Las CCAA piden al Gobierno medidas comunes tras el estado de alarma

Continúa el rifi-rafe entre el Gobierno y las comunidades autónomas por el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. El jefe del Ejecutivo planteó no prorrogar más el estado de alarma si no hay rebrotes y los distintos territorios exigen ahora medidas comunes para evitar que haya «17 Reinos de Taifas», tal y como sucedió de junio a octubre del año pasado.

Las comunidades empiezan a ser conscientes de que volverán a llevar las riendas sobre las restricciones con el fin del estado de alarma, a excepción del toque de queda que se elimina con la medida. Los territorios del PP consideran que el Gobierno debería reformar varias leyes sanitarias para «dar seguridad y cobertura a las comunidades».

Junto al PP un sector de la Magistratura apoya esta medida para evitar las contradicciones judiciales sucedidas el año pasado. El Consejo de Estado también ve obsoleta la ley de Salud Pública de 1986 y advierte de que las reglas estatales para la adopción de medidas cautelares ante una pandemia son «muy parcas».

Ante estas recomendaciones, el Ejecutivo sigue considerando que no hace falta realizar este tipo de reforma y se mantiene en que el Consejo Interterritorial de Salud y la vía judicial solucionarán el papel de las comunidades. Pese a que este ‘tira y afloja’ todavía continúa, ahora los territorios exigen un paso más al Ejecutivo.

Los territorios reclaman a Sánchez aprobar esta vez alguna norma que establezca medidas comunes para todo el territorio, como hizo el verano pasado, cuando el fin del estado de alarma vino acompañado de un decreto aprobado en el Congreso en el que se regulaban algunos aspectos generales, como la obligatoriedad del uso de la mascarilla o de la distancia social de 1,5 metros es espacios públicos.

«No podemos volver a los 17 protocolos distintos», señalan desde el gobierno andaluz. Desde Murcia también tachan de «desastre» que existan «17 normas diferentes dependiendo de la comunidad» y piden «unificar criterios para salir todos a la vez de la pandemia».

El anuncio de Sánchez generó más motivos de preocupación entre los distintos territorios. El Gobierno busca que el órgano donde se decidan estos criterios sea el Consejo Interterritorial de Salud, donde figuran las comunidades y el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, desde los distintos territorios admiten cierta incertidumbre respecto al papel que tomará este órgano tras el 9 de mayo. El Gobierno insiste en que las decisiones adoptadas en este órgano son de obligado cumplimiento para todos los ejecutivos autonómicos, lo que ha servido para imponer restricciones comunes, como los cierres perimetrales en Navidad o Semana Santa, y sortear la oposición de alguna comunidad, especialmente Madrid.

Una vez que se levante el estado de alarma, este órgano podría también dar cobertura legal a medidas que puedan exceder las competencias autonómicas.

El malestar no es sólo entre las comunidades del PP. La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, sostiene la «absoluta necesidad de asegurar una desescalada lenta con medidas restrictivas» y espera que el Gobierno de España le dé «garantía jurídicas» para seguir aplicando restricciones de movilidad a la población.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se limitan a decir que el Ejecutivo tiene «ciertas dudas, sobre todo, desde el punto de vista jurídico». El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, dijo que «en aquellas situaciones donde se tienen que tomar decisiones que tienen que ver con los derechos fundamentales, tenemos dudas que veremos cómo se van trabajando y discutiendo».

Los diferentes territorios ya estudian las medidas acordes a su situación epidemiológica, aunque la mayoría se muestran convencidas de que el Gobierno tendrá que aprobar otro instrumento que les dote de mayor cobertura y unifique criterios. «Es fundamental que las comunidades tengan las herramientas para poder controlar la pandemia y evitar contagios», señalan desde Aragón.