Las autonomías colapsan el teléfono de Montero para que aclare las ayudas directas

El caos de las autonomías con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, todavía colea. El Gobierno aprobó hace dos semanas el plan de ayudas directas de 7.000 millones de euros a la gestión empresarial donde informó que los territorios tendrían el papel protagonista. Las distintas comunidades solicitaron una reunión a la ministra para aclarar cuál va a ser su gestión y ante la falta de contestación han optado por saturar el teléfono de Hacienda para preguntar aspectos tan básicos como a qué empresas se concederán las ayudas o cuáles son los gastos que se pueden compensar.

La medida aprobada mediante Real Decreto ha puesto en pie de guerra a las comunidades autónomas, incluidas a las socialistas. El presidente valenciano, Ximo Puig, solicitó a la ministra realizar antes de que se aprobara la norma un foro de debate con todos los territorios para que cada comunidad se enterase de su papel y la gestión que tienen que desempeñar.

Incluso, los barones más críticos también exigieron una reunión «urgente» del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero no ha habido manera. Montero rechazó estas ideas y tampoco ha habido ninguna reunión aclaratoria, se quejan desde los distintos territorios.

La ministra sigue añadiendo que el Ministerio de Hacienda mantiene las puertas abiertas para cualquier duda y eso es lo que han hecho las distintas comunidades. Esta vez cada una por su lado.

Así este viernes comenzó la operación ‘sálvese quien pueda’, de manera que los consejeros y técnicos de los distintos territorios han colapsado el teléfono del Ministerio de Montero para preguntar sus dudas y los aspectos más simples a la hora de gestionar los fondos que, previsiblemente recibirán en poco más de tres semanas.

En el PSOE autonómico también observan «lagunas importantes» respecto al diseño de estos fondos a la vez que afean a Montero que les haya impuesto sin negociación previa la obligación de gestionar unas ayudas de gran complejidad «dejando sin cubrir muchas actividades productivas», recalcan.

Una de las principales quejas de los distintos territorios a este plan de ayudas no reembolsables diseñado por la vicepresidencia de Asuntos Económicos de Nadia Calviño y el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero es la apertura a más actividades económicas de las 95 consideradas por el Gobierno.

Desde el área de Calviño ya se habría abierto la puerta a ampliar este listado, pero todavía sigue sin aclararlo con las comunidades.

Polémico reparto

Este viernes Hacienda ha publicado la orden ministerial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que recoge el reparto de las nuevas ayudas directas, que antes de conocerse ya había despertado críticas entre varias comunidades y un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid.

En concreto, se trata del fondo de 7.000 millones para ayudas a autónomos y empresas en apoyo su solvencia y reducción del endeudamiento, incluido en el paquete total de 11.000 millones de ayudas, que recoge otro fondo de 3.000 millones para reestructuración de deuda de empresas con préstamos avalados por el ICO y otro fondo de 1.000 millones para recapitalización de empresas gestionado por Cofides.

El reparto sitúa a Canarias (1.144,2 millones), Andalucía (1.109 millones) y Cataluña (993,2 millones de euros) como las tres regiones más beneficiadas por el reparto, ya que copan el 46,4% de las ayudas totales, Por detrás se sitúa Islas Baleares, con 855,73 millones, de forma que la Comunidad de Madrid queda relegada al quinto puesto, con 679,28 millones de euros.

Esta distribución ha agudizado el malestar de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha criticado en un tuit que la región solo reciba el 9,7% de las ayudas a pesar de que la economía madrileña representa casi el 20% del PIB nacional. “Sánchez vuelve a castigar a los madrileños”, ha denunciado. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó hace unos días que la Comunidad de Madrid dejaría de percibir los 600 millones de ayudas debido a la convocatoria de elecciones en la región el 4 de mayo, algo que posteriormente desmintió y criticó duramente Ayuso.  La polémica se trasladó más tarde al Congreso con reproches y acusaciones de arbitrariedad del PP a las ministras económicas, que defienden la «equidad» y el «control exquisito» de las ayudas directas y los fondos europeos.

Cinco comunidades expresaron su «perplejidad»

Los consejeros de Hacienda de Galicia, Andalucía, Murcia, Comunidad de Madrid y Castilla y León, así como el de la ciudad autónoma de Ceuta, ya realizaron una declaración conjunta en la que denuncian que la decisión se ha impuesto sin diálogo y que beneficia «a los de siempre», al tiempo que cuestionan que las ayudas se apliquen «sin tener en cuenta el número y las circunstancias de las empresas a apoyar en cada territorio».

La vicepresidenta Calviño tuvo que dar explicaciones asegurando que el Ejecutivo «no discrimina a ninguna región» en el reparto de fondos europeos, con posibles sospechas hacia la Comunidad de Madrid.

«Este es un nuevo episodio de la deslealtad institucional de un Gobierno que nos deja a un lado en las decisiones más trascendentes, demostrando que su concepto de cogobernanza es un diálogo de sordos, en el que se adoptan las decisiones por parte del Estado de forma unilateral», explican en la misiva.

Inciden los consejeros en que la gestión de las ayudas «entrañan una gran complejidad» y dejan «muchas incógnitas sobre la mesa y actividades productivas sin atender».

Asimismo, reiteran que en los últimos meses el PP ha denunciado «la falta de transparencia y dialogo en la gestión de los fondos de recuperación» y que el Gobierno no ha dado «noticias claras» sobre la ejecución del fondo Next Generation de la UE, ni sobre el fondo Covid-2021.

A estas quejas se suman barones socialistas como el valenciano Ximo Puig para hacer presión a la ministra de Hacienda y que atienda las dudas de los distintos territorios.

A esta queja de las CCAA se añade también la carta enviada hace unos días por 10 alcaldes de grandes ciudades —Cádiz (Adelante), Girona (JxCAT), Lleida (ERC), Madrid (PP), Reus (PDeCAT), Santa Cruz de Tenerife (CC), Torrelavega (PRC), Pamplona (UPN), Valencia (Compromís) y Zaragoza (PP)— para exigir una reunión con Montero y un fondo de reconstrucción local de 4.000 millones, sin respuesta de Hacienda por ahora.

Hacienda sostiene que son criterios objetivos

Desde Hacienda aseguran que los criterios para el reparto del primer compartimento del fondo de 7.000 millones (es decir, 5.000 millones para todas las CCAA Salvo Canarias y Baleares, que les corresponde el segundo compartimento) son los mismos que se tuvieron en cuenta para el fondo React-UE, con 16.000 millones transferidos a las CCAA el año pasado, cuando resultó Madrid la región más beneficiada.

Así, según Hacienda, dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada comunidad autónoma y ciudad, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas.  

A su vez, dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la comunidad autónoma y ciudad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio. Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años).

En cuanto al segundo compartimento de 2.000 millones de euros reservado para Baleares y Canarias, su reparto se realizará de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados a la Seguridad Social en términos netos, según el departamento de María Jesús Montero.