del procés. Los altos directivos del organismo rechazaron ponerse en primera línea por las posibles consecuencias jurídicas que puedan derivar sobre los funcionarios y ellos mismos al ser firmantes del aval.

Según ha podido saber Economía Digital, se han sucedido varias reuniones en estas últimas 48 horas con la Generalitat hasta que a última hora, una llamada de Aragonès desbloqueó la operación. Hay que recordar que el presidente del ICF, Albert Castellanos, era número dos del actual president cuando era consejero de Economía.

El consejero de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, anunció este martes que el ICF no sería el contraavalista. Giró argumentó que no quería exponer a los funcionarios incidiendo en que no se iba a «correr el riesgo innecesario» de «someter a ninguno de los profesionales del ICF a dar curso a una operación que, si tenemos en cuenta los precedentes, provocaría angustia, inquietud y miedo tanto a ellos como a sus familias».

Pero en el trascurso de apenas 24 horas todo cambió y Giró anunció este miércoles en el Parlament que el ICF estará en primera línea para hacer de contraavalista y salvar del embargo a los líderes del procés. Los juristas consultados señalan que este mecanismo ideado por la Generalitat podría incurrir en un posible fraude de ley y hasta en malversación.

Hay «miedo» y muchos «nervios» en el ICF, según ha podido saber ED. Los funcionarios no se quieren exponer ante la Justicia. La maniobra inicial de la Generalitat consistía en que si los bancos avalaban el fondo salvaguardaban a los funcionarios públicos. Y, sobre todo, su patrimonio personal si incurrían en responsabilidades que pudieran ser consideradas penales o contrarias a normativa. 

No en vano, desde el ICF se ha alertado en todo momento de que si actuaban de avalista y no de mero gestor, como inicialmente se pretendía, se les colocaría en el disparadero. Se podrán iniciar procedimientos contra ellos.  

Asimismo, los estatutos del Instituto Catalán de Finanzas prohíben prestarse a particulares, en este caso los ex 34 altos cargos del Govern. La estrategia de Pere Aragonés para sortear esto es que fueran los partidos nacionalistas, ERC, Junts y la CUP, quienes depositaran las fianzas de los enjuiciados.

Pero esta opción contraviene a la legislación de partidos políticos, por lo que no podían hacerlo por ley sin arriesgarse, igualmente, a consecuencias penales o administrativas.

Según ha podido saber ED, las reuniones se sucedieron de la Generalitat con el ICF, con el equipo técnico del Govern y hasta con los servicios jurídicos. Se buscó a contrarreloj una fórmula jurídica idónea que no llegó.

Y el último plan ‘a la desesperada’ que encontraron desde la Generalitat fue proponer modificar los estatutos del ICF para que cambiasen de manera puntual o permanente la prohibición de prestarse a particulares. Un consejero del ICF se llevó las manos a la cabeza tachando la idea de “descabellada”.

Los altos cargos querían preservar la independencia del ICF y no exponerse ellos mismos con la firma del aval, pero una llamada del presidente de la Generalitat ha hecho cambiar su parecer.

Aragonés expresó este miércoles su «agradecimiento» a Giró «por el anuncio que ha hecho hoy, por el compromiso demostrado y por el trabajo conjunto. Con él está el conjunto del Govern», indicó.

Mientras que el consejero destacó que han sido los propios consejeros del ICF los que han tomado la iniciativa y les han llamado para exponerse. Un argumento que en la oposición no terminan de creerse.

Fuentes del Tribunal de Cuentas señalaron a ED que  el trámite de afianzamiento «está actualmente en curso y cuando se termine el expediente se decidirá si esa vía es legal o no».