Las causas judiciales dinamitan el proyecto político de Mas

El 'caso Palau' deja en una situación de extrema debilidad al presidente de la Generalitat

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Las dificultades de CiU para impulsar el proyecto político de carácter soberanista que encarna el President Artur Mas se encuentran en casa.

El enemigo de ese proyecto puede que sea, finalmente, la propia formación política que lidera, Convergència Democràtica. Tras el informe del Fiscal Anticorrupción sobre el caso Palau que establece una supuesta financiación irregular del partido, la propia figura de Artur Mas se ve debilitada. Y esa situación añadirá más ruido al que ya se ha creado por el debate soberanista.

Corrupción y soberanismo

Dirigentes de la federación nacionalista aseguraban en las últimas semanas que Mas tenía dos problemas importantes, el caso Palau, que arrastraba una larga investigación, pero no se había paralizado, y la imposibilidad de aprobar los presupuestos de 2013. En el segundo caso, Mas depende de Esquerra Republicana y de que satisfaga sus peticiones para que fije, cuanto antes, la fecha y la pregunta de la consulta soberanista. Pero Mas está lastrado ahora por el caso Palau, que le obligará a ofrecer explicaciones.

Las dudas en los dos sentidos podrían dejar a Mas fuera de la carrera política.

Mas señaló que dimitiría si se demostraba que pudiera estar vinculado en un caso de corrupción. Lo dijo en plena campaña electoral del 25N, cuando se le acusó de tener cuentas bancarias en Suiza. Asumió su responsabilidad por el caso Palau, aunque en ningún momento ha sido imputado. La cuestión es que Mas es el presidente de CDC, y, en los últimos años investigados, el secretario general de Convergència era Oriol Pujol Ferrusola.

CDC se defiende

Convergència Democràtica ha difundido un comunicado en que asegura que ni el partido ni la Fundació CatDem, “se han lucrado nunca del Palau de la Música”. CDC manifiesta que la relación “criminal” que establece Anticorrupción entre Ferrovial y el partido “ es falsa y no se acompaña de ninguna prueba que acredite la existencia de adjudicaciones hechas ni de manera irregular ni ilicita”.

Y recuerda que el informe es “un escrito del fiscal y que, en ningún caso, es una sentencia ni una mera conclusión provisional de la instrucción, que deberá hacer, en su momento el magistrado instructor del caso”.

Pero la situación política tiene su propio ritmo. Y Mas no podrá obviar el informe de Anticorrupción. Al caso Palau se une el caso ITV, por el que se imputó a Oriol Pujol Ferrusola.

Liderazgo tocado

Con todo ello, Convergència queda muy tocada por diversas cuestiones. El liderazgo del partido está en entredicho, porque Oriol Pujol dimitió como secretario general al ser imputado. Sus dos sustitutos en el cargo son Josep Rull y Lluís Corominas. Y a los problemas judiciales –la sede de Convergència sigue embargada por el Caso Palau– se añaden los derivados del proyecto soberanista.

El “adversario político” es Esquerra Republicana, como ha asegurado Josep Antoni Duran Lleida y defienden muchos diputados de CiU en el Parlament. Lo que se está jugando en Catalunya en estos momentos, como apuntan dirigentes convergentes y de Unió, es qué fuerza política se hará con la hegemonía del soberanismo, y cuál será la que siga defendiendo el autonomismo o el federalismo.

Y Esquerra “corre veloz” para sustituir a CiU como la fuerza mayoritaria.

Dinamita en el proyecto de Mas

Prueba de ello, es que la actual dirección de Esquerra, a diferencia de lo que pasaba hace sólo tres años, no cargará contra CiU por el caso Palau, pese a criticar las malas prácticas de los partidos del “establishment”.

Ya ocurrió en el inicio de esta legislatura, cuando Esquerra salvó a Mas de comparecer en el Parlament para dar explicaciones por el caso Palau, como pedía ICV-EUiA, con el apoyo del PSC, PP y Ciutadans.

Es decir, el informe de Anticorrupción deja a Esquerra Republicana una enorme pista por delante. Mas duda, porque su partido no le acaba de seguir, y porque, además, la propia estructura de CDC está dinamitando el proyecto del President, por las prácticas de supuesta financiación ilegal adoptadas durante años.

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