El laberinto legal de los padres que piden educación bilingüe en Cataluña
Los padres deben enfrentarse a procesos burocráticos e incluso judiciales, aunque desde Asamblea por una Escuela Bilingüe avisan: "Las sentencias se ganan todas"
Agentes de la policía impiden el paso a la plaza de Sant Jaume a un grupo de manifestantes convocados por la asociación «Hablamos Español» en una imagen de archivo. Foto: EFE/QG
Aunque varias sentencias judiciales reconocen el derecho de los padres a que una parte de la educación de sus hijos se haga en castellano, la Generalitat sigue ignorando la obligatoriedad de garantizar que al menos un 25% de la enseñanza sé de en español –la materia lingüística y otra troncal que se imparta en esa lengua–.
La situación obliga a los padres a tener que recurrir a la justicia para conseguir que se aplique la ley, aunque es algo que podría cambiar a partir del curso 2022-2023 si el Tribunal Supremo (TS) ratifica la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC), que por primera vez impuso el 25% de español en toda la comunidad.
Según explica la presidenta de Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, el proceso es rápido, aunque es tajante en cuanto al éxito: «Nunca hemos perdido ningún juicio». Además, desde su asociación sin ánimo de lucro acompañan a los padres que aspiran a que sus hijos «estudien en bilingüismo».
Un proceso burocrático y judicial que puede ser largo
Lo primero que hacen es presentar una reclamación formal a través del propio centro o de los servicios territoriales de Educación de la Generalitat. Aunque tienen la obligación de responder en un plazo de dos meses, «la mayoría de veces esto se resuelve con un silencio administrativo».
Una vez se ha producido esta situación, los padres pueden ir directamente a interponer un recurso frente al TSJC, que suele dictar rápido medidas cautelares mientras resuelve el fondo de la cuestión, en menos de dos meses. «Da un plazo de dos meses al centro para que apliquen la ley, para que introduzcan los cambios y elijan la asignatura y material que se dará en castellano».
«La sentencia definitiva suele tardar más tiempo», aunque desde el año 2014 –momento en el que se constituyó AEB– todas se han ganado. El único problema hasta ahora era que los cambios solo se aplicaban en el grupo-clase del alumno que solicitaba el 25% de castellano, aunque es algo que desde 2018 AEB insiste en revertir.
«Estas sentencias se cumplen todas»
La entidad constitucionalista hace tres años que en sus denuncias también denuncia que los proyectos lingüísticos de los centros también son ilegales, puesto que la inmensa mayoría no incluyen al castellano salvo como una materia más en el currículum escolar. Una cifra que se eleva al 95% de colegios, según un estudio de la propia entidad constitucionalista.
«Estas sentencias ganadas en juicios se cumplen todas, porque los directores acatan lo que dice el tribunal. Son ellos y no el ministro o conseller de turno quien puede tener problemas si se esta sentencia se desacata», explica Losada. La entidad asesora de forma gratuita a los padres: «Somos personas con pocos medios que hacemos esto en nuestro tiempo libre».
Aunque no en todos los colegios es necesario abrir una vía judicial. Losada explica que en algunos centros concertados se han interesado por la situación del alumno, y han buscado fórmulas para aplicar más horas de castellano no solo al grupo-clase del alumno, sino a todo el centro: «Esto demuestra que si hay voluntad, las cosas se pueden hacer».
¿El fin de la inmersión en 2022?
El fin de la inmersión lingüística podría llegar para el curso 2022-2023, si el Tribunal Supremo dicta sentencia firme sobre la obligatoriedad de estudiar un 25% de las asignaturas en castellano. El TSJC hizo un dictamen demoledor para el sistema lingüístico catalán, al invalidar el modelo educativo de la Generalitat.
Lo hizo obviando la ley de educación –en aquel momento la LOMCE aprobada por el PP–, y amparándose directamente en la Constitución Española. La Generalitat se defendió alegando que la Ley Celaá invalidaría esta sentencia, y es algo que ahora tiene que decidir el Tribunal Supremo, que probablemente se avalará el 25% mínimo de castellano.
Aunque desde AEB celebran que es un gran paso, insisten en que todavía no han llegado al 50%: «Nosotros lo que queremos es bilingüismo». La asociación trabaja para que la escuela reconozca lo que es normal en las calles: una convivencia normal entre catalán y castellano, ambas lenguas oficiales en Cataluña.
