La traductora de Puigdemont: «No alteré las palabras de Llarena»
La traductora oficial de la demanda de Carles Puigdemont contra Pablo Llarena niega que alterara las palabras del juez
El juez Pablo Llarena, en una imagen de archivo. EFE/Cabalar
La traductora de la demanda de Carles Puigdemont contra Pablo Llarena ha dejado en evidencia al expresidente de la Generalitat. El abogado del exmandatario y coordinador de la defensa de los políticos presos, Gonzalo Boye, atribuyó el falseamiento de las palabras del juez que sustentan la querella a un supuesto error de traducción. Ahora la traductora oficial jurada desmonta su versión.
La profesional, Delia S.B, ha asegurado que fueron los abogados de Puigdemont quienes alteraron en la traducción al francés las palabras del magistrado en las que afirmó que en España no existen presos políticos y que los hechos imputados a los dirigentes soberanistas presos eran «comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal». «Con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que ha sido así, deben ser investigados», añadió el juez, pero en la querella presentada se modificó el condicional por la expresión «sí, así ha sucedido».
Según la traductora, la versión inicial de la querella no contenía la alteración de las palabras del magistrado. La traducción fue enviada a la firma de traductores para que certificara la traducción jurada al castellano y nofificarla así a España, que sostiene que el falseamiento de las palabras del juez se produjo en la versión definitiva de la demanda presentada en francés ante los tribunales de Bélgica.
Puigdemont basa en las afirmaciones falseadas la acusación a Llarena de vulnerar sus derechos a la presunción de inocencia y al honor. La traductora, sin embargo, se desmarca del supuesto error de traducción, y complica así el recorrido legal de la demanda del expresidente.
Llarena está citado a declarar el 4 de septiembre
La querella llevará al magistrado a declarar el próximo 4 de septiembre, donde contará con respaldo legal del Estado después de que la presión de las asociaciones de jueces y fiscales forzara al Gobierno a proporcionarle apoyo jurídico pese a su rechazo inicial por entender que las declaraciones del juez pertenecían al ámbito privado y no a su labor profesional.
La inicial falta de apoyo jurídico al juez Llarena por parte del Gobierno llevó al PP a presentar una moción para reprobar a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. Será el primer integrante del gobierno de Pedro Sánchez reprobado.
