Las medidas cautelares impuestas a Puigdemont y los ex consejeros
El juez belga deja en libertad vigilada al ex presidente de la Generalitat y los consejeros cesados que no acudieron la semana pasada a la Audiencia Nacional
La Justicia belga dejó en libertad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros con medidas cautelares como la prohibición de salir al extranjero sin permiso del juez de instrucción, tras la audiencias celebradas en la sede de la Fiscalía de Bruselas. Entre esas medidas, además, figuran la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.
El juez instructor tiene ahora hasta quince días para volver a convocarlos en el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá sobra la euroorden de entrega que pesa sobre ellos, confirmó la Fiscalía en un comunicado. Puigdemont y los ex consejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se personaron en sede policial en Bruselas a las 09.17 del domingo.
Tanto el expresidente como los exconsejeros han declarado desde las 16.00 hasta las 20.00, por separado, y han abandonado la Fiscalía de Bruselas todos juntos en un minibús catorce horas después de su llegada. A la salida de la Fiscalía no ha habido declaraciones del abogado de Puigdemont, el flamenco Paul Bekaert.
Alrededor de medio centenar de periodistas esperaban en la puerta de la Fiscalía de Bruselas la salida de la delegación catalana, pero no han hecho declaraciones al ser escoltados en un minibús por la propia Policía de camino al lugar comunicado como residencia y que se desconoce. Hasta las puertas de la Fiscalía, para mostrar su apoyo a Puigdemont y los ex consejeros, se han desplazado una decena de personas con esteladas que gritaron «independencia» y «no estáis solos».
El ex presidente catalán y los cuatro ex consejeros que le acompañan en Bruselas se entregaron hoy a la Justicia belga en calidad de detenidos y rechazaron su traslado ante las autoridades españolas, que los reclaman por presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos. La entrega fue «convenida» con los magistrados de los cinco políticos catalanes, que respetaron el compromiso y se entregaron a las autoridades belgas en presencia de sus abogados, precisó la Fiscalía.
El hecho se produjo en una comisaría de Policía del centro de Bruselas, evitando la presencia de medios de comunicación en el momento en el que pasaban a estar formalmente bajo arresto. La tramitación en Bélgica de las euroórdenes debería, teóricamente, prolongarse un máximo de 60 días, y 30 más en circunstancias excepcionales, recordó hoy el portavoz del Ministerio Público en una rueda de prensa en francés, inglés y neerlandés.
No obstante, el portavoz de la Fiscalía matizó que, en caso de que no se ordene su ingreso en prisión, el plazo podría incluso alargarse más de los citados 90 días.
