Las cárceles catalanas vuelven a pedir el tercer grado para los presos del ‘procés’
La Generalitat planea conceder de nuevo el régimen de semilibertad a los presos independentistas con lo que desafiará al Tribunal Supremo
Oriol Junqueras, en una de sus salidas de la cárcel
Las cárceles catalanas de Lledoners, Wad Ras y Puig de les Basses han propuesto el tercer grado para los nueve líderes independentistas en prisión, lo que les permitiría salir a diario y regresar al centro penitenciario solo a dormir. Esta decisión se ha adoptado apenas un mes después de que el Tribunal Supremo se lo revocara.
En rueda de prensa, el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima del gobierno catalán, Amand Calderó, anunció este jueves que la propuesta aprobada por las juntas de tratamiento de las cárceles donde cumplen condena los presos del procés no será efectiva hasta que la Generalitat la ratifique. Para ello tiene un plazo máximo de dos meses.
El reglamento penitenciario contempla que cada seis meses se revisen las calificaciones de los presos para decidir su cumplen las condiciones para concederles beneficios como son los permisos de saluda.
Precisamente, este las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas donde están internados los líderes del procés autorizaron que se les conceda el tercer grado. Era una decisión esperada, en la misma línea que adoptaron en anteriores ocasiones.
El Tribunal Supremo ha mantenido hasta la fecha que el tercer grado para los líderes independentistas es una medida prematura
La decisión corresponde a la Consejería de Justicia de la Generalitat, que con anterioridad validó el tercer grado. No obstante, el Tribunal Supremo ya lo revocó en diciembre pasado por considerar que se trataba de una medida prematura, tal como argumentó la Fiscalía.
La Consejería de Justicia de la Generalitat decidirá en los próximos días si valida la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles. En caso de hacerlo, supondrá un nuevo enfrentamiento con la sala segunda del TS que preside el magistrado Manuel Marchena. Esta instancia judicial mantiene se niega a dar este tipo de privilegios a los nueve políticos presos.
“Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios penitenciarios, piensen lo que piensen”, indicó Calderó. Las juntas de tratamiento, compuestas por equipos de técnicos interdisciplinares, evalúan el caso de cada preso por separado.
Calderó señaló que después del tiempo que han permanecido en la cárcel se puede analizar mejor la situación de cada preso. “El Supremo exigía un mayor periodo de observación y en estos meses se han podido valorar más el cumplimiento de los planes. Hay un periodo suficiente para que haya cambios”, insistió.
Todos los condenados habrán cumplido una cuarta parte de sus penas el próximo 11 de febrero.
A partir del próximo 11 de febrero, todos los condenados ya habrán cumplido una cuarta parte de la pena.
