Ley de Vivienda: estos son los puntos clave

La aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Vivienda ha introducido novedades significativas tanto para los inquilinos como para los propietarios de los inmuebles en alquiler.

Entre las medidas más controvertidas se encuentra el tope a la subida del precio del alquiler, la imposibilidad de pagar en efectivo la cuota o la obligación de asumir los gastos de la inmobiliaria para los caseros.

Después de haber sido aprobada por el Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros, actualmente la tramitación se encuentra en la última fase, en la que únicamente falta el visto bueno por parte del Senado.

Si finalmente recibe la luz verde de la Cámara Alta, la nueva legislación se aprobará definitivamente y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A continuación, te desvelamos los puntos clave de la nueva normativa.

Tope al alquiler

Con el objetivo de evitar incrementos descontrolados de la cuota del alquiler, se contempla una prórroga del tope del 2% al precio del alquiler, que ya se encuentra en vigor. De hecho, el próximo año el porcentaje se elevará hasta el 3%.

Más adelante, se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual.

Definición de «gran tenedor»

También se modifica la definición de lo que se considera un «gran tenedor». A partir de ahora, serán las personas físicas o jurídicas que se encuentren en posesión de cinco inmuebles.

Hasta ahora, se consideraba un «gran tenedor» al propietario de más de diez inmuebles

Así, se ha rebajado el número de viviendas que es necesario tener en propiedad para considerarse este tipo de propietario, que hasta el momento era el que tenía 10.

Zonas tensionadas

En el marco de la nueva normativa, se incluye una mejora de las condiciones para la declaración de zona tensionada, abarcando más áreas para la aplicación de las medidas de control. Con todo, la declaración de estas zonas se llevará a cabo cuando se cumpla uno de los siguientes requisitos.

Si la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien, si el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

Gastos de inmobiliaria

Otro de los puntos clave son los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato, que correrán a cargo del propietario.

Los gastos de gestión inmobiliaria pasan a manos de los propietarios

Por tanto, los inquilinos no habrán de desembolsar el importe correspondiente a una mensualidad del alquiler que acostumbran a cobrar las inmobiliarias en este tipo de proceso. Además, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos.

Desahucios

Entre las medidas contempladas en la Ley de Vivienda destacan, asimismo, las orientadas a proteger frente a los desahucios.

Concretamente, se prohíben los lanzamientos sin fecha y hora predeterminada y se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de desahucios, así como se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables.