Lesmes mueve ficha contra el Gobierno

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, escucha a los jueces y planta cara a la reforma aprobada por el Gobierno de coalición que limita sus competencias constitucionales en funciones. Según ha podido saber Economía Digital, el órgano de gobierno de los jueces ha encargado a su gabinete técnico un informe que valore la norma del Ejecutivo, aprobada este miércoles en el Senado.

Lesmes dio este jueves el paso tras escuchar la queja de las tres principales asociaciones judiciales que solicitaron de forma conjunta actuar frente a una limitación que, entre otros aspectos, impide realizar nombramientos mientras el órgano esté en funciones.

El presidente del CGPJ ha movido ficha contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez al no ver un pacto inminente entre PP y PSOE que permita volver a su funcionamiento normal tras más de dos años de espera.

El objetivo de Lesmes es dar voz a todos los magistrados, de manera que se llegue a una respuesta conjunta sobre si elevar su queja al Tribunal Constitucional y también volver de nuevo a altas instancias europeas.

Así y según ha podido saber ED, una vez que el gabinete técnico del CGPJ realice este informe, Lesmes lo expondrá en el Pleno convocado para el próximo 22 de abril.

Será en este ‘cónclave judicial’ donde se abra el debate entre los distintos vocales del CGPJ y cada uno pueda posicionarse respecto a si acatar la reforma del Ejecutivo, sin éste haberles consultado previamente, o tal y como vienen reivindicando las distintas asociaciones de magistrados, elevar una queja a altas instancias en defensa de sus competencias constitucionales.

Las asociaciones reclaman que el CGPJ actúe

Tres de las cuatro asociaciones judiciales reclamaron mediante un comunicado conjunto que el CGPJ actúe frente a la reforma que ha aprobado el Gobierno «por la puerta de atrás, es decir sin consultarnos».

«Instamos al CGPJ a fin de que, a la mayor brevedad, adopte las medidas oportunas y ejerza las acciones a su alcance en defensa de sus competencias y, por tanto, en defensa de la Constitución», afirma el comunicado conjunto firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI).

Una reforma que, según recalcan las asociaciones, se ha hecho «sin escuchar a nadie y por vía de urgencia» y que priva al Poder Judicial «de una de sus funciones principales y, de paso, impide que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política».

«Ya se ha conseguido lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario. Lo que era el palo y la zanahoria se queda sólo en el palo», dice el escrito, en referencia a las palabras de Lesmes sobre que a los jueces se les controlaba «con el palo y la zanahoria».

Los jueces se sienten «ninguneados»

Los magistrados consultados por ED aseguran sentirse «ninguneados» y «apenados» al contemplar «hasta dónde está llegando este Gobierno».

También recalcan que durante todos los años que llevan ejerciendo «jamás habíamos visto una injerencia igual». «Muchos no pensábamos que llegarían tan lejos», señalan.

«Tenemos paralizada la Justicia por su capricho. Su función es renovar las instituciones en plazo», apuntó la portavoz de APM, María Jesús del Barco.

«El único camino para la democracia es el de la separación de poderes y el sistema mixto de elección que exige Europa», contesta la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concha Rodríguez.

Distintos magistrados esgrimen que, además de poder llevar el conflicto al Tribunal Constitucional o a Bruselas, también se puede plantear un conflicto de competencias o reclamar el apoyo del Consejo de Europa, como ya publicó este medio.

La asociación que descarta sumarse a esta petición es la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, tercera en representación. Sus responsables insisten en que el problema de fondo reside en la no renovación del Consejo y, de ahí, que el problema no esté en manos de los jueces, sino de los políticos.

«Urge una renovación del Consejo», insisten a la vez que ‘quitan hierro’ asegurando que «no procede» plantear una cuestión «que excede de nuestras competencias», zanjan.