Lesmes frena los nuevos nombramientos y debatirá la Ley del ‘sí es sí’ tras las presiones de Montero
Lesmes no realizará más nombramientos de magistrados el próximo jueves ante a un pacto inminente entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, tal y como avanzó ED.
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha mantenido en las últimas horas contactos con el Gobierno /EFE
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, no ha incluido la elección de nuevos magistrados del tribunal Supremo en el orden del día del próximo pleno que tendrá lugar el jueves. Tal y como publicó Economía Digital, Lesmes estaba esperando la constatación de un acuerdo inminente entre PP y PSOE para renovar los órganos constitucionales y ese pacto parece ser inminente, según las distintas fuentes consultadas.
Los vocales conservadores pidieron el viernes a Lesmes que esperara y no designara este jueves a los magistrados vacantes ante un pacto «inminente». Este sector también considera que si hay pacto entre Sánchez y Casado debería paralizarse la reforma del Gobierno de coalición que busca recortar las mayorías y las funciones constitucionales del CGPJ.
En este caso, se trata de ocho vacantes las que faltan por designar: las presidencias de los tribunales superiores de Justicia del País Vasco y Canarias, la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ vasco, dos plazas de la Sala Civil y una de lo Social del Tribunal Supremo y las presidencias de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería.
Se discutirá la Ley del ‘sí es sí’
Sin embargo, el CGPJ sí que debatirá la Ley de libertad sexual, conocida como Ley del solo ‘sí es sí’, que supone la modificación del Código Penal, ya que tiene como objetivo que cualquier acto de naturaleza sexual que no sea consentido será considerado como una agresión sexual.
La ministra de Igualdad apremió al ministro de Justicia y a los jueces a que terminen un informe para aprobar su Ley, de cara al Día Internacional de la Mujer (8M). La norma estaba en fase de estudio en el órgano de gobierno de los jueces. Los magistrados discutirán este jueves si la Ley está dotada de suficiente seguridad jurídica, puesta en duda desde el PSOE.
Tal y como publicó ED, la letra pequeña del borrador también esgrime otras propuestas, como un fondo de reparación para las víctimas. Es decir, todo un paquete de reformas del ámbito económico y jurídico que incluye a varios Ministerios y cambios es varias normas. Es por ello, que el informe elaborado por el CGPJ sobre la ley se haya retrasado tres meses.
Los vocales encargados de estudiar la propuesta Juan Manuel Fernández, Pilar Sepúlveda y Roser Bach (el primer vocal a propuesta del PP y las dos siguientes a propuesta del PSOE) ya han completado el borrador con los cambios pertinentes para remitirla al resto de vocales jueces para que hagan lo mismo y discutirla en el pleno ordinario de este jueves.
Según las fuentes consultadas, ha sido tanta la insistencia desde Igualdad que el propio Lesmes ofreció celebrar un pleno extraordinario de los jueces en febrero ante la urgencia. Fue el ministro Campo quien calmó los ánimos considerando que no era necesario y que debía discutirse este jueves en el próximo pleno ordinario.
El malestar se extendió por el órgano de los jueces, ya que consideran que “no son cambios que se resuelvan de un día para otro dada su complejidad”. Además señalan que según lo reflejado por Igualdad en el borrador, serían necesarios grandes cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Violencia de Género, el Código Penal y el visto bueno de los Ministerios de Hacienda y Economía.
Los magistrados también criticaron que la norma también ha sufrido varios cambios por parte del Ejecutivo. El CGPJ tuvo que esperar hasta octubre para recibir un segundo texto, que modificaba al anterior remitido por Igualdad.
La Ley genera discrepancias entre los jueces
El consentimiento expreso genera discrepancias. Uno de los puntos más conflictivos en el órgano de los jueces es la regulación del consentimiento expreso. De acuerdo con el anteproyecto, se considerará agresión sexual la realización de “cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”.
Esta parte no suscita objeciones para los ponentes del CGPJ. El problema viene en la frase siguiente: “Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”.
De acuerdo con las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por ED, exigir la prueba de un hecho negativo puede terminar beneficiando a los agresores. A su juicio, con la primera parte redactada sería suficiente . Aunque también señalan “fallos de redacción” a lo largo de todo el texto, elaborado por Igualdad, que bien podrían generar situaciones de inseguridad jurídica.
Desde Igualdad quieren llevar la norma cuanto antes al Congreso, de ahí el apremio a Justicia, para que coincida con el Día Internacional de la Mujer y poder anunciarlo como otro triunfo del Gobierno de coalición.
