Las CCAA del PP, inquietas por la propuesta de Hacienda de reducir la jornada a 35 horas a funcionarios

Tras un intenso tira y afloja, la Mesa General de Negociación de la Función Pública dio luz verde y aprobó este lunes la propuesta del Ministerio de Hacienda de subir hasta un 3,5% los salarios públicos en los Presupuestos de 2023. De la mano de los sindicatos, la ministra María Jesús Montero cuenta para esta actualización con el apoyo de CCOO y UGT, con quienes ha preacordado una alza adicional del 1,5% en 2022 y de hasta el 2,5% en 2024.

El incremento adicional del 1,5% para 2022 se sumará al 2% aplicado desde principios de año, así la subida salarial para 2022-2024 será en total del 8% fijo, con la posibilidad de que alcance el 9,5% con la parte variable. La subida en términos reales a los funcionarios llegará al 9,8%, según Hacienda, ya que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida y el aumento de cada año se realiza sobre el sueldo incrementado del ejercicio anterior.

Sin embargo, hay otra mejora pactada, aunque aún no reflejada, en la propuesta que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular observan con preocupación, según ha podido conocer Economía Digital de fuentes del equipo económico de la formación: la jornada laboral de 35 horas, aunque ya está implantada en algunas regiones, como es por ejemplo el caso de Andalucía.

Inviable en Sanidad o dependencia

Éste es, de hecho, uno de los puntos sobre los que pivotó la reunión de este mismo lunes de los responsables económicos del PP a nivel orgánico y regional. Según fuentes presentes en el cónclave, además de tratar la política tributaria del Gobierno y la respuesta a nivel autonómico o por dónde discurre el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado, los consejeros responsables de Hacienda en las comunidades gobernadas por el PP adujeron su «gran preocupación» por cómo se implantará la jornada de 35 horas para los funcionarios.

Sobre todo porque, según aducen fuentes populares, es un extremo que no ha contado con el visto bueno autonómico y que, de hecho, se ha acordado «por primera vez» sin un planteamiento previo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF). Y, de hecho, es donde un mayor roto se le puede generar a la administración por «problemas de prestación del servicio, porque en el caso de la dependencia o la salud no hay suficiente personal, más allá del dinero o gasto que conlleve».

«A las CCAA las subidas salariales les cuesta el dinero, pero las 35 horas les entra directamente en el corazón de la prestación de servicio. ¿Qué haces, cierras los ambulatorios para conseguir las 35 horas?«, se preguntaba una voz autorizada en el partido en conversación con este periódico. «Además no sólo es que cueste dinero, es que no hay personal para prestar el servicio como toca: médicos, enfermeras… Este tipo de medidas no se pueden tomar sin pasarlas a consulta por el CPFyF».

No es una práctica extraña en los últimos meses en la relación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Y menos si se trata de un aspecto con el que Hacienda ha hecho bandera. De hecho, la ministra Montero recordó durante la presentación del paquete fiscal que la Ley de Presupuestos contempla desde hace años que, si se cumplen las reglas fiscales, se puede recuperar la jornada de 35 horas semanales. Esta medida fue impulsada por la actual ministra cuando era consejera de la Junta de Andalucía, como ella misma explicó.

El cuadro macroeconómico

Sin embargo, las reglas fiscales dictadas por la Comisión Europea siguen suspendidas y tiene que ver directamente con la capacidad de acción de las autonomías. La cláusula de escape del Pacto de Estabilidad se activó con el inicio de la crisis y permitió a los países exceder los límites de deuda pública y de déficit, para hacer frente a la pandemia. Bruselas aprobó que este escenario se mantenga así durante 2023, cuando deberá abrir el debate sobre la reforma del marco fiscal.

Las expectativas macroeconómicas del Gobierno no prevén que el objetivo de deuda se alcance en todo el horizonte, hasta 2025, aunque sí se espera que se vaya reduciendo. En el caso del déficit y si no se producen modificaciones a nivel comunitario, España no cumpliría con el objetivo hasta 2025, cuando alcanzaría el 2,9% del PIB.

En España, donde también se aprobó mantener suspendidas las reglas fiscales, el Gobierno sí fijó un techo de gasto histórico, que servirá de base para la elaboración presupuestaria y también estableció una tasa de referencia del déficit a cumplir por las comunidades autónomas, del 0,3%.