La sociedad civil reclama a Mas la reforma de todo el sector público

El proceso político que vive la sociedad catalana, al margen del estatus jurídico que pueda adoptar Catalunya, como estado propio, federal o como comunidad autónoma, no puede dejar de lado la transformación “en profundidad” de la administración pública. La sociedad civil, agrupada en diferentes entidades que desean ese cambio en el aparato de la Generalitat, ha planteado al President Artur Mas un conjunto de medidas que incluyen la supresión de empresas públicas, y la sanción, incluso, de los funcionarios que se consideren “incompetentes”.

El Fórum de Entidades para la Reforma de la Administración (FERA) se reunió este martes con el President Mas y la consellera de Governació, Joana Ortega, para expresar ese malestar con la administración pública, dejando claro tanto lo que funciona como lo que debería modificarse.

¿Demasiados funcionarios?

El foro está formado por la Associació Catalana de Gestió Pública (ACGP); la Associació de Tècnics d’Administració de la Generalitat (ATAGEC); la Cambra de Comerç de Barcelona; Cecot; Esade; Col·legi d’Economistes de Catalunya; Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; Col·legi de Politòlegs de Catalunya y la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Una de las cuestiones que se dejan claras es que la administración pública en Catalunya no tiene ni un problema de “consideración”, ni de “dimensión” respecto al número de empleados, que está por debajo, en relación con la población activa, de la media de los países de la OCDE, de la zona euro, e, incluso, “del Reino Unido o de Estados Unidos”.

Sin embargo, para el conjunto de estas entidades, la Generalitat cuenta con un número de funcionarios “elevado”, para funciones que no debería contar con esa relación contractual. Es decir, se pide que haya “más profesionales contratados”, y menos funcionarios, considerando a todos ellos como “servidores públicos”.

El ‘olvido’ de Mas

El colectivo de asociaciones sí admite “un problema grave de financiación” de la Generalitat. Pero con los actuales mimbres, se reclama que la administración sea “más eficiente”. En el informe elaborado y entregado al Govern, se considera que “las administraciones catalanas no generan el valor público que podrían generar”.

Todas estas cuestiones, de hecho, las suscribe el propio Mas, quien, como candidato a la Generalitat en 2003, apostó por una reforma amplia de la administración, con la idea de que todos los departamentos trabajaran por “objetivos”, siguiendo modelos aplicados por gobiernos de estados como Oregón, en Estados Unidos.

Pero, una vez alcanzado el poder en 2010, Mas se enfrentó a una crisis económica que le llevó a dejar de lado, por completo, sus viejas aspiraciones. Aunque el problema estriba en cómo abordar una reforma que, necesariamente, comportaría resistencias internas considerables. Y, por ahora, Mas no desea entrar en ese terreno, pese a poner en marcha un plan de reducción de entidades públicas que no ha pisado el acelerador.

Cooperación con el sector privado

Las entidades que buscan esa reforma administrativa reclaman ahora suprimir niveles administrativos, con un liderazgo más acusado, dejando toda esa labor directamente a Presidència, y no, como ahora, bajo el manto de Governació.

Otra de las fórmulas que se proponen es una “cooperación” entre los actores públicos y privados; la elaboración de una nueva regulación “más ágil en la contratación pública y mejorar los procedimientos de adjudicación de subvenciones”. También se pide “equilibrar los criterios de calidad y de solvencia técnica y social en los concursos públicos, en relación con los criterios de carácter estrictamente económico”.

Sanciones

Y si se quiere prestigiar al “servidor público” hay que reconocer su labor, “sea en términos económicos, de carrera o simbólicos”, pero también hay que “aplicar las previsiones del procedimiento sancionador, especialmente a aquellos manifiestamente incompetentes o con escasa vocación de servicio y profesionalidad”.

El objetivo es lograr una administración que acompañe y ayude a la superación de la crisis económica, porque su peso en el PIB es determinante. En Catalunya es menor que en otros territorios, y alcanza el 30%, pero las administraciones públicas gestionan, en los países del entorno europeo, alrededor del 50% del PIB.